«El actual Gobierno de un Estado democrático, laico y moderno, no puede consentir que continúen vigentes una institución y unas normas dictadas por un Estado totalitario y confesional, que pueden resumirse en el decreto ley de 1957. Es inexcusable reconvertir dicha institución, secularizarla y que refleje, con plena objetividad, la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil.»
Ultraje a la democracia. (El País, 4 de julio de 2018)
