En junio pasado, Federalistes d’Esquerres se manifestó en torno a la convocatoria del 1O anunciada por el gobierno catalán en una editorial titulada ‘Esto no es un referéndum’. Allí se argumentaba que la votación que se había anunciado para el 1 de octubre no cumplía unas condiciones mínimamente homologables. Francesc Esteva, Silvia López Valentín, Antonio Sitges Serra, Anna Estany, Carme Valls-Llobet, Santiago Vallejo y Lluís Pascual, todos miembros de Federalistes d’Esquerres, explican por qué creen que el 1O no es un referéndum y cómo ven la convocatoria.
Francesc Esteva
Si un referéndum de sí/no es muy discutible (por lo manipulable que es) la forma en que está planteado el del 1O es del todo antidemocrático. No se dan las garantías suficientes, no hay censo, no se sabe quién garantizará la votación ni el recuento. Y quiero enfatizar que esta opinión tiene el aval de una mayoría del pueblo de Cataluña representada por los parlamentarios de los partidos no independentistas que recibieron más del 50% de los votos de los ciudadanos. Los parlamentarios del PP, los de Ciutadans, los Socialistas y los de CSQP, con diferentes matices, coinciden en defender que no se dan las garantías necesarias para poder validar un referéndum tal como el que nos plantean para el 1 de Octubre.
Silvia López Valentín
Para llevar a cabo un referéndum es necesario un acuerdo político previo, donde todas las partes (las que abogan por el ‘Sí’ y las que lo hacen por el ‘no’) tienen el mismo espacio para defender sus posiciones. Cuando una de las dos partes de la sociedad no se siente interpelada a salir a la calle a defender su posición, por muchas urnas que salgan a la calle, no será un proceso democrático lo que surja de aquella fiesta. Estoy en contra de que Cataluña empiece el «proceso de desconexión» porque considero que va en contra del curso de la historia en cuanto a la eliminación de fronteras se refiere y trata de dividir a la sociedad de manera vertical, sin entender que de quien nos hemos separar es de los poderosos que toman las decisiones en base a sus propios intereses y no los del bien común. Estaría encantada de poder ir a un colegio electoral y poder depositar mi ‘no’ en una urna. Pero sin unas reglas acordadas y debatidas entre todos y todas, no considero que este “referéndum» sea un proceso democrático. Un referéndum no es una acción democrática por sí misma y también existimos las personas demócratas que estamos en contra del 1-O, en contra de lo que nos quieren hacer creer.
Antonio Sitges Serra
Es media mañana del domingo 3 de Setiembre y voy volviendo de vacaciones. El viaje es un poco largo pero la carretera está despejada y desafía los infaustos pronósticos de la DGT. Pongo la radio. Suelo hacerlo cuando me acerco a Barcelona por aquello de calentar motores y empezar a programar la rentrée: vuelta al trabajo, reencontrar amistades, acabar ese fantástico libro que es la Misa negra de John N. Gray y poner al día la agenda política. De esto último se encarga un clip informativo de CATINFO que emite un par de minutos sacados de una entrevista a Puigdemont (debería escribir Honorable Puigdemont, pero me cuesta). La periodista le pregunta al president si considera que hay líneas rojas que anularían la validez del referéndum que se propone convocar el próximo miércoles. La respuesta me deja atónito. Dice Puigdemont que hay dos líneas rojas temibles: una, que se vote en menos del 50% de los municipios y otra que la participación no alcance el 20%. Es decir, vamos de rebajas. Bueno, atónito a medias, porque la respuesta es coherente dentro de ese mundo utópico y paralelo que ha construido el independentismo. Y como todas las utopías (Robespierre, Moro, Huxley, Fourier), es un mundo no tan solo irrealizable sino un mundo en el que se quieren sacrificar la legalidad y las reglas democráticas en aras de una meta idílica. Es lógico que el independentismo tema la abstención porque, a fin de cuentas, esto no es un referéndum.
Anna Estany
El referéndum planteado por los partidos secesionistas no va de democracia sino de autocracia. Las carencias y la violación de los requisitos para que fuera democrático han sido perfectamente expuestas por la editorial de Federalistas d’Esquerres del 11 de junio de 2017. Por tanto, voy a incidir en una cuestión previa que es la idea sobre la que se ha construido este referéndum. Me refiero al denominado “derecho a decidir”. En primer lugar hay que decir que es una expresión sin sentido, por tanto, no es ni verdadera ni falsa, por lo que no se puede estar ni a favor ni en contra. Para que lo tengam hay que establecer quién tiene el derecho y a qué, por lo que se convierte en el “derecho a la autodeterminación” que sí tiene sentido y está reconocido en el derecho internacional, pero que Cataluña no cumple con ninguno de los requisitos ni circunstancias para tener este derecho. Esto no significa que los referéndums no puedan constituir una forma de resolver problemas sociales y políticos pero esto requiere un debate para ver si es el mejor instrumento para abordar los problemas que puedan haber en la relación entre Cataluña y el resto de España. En cualquier caso, volviendo al principio, el referéndum planteado para el 1O no es un acto de democracia y la única postura que considero viable es no ir a votar.
Carme Valls Llobet
Existen muchas razones por las que no es democrático el proceso hacia la independencia en Catalunya. Una de ellas es que se ha hurtado el debate social sobre los supuesto beneficios sin evaluar si la vía federal podría resolver los problemas sin provocar otros. Un ejemplo paradigmático se ha podido ver en los últimos días alrededor de la necesidad de un Ejército y de cómo se debería organizar la seguridad del país. Por no debatir ni Puigdemont y Junqueras habían contrastado sus vagas ideas. La seguridad de todos los países del mundo está cambiando ante la amenaza terrorista, y se están organizando o se deberían organizar, como en los estados federales, con las soberanías compartidas, los datos de seguridad compartidos, y las ayudas ante amenazas compartidas. La seguridad no puede usarse como arma arrojadiza entre políticos, pero tampoco se puede mentir a la población para crear falsas sensaciones de tranquilidad. Los políticos que mienten pierden credibilidad democrática y deben dimitir. En los países del Norte y en los países del Sur.
Santiago Vallejo
No se puede realizar una votación en condiciones mínimamente homologables porque el objetivo último no es celebrar un referéndum sino que éste forma parte de una estrategia más amplia que busca provocar en el Gobierno central una reacción desproporcionada que, a su vez, alimente el victimismo y permita así ensanchar la base social del independentismo. Los aspectos menores o prácticos del referéndum no son más la expresión del gran órdago jurídico y político que los teóricos de “procés” quieren lanzar al Estado español. Como todo gran desafío, este órdago puede tener imprevisibles consecuencias de toda índole. El objetivo es poner en una situación de estrés, no sólo al sistema político español y catalán, sino también a la propia sociedad catalana.
El incumplimiento de las condiciones básicas establecidas en la “Comisión de Venecia” por parte del Referéndum del 1-O ratifica, una vez más, que no estamos ante un verdadero referéndum sino ante una especie de acto de protesta y movilización. No sólo no existe ese periodo mínimo exigible para que los ciudadanos se formen una opinión sólida sino que tampoco ha existido un debate público de ideas en donde los contrarios a la independencia hayan podido defender sus ideas en igualdad de condiciones que los independentistas. Ante dicha situación, es muy difícil que la ciudadanía tanga la posibilidad de formarse una opinión sólida. Sin descartar la posible existencia de un referéndum con todas las garantías en el futuro, este siempre se debería de realizar respetando la legalidad vigente, cuestión ésta, que actualmente en el caso de Cataluña no se da. La realización de un referéndum con todas las garantías es algo muy importante, ya que no sólo sus eventuales resultados producen efectos inmediatos profundos para sus ciudadanos, en el caso de confirmar la independencia, sino que la realización de un referéndum garantista o no también tiene un impacto directo en la calidad democrática de un país.
Lluís Pascual
El 1O no es un referéndum porque no se sustenta, en ninguno de los supuestos contemplados por las leyes españolas, que son las que dan legitimidad de actuación a la Generalitat, ni en el derecho internacional y, en consecuencia, validar su resultado. Porque ni siquiera puede basar su legitimidad en un pacto entre catalanes. Porque no se trata de conocer la opinión de los catalanes en cuanto a su futura relación política con el resto de España, es más bien una trampa para que sea reconocido un derecho, el de autodeterminación, que no se corresponde con el status de Cataluña y poder ser ejercido, en adelante, a conveniencia, si no sale bien a la primera. Por estar planteado como un burdo trámite, para justificar una declaración unilateral de independencia, sin debate parlamentario previo y sin fijar una cifra mínima de participación en el mismo. Por la descarada parcialidad del govern en favor de una de las opciones, la manipulación y sometimiento de los medios de información públicos y privados y la ignorancia de los plazos y requisitos que prevé, entre otros, la Convención de Venecia. Porque los ciudadanos merecemos un respeto y es una mofa que quieran que participemos en un juego organizado sólo por los independentistas. Yo no iré a votar porque esto no es un referéndum.