Todavía se está a tiempo de poner en acción los mecanismos jurídicos que permitan defender el estado de Derecho, permitir el voto de los ciudadanos y tener un gobierno serio; hay que hacerlo.
El 15 de enero, el gobierno de la Generalitat ha perpetrado un acto que merece serios calificativos: ha dejado sin efecto el Decreto del 21 de diciembre pasado, que convocaba elecciones al Parlamento el próximo 14 de febrero; y, como si esto fuera poco, ha anunciado (no «convocado») las elecciones para el 30 de Mayo.
¿Razones? Apela a la situación sanitaria, indiscutiblemente grave, derivada de la pandemia del Covidien -19 y en la necesidad de mantener las medidas de distancia social, evitar aglomeraciones, etc. Todo esto estaría muy bien … si no fuera porque no es verdad. ¿O es que no estábamos en situación de pandemia el 21 de diciembre, cuando se convocaron? ¿O es que no lo estábamos, cuando se relajaron las medidas de control durante las fiestas de Navidad? ¿O es que ya se sabe que el 30 de Mayo deberíamos haber salido de esta situación?
La explicación, como ha venido siendo la norma del gobierno independentista, son los más primarios intereses políticos y electorales de los integrantes del gobierno. Y la prueba es como esta decisión no tiene nada que ver con el aplazamiento que se hizo de las elecciones en Galicia y el País Vasco la pasada primavera: que convocadas (Antes de la pandemia) para abril, tuvieron lugar en julio, en el marco del estado de alarma proclamado por el estallido de la pandemia sobrevenida, y sin que en el decreto que las aplazaba se fijara la nueva fecha. Y la razón era muy clara: en aquel momento no se podía saber la duración y la intensidad que tendría la crisis. Sólo semanas más tarde, superado el confinamiento y delimitadas las zonas de riesgo, se fijó la fecha del 12 de julio (y aún así, comarcas gallegas y vascas que seguían en situación de emergencia fueron precintadas y no participaron en las elecciones).
El ya ex-presidente Torra dio la legislatura por terminada hace un año, después de la aprobación de los presupuestos; el Parlamento ha sido disuelto el mes pasado. De manera que hoy en Cataluña no hay referentes institucionales; es patético que el Decreto publicado hoy se refiera a quien preside la Generalitat como «el vicepresidente del Gobierno en sustitución de la presidencia de la Generalitat» (artículo 2). Es patético que se tenga que recurrir a fórmulas como esta para decir que no hay Presidente de la Generalidad. No se puede legislar, ni elaborar proyectos presupuestarios, ni preparar las propuestas que hay que someter a Bruselas para participar en los fondos comunitarios de inversión «Next Generation». Y atención: las elecciones se convocarán «previo análisis de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública»; o sea: no puedan tener certeza sobre la fecha electoral.
Estados Unidos hizo elecciones en noviembre, en plena pandemia; el próximo día 24 Portugal elige al presidente de la república; las elecciones a la presidencia del Barça tendrán lugar, parece, a principios de marzo. Por lo tanto, es posible votar en situación de crisis sanitaria, tomando medidas como la ampliación del número de colegios, la utilización de locales más amplios y ventilados, la promoción del voto por correo, u otros, encaminadas a garantizar la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral; y en último extremo, y en mal, como se hizo en Euskadi y en Galicia, dejando sin votar las zonas del territorio en situación más crítica.
No solo se puede votar: hay que votar lo antes posible. Cataluña necesita un gobierno sólido, activo, capaz de encontrar su lugar en los marcos institucionales y de empezar a sacar al país de un marasmo que ya dura 10 años. Lo acaban de recordar, en un manifiesto conjunto sin precedentes, las grandes fuerzas sociales: Comisiones Obreras, UGT, Fomento del Trabajo y la PIMEC. Nos queremos añadir a esta exigencia: es todavía posible. Dejar las elecciones para el 30 de Mayo significa dejar el país parado hasta después del verano, o más allá, y no nos lo podemos permitir. Todavía se está a tiempo de poner en acción los mecanismos jurídicos que permitan defender el estado de Derecho, permitir el voto de los ciudadanos y tener un gobierno serio; hay que hacerlo.
