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Si el catalán, el euskera y el gallego se convirtieran en lenguas oficiales del estado ¿conseguiríamos la paz lingüística? El diplomático español Juan Claudio de Ramón cree que sí. Destinado desde 2011 en la Embajada de Ottawa, en Canadá, es una de las voces que se ha alzado recientemente para pedir una ley de lenguas en España que solucione los conflictos que genera la ambigüedad normativa. Madrileño de nacimiento y casado con una catalana de Barcelona, él mismo vive la cooficialidad en el seno de su propia familia. Esto, y el hecho de haberse familiarizado con una sociedad como la canadiense, aquejada de problemas lingüísticos parecidos a los de España, le ha llevado a reflexionar sobre una cuestión que, a su juicio, requeriría formas de arreglo consensuado que son cada vez más urgentes de abordar

 

B.S. En artículos recientes usted ha planteado la necesidad de que España se dote de una ley de lenguas oficiales. ¿Por qué España, y también Cataluña, necesitan una ley de este tipo?
J.C.R. Es que lo extraño, y significativo, es que no tengamos una Ley de Lenguas Oficiales en España, dado el alto grado de conflictividad que el tema comporta. Porque el conflicto existe. Precisamente porque no tenemos esa ley, los tribunales se ven obligados a suplirla con su jurisprudencia, como hemos visto recientemente con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Las sentencias son a la fuerza alambicadas, al tener que conciliar derechos ciudadanos con leyes autonómicas. Nuestros políticos, muy duchos en crearnos problemas de convivencia, son incapaces de idear soluciones o arreglos razonables. Me entristece, porque estoy convencido de que la disputa de lenguas es el principal corrosivo de nuestra convivencia.

B.S. ¿Qué debería plantear una ley de lenguas en España?
J.C.R. Básicamente la ley debería hacer dos cosas: pagar tributo a la pluralidad lingüística de España elevando a rango de lengua oficial del Estado las cuatro lenguas principales de nuestro país, y al mismo tiempo establecer derechos de los usuarios y obligaciones de las administraciones. Yo creo que en materia lingüística los derechos son de los usuarios y las obligaciones de las administraciones.

B.S. ¿Qué implicaría la existencia de varias lenguas oficiales en España? ¿Cómo se lleva a la práctica una ley así sin obligar, por ejemplo, a los funcionarios a hablar todas las lenguas, algo que resultaría difícil de implementar?
J.C.R. Seguramente, por ser la lengua más extendida, el castellano seguiría siendo el principal conductor de la actividad oficial en el día a día. No hace falta que todos los funcionarios hablen las cuatro lenguas, pero sí que en cada organismo estatal, sobre todo los que funcionan de cara al público, haya al menos alguien capaz de atender en vasco, catalán o gallego. Más sencillo es que los impresos y formularios estén en las cuatro lenguas, y así también las páginas web. De manera tímida, algunas cosas ya son así. El BOE, escrito en español, está disponible en las otras tres lenguas. Ahí ya hay una cooficialidad implícita. Los DNI, las partidas de nacimiento y los Libros de Familia son bilingües. ¿Por qué no el resto de documentos? Los páginas web también se traducen pero de manera deficiente. Habría que ser riguroso y sistemático. También debería ser posible comunicarse con los tribunales estatales en la lengua oficial de preferencia. La rotulación de los aeropuertos o las guías de los monumentos emblemáticos fácilmente podrían ser cuatrilingües. En mi idea, una ley de lenguas promocionaría el conocimiento de todas las lenguas en todo el territorio; así, obligaría a las comunidades autónomas a poner los medios para poder estudiar en todas las lenguas en cualquier región de España. Por ejemplo, en Sevilla o Zaragoza, como capitales, tendría que haber al menos un colegio con oferta en catalán. Y en La Rioja uno en vasco, y en León uno en gallego. No es preciso que cada rincón de la administración sea cuatrilingüe, porque, además, ni el más acérrimo nacionalista lo exigiría.

Una ley de lenguas promocionaría el conocimiento de todas las lenguas, obligaría a las comunidades autónomas a poner los medios para poder estudiar en las cuatro lenguas en cualquier región de España. La cooficialidad en todo el Estado facilitaría también la oficialidad en la Unión Europea

B.S. ¿Qué sería asumible por parte de España para hacer visible la cooficialidad de lenguas en todo el territorio?
J.C.R. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Empezando por gestos de buena educación: no todos los ministros deben hablar en varias lenguas, pero sí introducirlas en sus actos y discursos oficiales, o por lo menos, saber pronunciar el apellido de sus interlocutores. El Rey y el Príncipe sí podrían aspirar a hablar en las cuatro; tienen tiempo para aprender y practicar. No sé si el Príncipe habla catalán; al menos parece que lo lee bien en sus discursos. TVE debería tener, no ya un circuito, sino una canal entero generalista en cada una de las lenguas. En Eurovisión se puede y se debe cantar en gallego, vasco o catalán. En el Congreso se debería poder hablar en cualquier lengua oficial, como ya se hace en el Senado. Estoy seguro de que se impondría una costumbre de usar el castellano, pero debe ser eso, una costumbre y no una obligación reglamentaria.  Además, la cooficialidad en todo el Estado facilitaría la oficialidad en la Unión Europea.

B.S. ¿Se ha avanzado en este plano desde la restauración de la democracia?
J.C.R. No creo que puedan ponerse en duda los avances. Durante la dictadura las lenguas distintas del castellano fueron confinadas al reducto familiar y hostigadas por las instituciones, en grado diverso, según las etapas que atravesó el régimen. Había cuestiones que más que avances, eran de justicia elemental: cambiar las leyes registrales para permitir la inscripción de nombres en lenguas vernáculas, o recuperar toponimias tradicionales. Los Premios Nacionales, dotados por el Ministerio de Cultura, han distinguido la obra de autores en catalán, vasco y gallego. Joan Margarit, Kirmen Uribe o Suso del Toro no son los únicos ejemplos. Lo más importante, sin embargo, ha sido la recuperación de la educación en esas lenguas, obrada por las comunidades autónomas y, a mi juicio, primordial.

B.S. ¿Qué queda por hacer?
J.C.R. Mucho. Pero antes hay que aclarar que se hace más de lo que parece. Los catalanes han de saber que las industrias culturales en catalán reciben parte de su financiación del gobierno central. Contra lo que se pregona, en el Instituto Cervantes se da cabida a otras lenguas españolas. No hace mucho hubo un homenaje a Mercé Rodoreda en los Cervantes de medio mundo y, cuando uno entra en la biblioteca de la sede de Nueva York, lo primero que ve son textos en catalán de la novelista Montserrat Roig. Aquí en Canadá, donde estoy destinado, organizamos un festival de cine en varias ciudades, y procuramos que siempre haya una película en catalán entre las cinco que proyectamos. Esto puede parecer poco, pero desde luego desmiente el argumento de aquí hay un Estado que promueve un genocidio cultural. Es mentira y es una afrenta. Entre lo que queda por mejorar está la administración de la justicia, donde el catalán, el vasco y el gallego siguen siendo minoritarias. Lo más deseable sería obrar una reforma de la mentalidad en las zonas castellanohablantes, para que la gente conozca y se sienta interesada por las otras lenguas españolas. Yo no veo hostilidad pero sí indiferencia. Los castellanohablantes vivimos un poco extasiados con las cifras de la demolingüística del español y eso nos hace un poco insensibles a otras realidades. Yo mismo, que creo ser una persona de intereses amplios, viví durante mucho tiempo de espaldas a la realidad de una lengua hablada en el Estado por casi once millones de personas, que no es ninguna broma. Y eso es también mi país y yo lo quiero conocer. Ahora bien, debo decir que en Madrid siempre ha habido una élite culta interesada por la literatura y la lengua catalanas.

España no es un caso singular. En el mundo existen 6000 lenguas y menos de 200 Estados. En la mayoría de los casos la convivencia entre lenguas plantea problemas. Aunque un nacionalista no  lo crea, España no es el país, ni del mundo ni de Europa, que más ha maltratado su diversidad lingüística, aunque todavía tenemos mucho por hacer

B.S. ¿Qué diría a los que replicasen que su idea es buena, pero irrealizable por costosa y aparatosa?
J.C.R. Les diría que también es costoso y aparatoso organizar una votación simultánea para treinta y cinco millones de personas cada cuatro años y lo hacemos. En realidad, el Estado realiza todos los días proezas técnicas. Y sobre el coste sólo puedo decir que todo lo caro que resulte será barato si consigue engrasar las relaciones entre españoles y reforzar la unidad del Estado mediante el establecimiento de una relación de cortesía y respeto entre administración y administrado. Es el precio de una mejor España y todos tenemos en mente gastos mucho más inútiles que han sido norma en época reciente. Con buena fe y aprendiendo de las mejores prácticas de países con situación parecida a la nuestra se puede hacer. A veces decimos que algo es imposible cuando lo que queremos decir es que es inconcebible. En cuanto lo concibes empieza a ser posible. Es evidente que desde el punto de vista de la mera racionalidad administrativa sería más ágil, eficiente y barato usar y promover una sola lengua. Pero el Estado no es sólo un organizador racional. También satisface necesidades de orden simbólico. La política no se hace con sentimientos, pero ha de hacerse cargo de los sentimientos, porque los sentimientos importan. Y en esa materia hay una cierta pluralidad irreductible. La cooficialidad se impone porque el Estado se hace cargo del apego que muchos de sus ciudadanos sienten por su lengua, y si ese hacerse cargo nos hace un poco más ineficientes no pasa nada.

B.S. Usted es diplomático actualmente en Canadá, ¿Tenemos mucho que aprender de cómo se ha manejado allí la cooficialidad del inglés y del francés?¿O cómo lo hace Suiza, por ejemplo?¿Qué deberíamos aprender de todas estas experiencias?
J.C.R. En primer lugar, de otros países podemos aprender que España no es un caso singular. En el mundo existen 6000 lenguas y menos de 200 Estados. En la mayoría de los casos la convivencia entre lenguas plantea problemas, e incluso allí donde la cuestión se ha pacificado, ha sido tras un largo periodo de acritud y frustración. Incluso en la civilizada Unión Europa hay pocos países que no tengan problemas de este tipo. Es fácil hablar de Suiza como ejemplo positivo, pero Suiza es un país muy peculiar; son más frecuentes los ejemplos negativos. En Francia, de las lenguas regionales, catalán incluido, no quedan ni las raspas. De modo que una primera lección es que, aunque un nacionalista no se lo crea, España no es el país, ni del mundo, ni de Europa, que más ha maltratado su diversidad lingüística, lo que no quiere decir que sea un ejemplo positivo, que no lo es. Canadá sí es un buen ejemplo. El país nace en 1867, y la Ley de Lenguas Oficiales es de 1969, es decir que pasan más de cien años hasta que se consagra la realidad bilingüe del país. Y todavía hay polémicas de cuando en cuando que encrespan los ánimos. Ni la más razonable de las leyes impide que haya roces, porque los seres humanos somos complicados, sociables insociables que diría Kant.

B.S. ¿Cómo se manifiesta en la práctica en Canadá la cooficialidad del inglés y el francés?
J.C.R.  Todo lo que es administración federal ha de estar en ambos idiomas, desde las tarjetas de visita hasta los discursos. Luego cada una de las diez provincias –el equivalente a una comunidad autónoma– decide su régimen lingüístico. En Nueva Brunswick se reproduce el modelo central y la administración es bilingüe. Pero en Alberta la única lengua oficial es el inglés y en Quebec la única lengua oficial es el francés. Por cierto que en Quebec pasa una cosa curiosa desde el punto de vista catalán, y es que, siendo el francés la única lengua oficial, los anglófonos, que rondan un 10% de la población, tienen derecho, con pocas restricciones, a una enseñanza en inglés; justo lo contrario que en Cataluña, donde de una manera un tanto hipócrita, a mi entender, se hace cooficial el castellano, pero luego se lo expulsa del sistema como lengua de enseñanza, en cualquier medida. Eso llamaría mucho la atención en Canadá y sería considerado, con toda probabilidad, inconstitucional. Un segundo rasgo a tener en cuenta es que en Canadá el Estado es bilingüe pero la sociedad no. Menos de un 20% dice poder tener una conversación en las dos lenguas. En Quebec ese porcentaje ronda el 40%, y en Nueva Brunswick, cuya administración es ejemplarmente bilingüe, el 35%. El ideal de una sociedad completamente bilingüe se da ya por irrealizable. En el fondo, no se puede obligar a la gente a ser bilingüe, como no se la puede obligar a ser culta. Es una opción personal que el Estado favorece pero no impone. Lo contrario sería caer en el perfeccionismo estatal, que no cabe en sociedades liberales. Como decía antes, los derechos para los usuarios, las obligaciones para las administraciones. En todo caso, hay que tener en cuenta que inglés y francés son lenguas bastantes disímiles, lo que nos aleja del caso español y catalán.

En Canadá el actual sistema de inmersión lingüística de Cataluña sería probablemente inconstitucional, ya que se garantiza el derecho de los ciudadanos a educar a sus hijos en su lengua materna o en la lengua en que sus padres recibieron su instrucción. En Quebec, los anglófonos, que rondan un 10% de la población, tienen derecho, a una enseñanza en inglés

B.S. ¿Por qué sería considerado inconstitucional el actual sistema de inmersión lingüística de Cataluña en Canadá?
J.C.R. No lo puedo asegurar, porque no soy juez canadiense, pero me temo que sería así. La Constitución de 1982, establece, dentro de la Carta de Derechos Fundamentales, en el artículo 23, el derecho de los ciudadanos canadienses a poder educar a sus niños en su lengua materna o en la lengua en la que los padres recibieron su instrucción. (En el entendido de que esa lengua es el francés o el inglés). Esa Carta fue un empeño del gran federalista Pierre Trudeau, que aseguraba los derechos lingüísticos tanto de las minorías francófonas en Canadá como de las minorías anglófonas en Quebec. Y  aunque la educación en Canadá es enteramente una competencia provincial, los nacionalistas no han podido rebasar ese límite marcado por la Constitución. Es verdad, como dice Albert Branchadell, que en los Estados federales la educación suele ser competencia exclusiva de los entes federados, pero siempre respetando el límite de los derechos fundamentales interpretados por el tribunal constitucional o corte suprema. El federalismo no crea zonas de excepción ni blinda competencias, y tampoco es ese su espíritu.

B.S. Usted plantea que para conseguir un equilibro en este tema, las comunidades con lengua propia deberían abandonar sus posiciones maximalistas. ¿En qué consiste esto? ¿En fijar un % de clases en castellano?
J.C.R. Me gustaría aclarar que yo esto no lo planteo como un problema de cesiones mutuas ni de equidistancias. Yo creo que ambas reformas, la de ámbito estatal y la de ámbito catalán, son justas y necesarias en sí mismas. En Cataluña, lo primero es reconocer que existe un conflicto. Hay padres –yo mismo, que no soy catalán pero tengo una hija catalana– que querrían para sus hijos una escolarización en castellano, aunque fuera parcial y de manera conjunta con el catalán, y no obtienen satisfacción en ese deseo. No sólo no lo obtienen, sino que son estigmatizados por su propio gobierno, lo que es intolerable. Es injusto atacar a esos padres diciendo que no quieren que sus hijos aprendan catalán, porque lo que quieren es que aprendan bien las dos lenguas. Ignoro si esos padres son una mayoría o una minoría, pero el número de votantes de partidos contrarios a la inmersión lingüística obligatoria indica que la minoría no es tan exigua como se pretende. Y en todo caso, en una sociedad liberal, las minorías tienen derechos. De manera que partimos de una situación llamativa, y es que en una sociedad que dice enorgullecerse de su bilingüismo, y donde el castellano es, supuestamente, lengua oficial, está excluido como lengua de enseñanza. Algo no cuadra. Y tan raro es, que yo no conozco ningún país, provincia o territorio dotado de autogobierno donde una lengua oficial (en el caso de Cataluña, el castellano) que no sea asimismo una lengua de enseñanza.

B.S. La Generalitat asegura que garantiza el aprendizaje del castellano…
J.C.R. Esa frase requiere mucho matiz. Porque en cualquier caso, de ser cierta, el aprendizaje del castellano no lo garantizaría el modelo, sino el modelo auxiliado por la televisión, la calle o la familia. Aprender castellano no sería el mérito de una política educativa, sino algo que se ha externalizado. Pero es que a los padres no se les puede decir, vuestro hijo que aprenda el español en la calle. Porque, además, aquí hay que afinar con las palabras, porque lo que el padre quiere no es que aprenda el castellano, o conozca el castellano, sino que lo domine, y el dominio, esa relación de inmediatez con una lengua y de gusto por su acervo, sólo lo puede dar la vehicularidad. El padre quiere que su hijo domine el idioma, y ese deseo es completamente razonable, y ya vemos que aquí, en Canadá, es un derecho constitucional reconocido y respetado. Insisto, lo que pasa en Cataluña no se da en ningún otro sitio que yo conozca. Y lo absurdo del sistema lo revelan sus paradojas: ¿Cómo explicar que sea más sencillo estudiar en castellano en Alberta, Canadá, donde hay veintidós colegios bilingües inglés-español, que en Barcelona, hasta no hace mucho la capital cultural del mundo hispanoamericano? ¿Cómo explicar la mayor facilidad que se tendría para estudiar en español en una Cataluña independiente que en una Cataluña española? Porque el nuevo estado no negaría al Estado español, con el que se quiere tener una vecindad amistosa, las mismas facilidades que tienen el gobierno francés, italiano, alemán o japonés, para la apertura de colegios de su red pública en territorio catalán. Bueno, este conjunto de inconsistencias se explica, asumiendo que la finalidad del modelo vigente, basado en una inmersión obligatoria y total, no es pedagógica, sino política.

Me resulta incomprensible la posición del PSC y de ICV. Cuando se les oye decir cosas como “un pueblo, una lengua” es muy difícil creer que no se trate de partidos nacionalistas. Tengo la esperanza de que, al menos el PSC, reaccione derribando el tótem de la inmersión monolítica y obligatoria. No hay proyecto federal que pueda funcionar si no hace suya la defensa del acervo común y nada hay más común en España que el castellano

B.S. ¿No era pedagógica al menos en el principio?
J.C.R. No niego que en el pasado la finalidad sí fuera pedagógica. El catalán era una lengua minoritaria y minorizada, era necesario rehabilitarla y se optó por ese modelo. Pero ese objetivo ya está conseguido. No hay ningún catalán de mi generación que no sepa hablar catalán. Los que denuncian la inmersión, como Albert Rivera, lo hacen en catalán. He escuchado con atención todas las razones que se aducen en defensa del modelo actual, y con toda la honestidad intelectual de la que soy capaz, creo que no se sostienen: se dice, por ejemplo, que el sistema se aplica con éxito y sin conflicto desde hace 35. No es verdad. El sistema no ha sido el mismo en los últimos 35 años, ha ido de más flexible a más intransigente. El conflicto existe, porque hay catalanes que quieren para sus hijos una educación en las dos lenguas y pelean por ello en los tribunales. Y no es un sistema de éxito porque los resultados académicos son mediocres. Se dice también que introducir el castellano segregaría al alumnado: tampoco es cierto: segrega las materias, tantas en una lengua, tantas en otra. El TC ha dicho mil veces que es legítimo que el catalán sea el centro de gravedad, pero no al precio de reducir el castellano a la extranjería. Tampoco es cierto que el sistema garantice el dominio de los dos idiomas; el conocimiento tal vez, el domino no. No hay pruebas homologables en todo el Estado que permitan verificar este punto. Y por supuesto el sistema no tiene aval internacional alguno. Aquí es muy recomendable el libro de Mercé Vilarrubias, “Sumar y no restar” una profesora de Sabadell de lengua materna catalana que refuta el oficialismo con contundencia. El estrambote es que el establishment catalán pague para sus hijos la educación bilingüe o trilingüe que niega al conjunto de la sociedad. Pues miren, mi hija es catalana, en mi casa se hablan catalán y castellano, y quiero esa educación bilingüe para mi hija; no voy a aceptar que nadie me llame anticatalán o maltratador de niños (Muriel Casals dixit) por eso.

B.S. Pero los catalanes viven con naturalidad el bilingüismo en su vida diaria.
J.C.R. Claro. Es otra de las paradojas. La sociedad catalana es, por regla general, muy considerada, y por deferencia se cambia al castellano en presencia de alguien que no maneja bien el catalán. Eso es muy estimable y de agradecer, porque no tendrían obligación. Es esta cortesía la que hace que muchos despistados de Madrid vengan y digan “¡pero si aquí no pasa nada!” Claro que pasa algo: hay legítimas aspiraciones insatisfechas y hay estigmatización institucionalizada. El gobierno catalán se sirve de la amabilidad de los catalanes para tapar una política intransigente y poco amable. Es curiosa la manera que a veces tenemos los ciudadanos de delegar lo peor de nosotros en nuestros representantes.

B.S.¿Cuál podría ser la fórmula para equilibrar el aprendizaje del castellano y de las lenguas propias en España? ¿Qué opina de la reciente resolución del TSJC de fijar un 25% de clases en castellano en algunos colegios catalanes?
J.C.R. Bastaría que algunas asignaturas troncales se dieran en castellano, aunque no llegaran al 50%. Estoy convencido de que con esa medida, tan sencilla y factible, todas las discusiones se sosegarían. No consigo que nadie me explique qué tremendo perjuicio traería eso al catalán. Los tribunales, que en ausencia de ley se ven obligados a arbitrar soluciones en equidad, hasta ahora dejaban a la Generalitat fijar el porcentaje de clases en español. Ahora, hartos del ninguneo, se atreven a fijar ellos mismos el porcentaje. Una ley como la que propongo lo resolvería. Un 25% es razonable y negarse a eso es fanatismo. No aconsejo a los nacionalistas catalanes ir a la ONU o a Bruselas y decir “los malvados españoles quieren acabar con el catalán imponiendo en nuestros colegios un 25% de las clases en español”. Mejor que no lo hagan, porque cualquier tercero imparcial y sereno, que a lo mejor viene de un país verdaderamente oprimido, pensaría que está en presencia de un frívolo o un histrión.

B.S. En el tema de la lengua, ¿debería también haber un cambio de actitud de parte de todas las fuerzas políticas? ¿No cree que se está usando este tema como un arma política en vez de asumirlo en la dimensión que realmente juegan, o deberían jugar, las lenguas en una sociedad plural y democrática?
J.C.R. Yo creo que los partidarios institucionales de la inmersión están en la fase cínica: saben que sus razones son falsas o semifalsas o ideológicas, pero se aferran a ellas porque la inmersión obligatoria está vinculada al relato que legitima su política de confrontación. Sería tremendo para ellos decir, ahora, “vale, estamos exagerando un poco, y si introducimos una asignatura en castellano, Cataluña no se parte y mejorará el ambiente”. Lo que resulta incomprensible es la posición del PSC, tampoco la de ICV. Cuando se les oye decir cosas como “un pueblo, una lengua” es muy difícil creer que no se trate de partidos nacionalistas. Tengo la esperanza de que, al menos el PSC, reaccione: el camino de regreso del nacionalismo para el PSC pasa por derribar el tótem de la inmersión monolítica y obligatoria. Será duro, pero será liberador. Es más, el federalismo que propone no tiene ningún viso de prosperar si no lo hace. No sólo porque la intransigencia lingüística les resta apoyos y simpatías en el resto de España, sino porque no hay proyecto federal que pueda funcionar si no hace suya la defensa del acervo común, lo puesto en común, y nada hay más común en España que el castellano, una lengua que en el siglo X unos monjes vascos van anotando en forma de glosa a un códice latino y que la élite catalana ya conocía mucho antes de 1714. Lo común es tan valioso como lo propio, y el federalismo es un elegante y veraz compromiso entre ambos.

La pregunta útil que un catalán debe hacerse es: ¿qué es para mí el castellano?… ¿lengua propia o impropia?¿co-propia? ¿lengua extranjera?¿puedo considerar que el castellano es parte de mi patrimonio cultural y afectivo? Creo que es necesario que los catalanes contesten sinceramente a estas cuestiones

B.S. ¿Qué recepción tuvo su artículo en el diario El País proponiendo una ley de lenguas en España?
J.C.R. En Madrid gente joven, de mi quinta, me decía que estaba de acuerdo, que adelante. En Barcelona hubo gente que me dijo “Estoy de acuerdo con la primera parte”. Hay un bloqueo tremendo en Cataluña para asumir que parte de la crispación radica en los excesos del sistema actual. Pero una ley de lenguas, como cualquier ley importante llamada a funcionar, no puede ser de parte, y en consecuencia, ha disgustar a los extremos. Cuando una discusión se eterniza es legítimo pensar que ambas partes llevan algo de razón. Antes de aprobar la ley, una comisión independiente se debería pasear por todos los rincones de España recogiendo, de primera mano, el sentir y las razones de la gente. También tendría que viajar a otros países para conocer sus prácticas. Sobre el informe que elaborara esa comisión, se elaboraría la ley.

B.S. ¿Confía en que la clase política haga algo por resolver el problema?
J.C.R. No confío en la clase política. Demasiado obtusa, demasiado sectaria. Pero no pierdo la esperanza de que llegue alguien distinto, que se eleve por encima de lo eslóganes y nos diga: “Señores: esta bronca se ha acabado”. Son los reformadores, los estadistas, y alguno tendrá que caernos algún día a los españoles. Un estadista es alguien que propone un ideal que a la sociedad le cuesta aceptar. Lo contrario es un demagogo, que potencia las tendencias sectarias en todos nosotros. En Canadá tuvieron dos líderes admirables: Lester Pearson –que se juró a si mismo ser el último Primer Ministro monolingüe– y su sucesor Pierre Trudeau, que trajo el bilingüismo y los derechos de las minorías. Si los belgas hubieran tenido un líder de esas características hace cuarenta años a lo mejor el país no estaría al borde de la ruptura. Pero hay algo más. Así como decía que es deseable reformar la mentalidad del castellan-hablante de fuera de Cataluña, creo que también hay que modificar el marco mental en el que se desarrolla el debate en Cataluña.

B.S. ¿De qué manera?
J.C.R. Hasta ahora la pregunta que se ha hecho el catalán catalanista es: ¿qué es para mí el catalán? Y ahí no hay debate: es lengua materna, dotada de irrevocable dignidad, vehículo de gran parte de la cultura catalana y por lo mismo, de parte de la europea, lengua principal, generoso brote del tronco latino, que decía en el siglo XIX un Menéndez Pelayo, un pedazo de nacionalista español. Eso es así ahora y ya para siempre. Nunca nadie volverá a intentar prohibir el catalán. No, ahora la pregunta útil que un catalán debe hacerse –y es una pregunta que habría de hacerse también en la hipotética independencia– es: ¿qué es para mí el castellano? ¿Lengua propia o impropia? ¿Co-propia? ¿Lengua extranjera? ¿Oficial, querida, detestada? ¿Puedo considerar que el castellano es parte de mi patrimonio cultural y afectivo? ¿Es lo mismo que el francés o el alemán para mí? Y contestarse sinceramente a esa pregunta y actuar en consecuencia. Si los catalanes empiezan a pensar en términos de qué es y qué les aporta y de dónde les viene el castellano, pienso que muchos llegarán a la conclusión de que la inmersión, tal y cómo está planteada, no es la mejor opción. A veces la irritación no es tanto por los excesos sino por los falsos pretextos que los acompañan. La Generalitat es libre de querer una Cataluña monolingüe, pero que sea sincera y declare que es el objetivo. A mí no me parece mal que alguien prefiera el monolingüismo. No sería mi opción, pero lo respeto, siempre y cuando no se ande con disimulos.

B.S. ¿Qué opina de iniciativas cómo la que he surgido recientemente en Aragón de denominar Lapao al catalán? ¿No son intentos conscientes de dividir la unidad de la lengua?
J.C.R. Quiero ser prudente. No conozco la franja, y por tanto me abstengo de opinar sobre Aragón. Aunque nuevamente hay que distinguir entre lo que se hace en Aragón y lo que la prensa de Barcelona dice que se hace en Aragón. El acrónimo LAPAO es una acuñación irónica de la prensa de Barcelona que no aparece en la ley aragonesa. Valencia y Baleares las conozco un poco mejor, y de nuevo, con prudencia, porque no soy filólogo, me parece que el valenciano y las lenguas baleáricas, forman una unidad clara con el catalán, y que pueden ser llamadas con propiedad catalán. Y me lo confirman amigos valencianos y mallorquines que asumen sin problema que lo que hablan es catalán. Pero también entiendo el argumento de quien dice “vale, el valenciano es catalán, pero desde el siglo XV aquí lo llamamos valenciano”. Y también entiendo que alguien diga “vale, el mallorquín es catalán, pero prefiero no renunciar a mis usos de siempre, como el salat”. No tengo la solución para esos roces de familia, que no creo inducidos por Madrid. A veces se dice que si ahora alguien dijera en Buenos Aires que ahí (allá) hablan argentino y no español, se armaría un gran lío en Madrid y tienen razón. Pero si hubiera un movimiento en Madrid que les dijera a los argentinos “ché, el voseo se ha acabado, ahora vais a usar el tuteo” la reacción defensiva sería comprensible.

B.S. Muchas gracias por esta entrevista.
J.C.R. ¿Puedo terminar con una cita?

B.S. Por supuesto.
J.C.R.”Creo que es justo decir también que el derecho a la lengua materna es un derecho del hombre, un requisito pedagógico de la máxima importancia … Cambiar de lengua en la niñez dificulta extraordinariamente la capacidad del niño. Nosotros nunca vamos a obligar a ningún niño de ambiente familiar castellano a estudiar en catalán”. ¿Sabe quién dijo eso? Ramón Trías Fargas, dirigente histórico de CIU, en 1978, durante la Comisión Constitucional que debatía el Art. 3 de la Constitución. Viene citado por José María Ruiz Soroa, un hombre riguroso con sus fuentes, en “Tres ensayos liberales”. Los nacionalistas catalanes deberían andarse con cuidado antes de hablar de deslealtades.

Blog Esquerra sense fronteres, 19 de febrero de 2014