Estamos ante una sedición pura y dura, cuyo resultado es una movilización de masas frente al Estado, paso previo a la independencia unilateral
La desobediencia abierta de la Generalitat inaugura una nueva etapa en la crisis. Lo que hasta ahora era un proceso anticonstitucional de secesión, se convierte en una actitud declarada de sedición, esto es, de incitación a oponerse por todos los medios a las disposiciones del poder judicial con el propósito de imponer la independencia de Catalunya. La Generalitat ha roto la baraja, contando con el supuesto de que el Gobierno carece de medios, y posiblemente también de voluntad, por los costes que ello implicaría, para imponer el orden legal y evitar «el proceso participativo», léase consulta, léase referéndum de autodeterminación. Es lo que ha venido ocurriendo desde el principio, cuando Mas se montó en la oleada del 11-S de 2012 para actuar como si en vez de ser un órgano sometido a la Constitución, la Generalitat estuviera legitimada para asumir un poder constituyente, por nadie conferido,
Este último episodio aclara que de poco hubiera servido que Mariano Rajoy atendiese a las voces que desde entonces le conminaban a plantear la cuestión en términos de «diálogo» y no de «constitucionalidad». Para Mas y sus socios, el único diálogo válido consistía en que el Estado se olvidase de la Constitución de 1978 y diera vía libre al referéndum de autodeterminación, sin eufemismos. Hubo una situación similar, cuando en las ‘happy hours’ de ETA, voces parecidas decretaban el fracaso de la vía policial e insistían en «el diálogo» con el terror; no les interesaba saber que ETA únicamente hubiese admitido «dialogar» para que sus pretensiones se ratificaran al cien por cien. Igual que luego Mas.
Los hechos han venido a ratificar el pronóstico que expresara en octubre de 2012, en carta dirigida a amigos de partidos constitucionales: «La ausencia de una legitimidad sustentada en la democracia representativa es lo que explica el camino emprendido por el president, marginando deliberadamente y a las claras los cauces constitucionales, salvo cuando estos pueden servirle de plataforma. Intérprete único de la voluntad de Catalunya, Mas ya se ha separado de España. La movilización impulsada desde el poder, a favor del éxito de la Diada, se orienta a forzar –sin resistencia alguna– la homogeneización de la opinión pública catalana de cara a ese acto puntual, la consulta/referéndum que hay que ganar por encima de todo. La decisión de Mas, el salvador autodesignado que actúa por encima de la ley, no tiene que respetar norma alguna». Así ha sido, con una actuación política que en momentos de dificultad, como la reciente suspensión de la consulta, se movió de acuerdo con un fraude de ley tan espectacular, que solo cabe calificar de trampa permanente para, en sus propias palabras, «engañar al Estado».
Engaño al Estado y engaño a los propios catalanes. Importa subrayar que en todo el trayecto recorrido desde el 11-S de 2012, cuando el porcentaje de favorables y contrarios a la independencia estaba equilibrado, Mas ha ignorado siempre a quienes de un modo u otro siguen optando por la inclusión en España. En los preparativos de la consulta, ni siquiera ha pensado que solo un gobernante autoritario podría plantearla como momento de decisión por la independencia sin garantizar voz desde la institución y sus medios a las opciones opuestas. Lo que el Estado hiciera o dijera no entraba aquí. Como líder de CiU era lícito que se lanzase a la propaganda de masas; como presidente de Cataluña, por el Estatuto y la Constitución, no, al convertir la gestión de gobierno en un ejercicio permanente de manipulación. Mas no sabe o no quiere saber que la democracia es un procedimiento para alcanzar decisiones políticas por parte de un colectivo; no el resultado de que triunfen las propias opciones sin atender a norma legal alguna, como va a suceder el 9-N.
El mejor ejemplo es la presentación de un recurso a última hora ante ese mismo poder judicial, al que negará unas horas después cuando decida en su contra. Todo ello, en una atmósfera social totalista, de presión horizontal sobre el discrepante, según acaba de mostrar la petición de los universitarios de Gerona contra la jueza del TC que votó la suspensión, con Mas neutral: a eso se le llama deriva totalitaria, y como sabemos desde los años 30, por esa siniestra vía es posible, demasiado posible, vencer. Otra cosa es aprobar la táctica seguida por Rajoy.
El dontancredismo no sirve en política. Cierto que el PSOE va dando vaivenes, forzado por el PSC, pero en cualquier caso hubiera sido útil abrir una negociación sobre la reforma del Estado, a partir de la cual los socialistas, con su proyecto federal, dejaran de ser el alma de Garibay, a medio camino entre cielo e infierno. Hoy la indeseable respuesta dura, por ejemplo, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, resultaría bloqueada por no bastar los votos del PP en el Senado para la mayoría absoluta.
Rajoy no hizo el menor esfuerzo para explicar la postura constitucionalista. ¡Mira que era fácil reforzarla con el argumento de que la doble pregunta de la consulta, impidiendo votar contra la independencia a quienes no estuviesen por un Estado catalán en la primera, hacía del voto una farsa! Y ‘last but not least’ (por último, pero no menos importante), sometida a una propaganda obsesiva, la opinión pública visible en Cataluña está por la independencia. Pequeño detalle que se ha escapado a la Moncloa.
Lo que estuvo y está en peligro es la democracia, antes que la independencia. Mas y los suyos han jugado solos, dispuestos a poner sobre la mesa una interpretación torticera de los términos y las normas, con continuos encubrimientos. Estamos así ante una sedición pura y dura, cuyo resultado es una movilización de masas frente al Estado, paso previo a la independencia unilateral. Aquí no hay equidistancias: el Gobierno ha de defender el orden constitucional. Pero cómo, si lógicamente excluimos el recurso a la fuerza.
ANTONIO ELORZA, EL CORREO – 08/11/14
