Acabo de leer un artículo de Andrés Trapiello, con el peor de los pronósticos sobre lo que (nos) espera en Cataluña, debido en buena parte a la omisión por el Gobierno central del ejercicio de sus obligaciones durante treinta años. Y es que la deslealtad constitucional de los nacional-separatistas catalanes, socavando los fundamentos de la educación integradora, permitiendo toda clase de desmanes históricos y dejando actuar a las instituciones autonómicas como soberanas de facto en asuntos vitales para el sentimiento de pertenencia a una comunidad, ha sido una gravísima responsabilidad de los gobernantes de Madrid, de uno u otro signo, que pagaban así los apoyos coyunturales que les permitían satisfacer su ambición de poder, sin importarles los costes que podían suponer para la conservación de un Estado -España- en el que muchos creemos por encima de la ocupación que de él hicieron los squatters del franquismo.
Así nos va. A este paso los nacional-separatistas declararán la independencia de Cataluña y el Gobierno del PP no sabrá qué hacer. Todo en ese proceso está viciado: las libertades individuales pisoteadas en nombre de una causa colectiva, las garantías legales desdeñadas, el procedimiento instrumentalizado por pícaros y truhanes. Si Yahvé escogió al pueblo judío y le dio un título bíblico que permite ahora a los gobiernos de Israel expulsar de sus hogares y destruir las casas de los palestinos en Judea y Samaria, cabe suponer que algún Dios salido de otro Olimpo se ha aparecido a a los señores de Junts Pel Sí y de la CUP otorgándoles un título divino para hacer de Cataluña su tierra prometida, lanzando extramuros a los gentiles y a quienes se asocian con ellos.
No deja de ser curioso que aplicando las leyes de empadronamiento cualquier hijo de vecino de Murcia, Badajoz o Alcázar de San Juan pueda convertirse en catalán con ‘derecho a decidir’ mediante un simple traslado de residencia al territorio consagrado y que catalanes con ocho apellidos residentes fuera de él se vean privados de ese mismo derecho. Yendo más allá, el despojo se extiende a los demás ciudadanos en punto que concierne a todos. Al apostatar del marco constitucional que legitima sus competencias, las instituciones catalanas y quienes las representan se transforman en actores revolucionarios. Sin traspasar el umbral de la violencia física, no dejan de practicar la violencia psicológica y social y, desde luego, viven inmersos desde hace tiempo en la violencia de las leyes que incumplen sistemática y dolosamente, haciendo con el estado de derecho pajaritas de papel. Asistiremos impotentes al esperpento.
Espacio federalista, 4 de marzo de 2017.-
