El descaro e incompetencia del “Vicario” Torra parecía no tener límites. Pero ha llegado aún más lejos. Y, en efecto, lo ha acreditado bajo la cobertura y casi clandestinidad de una decisión del Govern. Si ya es grave lo que ha decidido, ahora es especialmente ofensivo para toda la sociedad catalana y, en particular, para los miles de ciudadanos y ciudadanas que están sufriendo tan durísimamente, por no referirnos a los familiares de miles de muertos, los devastadores efectos de la pandemia generada por el Covid-19. Produce rubor solo explicitarlo. En un Decret-LLei del 9 de este mes, el DOGC ha publicado “medidas económicas, sociales y administrativas” para, “paliar” dicen, los efectos de la pandemia. Pero, en ese Decreto-ley, hay una Disposición Adicional IV por la que se incrementa en un 0,9 % la cuantía de las pensiones de altos cargos de la Generalitat, según resulta- es digno de citar- de “les pensions a que fan referencia els apartats primer i tercer de l’article 30 de la LLei 4/2017, de 28 de marc, … respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019”.
El resultado de esa enigmática disposición es que si ahora cobra 146.926 euros, se autogarantiza, cuando, por fin sea cesado, una pensión anual de 89.698 euros anuales. Ello, además de las ventajas económicas que se otorgan a los expresidents cuando cumplen los 65 años. En un contexto tan crítico como el actual, no solo es una verdadera vergüenza para la clase política, sino una gravísima ofensa a la ciudadanía, cualquiera que sea su nivel de ingresos, pero especialmente a los más empobrecidos. Un vulgar Presidente que adopta una decisión como la descrita solo merece su destitución y cese por una mayoría parlamentaria, más allá de cualquier clase de ideologías. Catalunya daría un ejemplo de honradez y dignidad.
Carlos Jiménez Villarejo
