EditorialGeneralOpinión
  1. En España se sufre una situación de polarización política en la que se utiliza de manera perversa y conflictiva la diversidad cultural y lingüística – también los cambiantes sentidos de identidad-, para negarla o bien para hacer un elemento de acuerdo imposible. Desde que finalizó el traspaso de competencias, las disfunciones del modelo autonómico alientan el oportunismo político a una dinámica de desgaste entre la reivindicación continua y las rémoras centralizadoras y unitarias. A pesar del carácter exitoso del sistema autonómico, la ensambladura sufre algunos problemas fruto del planteamiento inicial, pero también de concreción. Cierta improvisación en la reclamación y asunción de competencias, así como problemas específicos en relación a la financiación que fácilmente no se comprenden y se envenenan. Del “café para todos” con que algunos pretendían diluir la pluralidad hasta el “peix al cove” de otros que creían poder aprovechar las oportunidades de la indefinición, el tema territorial se usa los últimos años como arma arrojadiza de cara a incentivar la confrontación y el agrio dialéctica política, la cual no ha hecho sino aumentar desconfianzas e incomprensiones. Más que una ensambladura de Cataluña y otras comunidades en España, el que nos hace falta es un sistema de gobernanza con una clarificación de funciones y atribuciones de los diferentes entes territoriales e institucionales que acabe con dinámicas permanentes de negociaciones abiertas y de reclamaciones infinitas. Hace falta uno articulación respetuosa, justa, equilibrada, ponderada y racional. Hay que asentar el principio de la diversidad -entre comunidades y dentro de las mismas-, así como el respeto a sentidos de identidad y de pertenencia diversos.
  2.  La convivencia reclama rehacer el “consenso constitucional” de 1978, tanto en cuanto a corregir las disfunciones del sistema como la necesidad de fortalecer los vínculos emocionales imprescindibles. Hay quién afirma que España es un modelo de estado casi federal. Es en el “casi” de donde provienen actitudes e incomprensiones que nos llegan hasta hoy. El federalismo tendría que constituir el principal modelo a seguir en la rearticulación de la política española. Es el único sistema de gobierno capaz de compatibilizar y garantizar las diferentes identidades locales, regionales y nacionales -también internacionales-, en armonía con las exigencias de la interdependencia, la integración y la globalización. Un sistema de gobierno federal no representa ni ninguna amenaza ni limitación para nadie, aun así, no se ha hecho pedagogía, justamente del que implica este modelo en relación a la diversidad y la subsidiariedad, de responsabilidades compartidas y de lealtades. En la medida que el federalismo no es una ideología, sino una forma de gobernarse, muy asumido y explicado se podría convertir en un marco ampliamente compartido tanto por los grupos políticos como para la ciudadanía de todo España. Hasta ahora el espectro político conservador (a diferencia otros países federales) ha estado menos proclive a esta cultura, pero nada impide que el liberal-conservadurismo se incorpore a un consenso amplio hacia un nuevo modelo de gobernabilidad. En un tema de tanto calado como la asunción de una reforma federal del Estado, hace falta un anchísimo acuerdo y consenso y, parece lógico, una reforma constitucional que lo concrete tanto de forma simbólica como práctica. Un referéndum para aprobar la reforma constitucional sería una magnífica manera de representar y legitimar el cambio de una España unitaria ya superada hacia una España diversa y plural.
  3. Acabar con el conflicto territorial como argumento político, sustituir el combate inútil por la cooperación fructífera. El abandono de la concepción reduccionista unitaria y centralizadora tiene que comportar también una configuración multicéntrica del Estado, sus instituciones y órganos de gobierno. La reubicación del Senado y el establecimiento de agencias gubernamentales en Barcelona y en otras ciudades representativas acontece importando para mudar del modelo radial napoleónico del Estado hacia un modelo germánico de mayor protagonismo de sus capitales, estructurando todo el territorio a partir de una red de ciudades muy intercomunicadas. Así mismo, el castellano que es la lengua franca y muy valiosa de todo el territorio hispánico, no puede ser protegido y promovido en detrimento de las otras lenguas y culturas que, como inmensa riqueza colectiva, son presentes a la Península, ni al revés en cuanto a las lenguas cooficiales. El reconocimiento y protección de las lenguas cooficiales, también le corresponde en el Estado, en la medida que forman parte también del patrimonio común. Establecer un modelo de financiación de tipo federal resulta ineludible. Hace falta un modelo de financiación solidaria, justo y equilibrado que asegure el mismo nivel de prestación de servicios y de oportunidades se viva donde se viva. Un sistema claro, transparente y entendedor para que nadie tenga la sensación de ser perjudicado o dejado atrás.
    Nos hace falta, pues, un principio político capaz de favorecer y posibilitar un proceso de autointegración activa y gradual de la diversidad entre territorios, pero también dentro de ellos. El federalismo probablemente sea la teoría política adecuada por el momento actual en que se requiere articular un nuevo pacto de gobernanza que nos saque del conflicto y del callejón sin salida en que nos encontramos. Una concepción política alternativa y diferente a soberanía compartida, según la cual una diversidad de colectividades parcialmente autónomas y soberanas pueden cooperar dentro de una forma gobierno de múltiples niveles, y en base a la negociación, del consentimiento y de la cooperación. El federalismo puede transformar las tensiones destructivas en polaridades creativas. Puede superar un pensamiento y una práctica bipolar, dualista y dicotómica. La generación de tensiones no se tiene que resolver mediante la eliminación de uno de los términos o elementos antagónicos, sino todo al contrario, mediante la conciliación, la integración y la asociación. La sociedad federal tiene que intentar imbuir en sus miembros los valores de la cooperación, la negociación, el consenso y la solidaridad, que tienen que prevalecer sobre la desconfianza, el conflicto o la imposición. A la superposición piramidal la sustituye una coordinación horizontal de niveles e instancias diferentes, y ante la idea de poder jerarquizado surge la nueva concepción de un poder compartido, basado en la negociación, el consenso, el respeto y el reconocimiento mutuo. Es una nueva cultura.
  4. En definitiva, el modelo territorial y de gobernanza en España hace falta que sea revisado y actualizado si el concepto vigente de Estado-Nación no se quiere que entre en una crisis que podría resultar irreversible. Entre la desafección de unos y el unitarismo forzado de los otros, hay que construir un marco político adecuado e ilusionante, que sea inclusivo para todo el mundo.  El federalismo puede suministrar en la España actual un modelo de gobierno plural y multinivel, de cooperación y de consentimiento mutuo, conciliando diferentes sentimientos de identidad, aceptando realidades asimétricas y geometrías variables. Una división y organización territorial del poder, atribuyendo competencias y tareas a cada nivel de gobierno territorial. Permitiría, en definitiva, articular un sistema de gobierno necesariamente global en muchos aspectos y una prestación de servicios y sentidos de pertenencia que requiere de ámbitos más reducidos y próximos. España puede ser un proyecto compartido y amable, un proyecto enriquecedor en el que nadie perciba como una limitación a su identidad y en que tampoco nadie se sienta depositario de esencias. El único elemento unitario tienen que ser los derechos y obligaciones de ciudadanía. Una realidad cambiante y diversa en el que el futuro no será otra cosa del que los ciudadanos decidan en cada momento de manera libre. La composición actual del Congreso de los Diputados, donde el factor territorial tendrá un papel destacado, y donde se hace imprescindible el diálogo, el pacto y el consenso para garantizar la gobernabilidad de España, puede establecer un buen marco para enfocar  la reforma del Estado hacia un modelo federal de consenso mayoritario.