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Declaración de Federalistes d’Esquerres

Este domingo culmina una fase desafortunada en la gestión de las diversas voluntades de cambio que conviven en la sociedad catalana. El gobierno de Artur Mas ha utilizado las instituciones autonómicas y democráticas por las que varias generaciones de catalanes, incluidos millones venidos de toda España, han luchado, para promover con descarado partidismo una opción que sólo es de una parte de la sociedad. Hoy Cataluña está más dividida, goza de menor calidad democrática y está más lejos de mejorar en su bienestar colectivo.

Se ha intentado imponer desde el principio una forma de decidir, incluyendo la pregunta y la fecha, con reglas fijadas unilateralmente por los defensores de sólo una de las posibles soluciones que se pueden plantear a los problemas de Cataluña. Y se ha hecho con formas inquietantes, que incluyen elementos de intolerancia y de ocupación abusiva del espacio y de las instituciones que son de todos. El proceso llamado “de participación ciudadana” finalmente en marcha, y que culminará el día 9 de noviembre, no constituye un proceso abierto de expresión de la opinión de los ciudadanos de Cataluña, ni siquiera en los términos previstos en la Ley de Consultas No referendarias. Y no solo por su suspensión, acordada dos veces por el Tribunal Constitucional, sino por las propias características del proceso que estamos viviendo.

El Gobierno catalán no está respetando en absoluto los principios que deberían presidir ese proceso: neutralidad institucional, primacía del interés colectivo, pluralismo, igualdad y no discriminación. La “actuación institucional” del Gobierno los incumple abiertamente. Basta constatar la propaganda, en forma de anuncios publicitarios, publicada en todos los medios; o las cuñas publicitarias en los medios audiovisuales; o los folletos remitidos por correo; o los carteles anunciando la dirección del “colegio electoral” correspondiente; o tanta otra publicidad. Publicidad además costeada con fondos públicos, procedentes de todos los catalanes, incluidos los que rechazamos el objetivo del proceso que no es otro sino la secesión de Catalunya. En cambio, ¿de qué espacios públicos gratuitos dispone el sector de la ciudadanía que rechaza una consulta anticonstitucional y un proceso, como el presente, arbitrario e ilegal?

La actuación que pretende culminar el 9N presenta carencias gravísimas en un Estado de Derecho, gravedad acentuada porque el responsable de dicha actuación es un Gobierno elegido democráticamente y obligado, sin reserva alguna, a respetar la legalidad democrática en el marco de la cual actúa. Indica el Estatut en vigor que “la Generalitat es Estado”, lo que la obliga a una “lealtad institucional”, que hace tiempo se está quebrantando con la consiguiente violación de sus deberes estatutarios.

Ni siquiera se puede decir que el proceso en curso respete las propias normas que regulan su actuación. En la medida en que el proceso tiene su origen en una actuación institucional del Gobierno, la cuestión capital es cómo no se ha formalizado dicha iniciativa en un acto administrativo – el que sea- en los términos exigidos por la Ley 26/2010, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de la Generalitat. ¿Se levantó Acta del acuerdo del Gobierno decidiendo impulsar este proceso?¿Por qué, tal como está ordenado, no se ha publicado en el DOGC, sustituyéndose por una cadena de actos publicitarios? Porque la consecuencia de la vulneración de dichas obligaciones, comunes a cualquier Poder Ejecutivo, es que se niegan al ciudadano derechos fundamentales, entre otros, ante la ausencia de publicación del Acuerdo, el de obtener “una información veraz y de calidad”.

Todo ello describe un cuadro, que parece corresponder a tiempos dictatoriales, en el que el Gobierno no ha obrado de conformidad con la Ley, es decir, con “buena fe”, con “lealtad” y con “imparcialidad”. Y dichas carencias no pueden subsanarse con la estratagema de adoptar el Acuerdo que convoque la participación ciudadana en fechas inmediatas al 9N. Lo impide, además de la “buena fe” a la que el President está obligado, la disposición del Art. 48.1 de la Ley de consultas. Precepto que ordena que ante una convocatoria como la presente,”se debe establecer un plazo para que las personas que pueden participar puedan efectuar sus aportaciones y propuestas”. Derecho ciudadano una vez más vulnerado, dado que la brevedad del plazo entre la convocatoria y la emisión de la opinión lo haría totalmente inviable.

Y, por si alguien tiene alguna duda, es mas que evidente que el 9N no es un proceso electoral- están ausentes todos los requisitos legales del mismo, particularmente el Censo y una Administración electoral independiente-. Es un modo de saber qué opinan los catalanes sobre la ruptura de Catalunya con España, a través de un procedimiento plagado de ilegalidades y desacreditado por su parcialidad y el descarado dominio sobre el mismo de organizaciones “cívicas” partidistas, lo que aumenta el descrédito de la convocatoria y la necesidad de denunciar que no se trata más que de una expresión de los intereses partidistas de quienes han convocado una jornada que, desde cualquier vertiente que se examine, es incompatible con las exigencias de un Estado Democrático de Derecho.

En estos términos, el acto del día 9 no será sino un recuento de parte e imperfecto de los partidarios de las fuerzas que promueven la independencia de Catalunya. La cerrazón del gobierno Rajoy y el partidismo desaforado del gobierno Mas han frustrado nuevamente la oportunidad de un debate abierto público e informado, y la expresión de las preferencias de los ciudadanos. Deseamos que el día 9 reine la convivencia y la tolerancia, incluyendo el respeto a quienes no nos sumaremos a un festival independentista.

A partir del día 10, será aun más necesario empezar a trabajar en serio para asegurar el avance hacia un acuerdo amplio por una mejor arquitectura institucional federal para España y Europa en el siglo XXI, hacia un mayor rigor democrático y un progreso efectivo que ponga por encima de todo la mejora del bienestar de toda la sociedad, el autogobierno de Cataluña y la regeneración democrática.

Barcelona, 8 de noviembre de 2014

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