Hay mejores medios que un referéndum para abordar las reivindicaciones legítimas de la región. Sólo un 40% de catalanes quiere la independencia. La mayoría estarían probablemente satisfechos con un nuevo acuerdo que les diera poderes más claros, la posibilidad de quedarse más dinero propio y que se les reconociera simbólicamente su sentido de nacionalidad. La tragedia es que ni Puigdemont ni Rajoy parecen interesados en poner esa oferta sobre la mesa (Editorial de The Economist, edición impresa del 23 de septiembre de 2017)
España ha conocido tiempos tumultuosos: la guerra civil en los años 30′ del siglo pasado, la dictadura hasta 1975, un golpe fallido en 1981, la crisis económica de 2008-13, y el terrorismo de signo nacionalista y después yihadista. Ahora se enfrenta a una crisis constitucional que amenaza su unidad. El gobierno catalán planea hacer un referéndum “vinculante” sobre la independencia el 1 de Octubre. Si una mayoría vota sí -–-independientemente de la participación — Carles Puigdemont, el presidente catalán, declarará unilateralmente la independencia.
El Tribunal Constitucional español ha declarado la votación ilegal, y el gobierno conservador de Mariano Rajoy ha tomado el control de las finanzas de la región para intentar bloquear la votación. La Guardia Civil ha hecho incursiones en las oficinas del gobierno catalán y en una compañía privada de reparto para incautarse de posters y papeletas de votación, y ha detenido al menos a 12 funcionarios. El gobierno catalán ha hecho un llamamiento a una “resistencia pacífica”.
La crisis se ha convertido en una bola de nieve que supone una grave amenaza a la democracia en España. Resolverla con sensibilidad es importante para el resto de Europa. El precedente que se establezca en Cataluña afectará a otros posibles separatistas, desde Escocia a la región de Donbas en Ucrania.
Cataluña disfruta de un nivel de vida más alto que la media, tanto en España como en la Unión Europea y más autogobierno que casi cualquier otra región de Europa, incluyendo el poder de proteger el idioma catalán. Su apariencia externa es la de ser un lugar encantador y de mucho éxito. Sin embargo una mayoría de catalanes no se sienten felices con lo que tienen, sintiendo que España se queda demasiado dinero suyo y no tiene respeto a au identidad. El Sr. Rajoy se ha equivocado al dar por sentado que el tiempo y la recuperación económica resolverían el descontento catalán.
La constitución española, votada en referéndum en 1978 —y apoyada casi unánimemente en Cataluña— proclama la “indisoluble unidad” del país. Confiere la soberanía al pueblo español en su conjunto, no a los habitantes de sus partes constituyentes. El gobierno catalán reclama el derecho a la autodeterminación. Pero la ley internacional reconoce ese derecho únicamente en casos de colonialismo, invasión extranjera o discriminación grave y abuso de los derechos humanos. Eso posiblemente se puede aplicar a los kurdos, que tienen previsto celebrar un disputado referéndum de secesión de Irak el 25 de Septiembre.
Cataluña, sin embargo, no podría contarse como colonizada, ocupada u oprimida. Muchos españoles están preocupados porque su secesión podría ser seguida rápidamente por la del País Vasco. Si el imperio de la ley significa algo, la constitución debería ser respetada. El señor Puigdemont por lo tanto debería retirar su temerario referéndum. Es improbable que los oponentes acudan, por lo que todo voto al sí que obtenga será cuestionable, no sólo legalmente sino también políticamente. Dicho esto, jugando al gato y al ratón con las urnas, el señor Rajoy le ha dado innecesariamente al señor Puigdemont, una victoria propagandística. Una gran mayoría de los votantes del señor Rajoy en el resto de España le apoyan en parte porque se niega a transigir con el nacionalismo catalán. Pero algo importante no funciona en España y su deber es tratar de arreglarlo.
La democracia requiere consentimiento tanto como imperio de la ley. El cambio constitucional, especialmente el derecho de secesión, sería difícil—pero no imposible. En Escocia y Quebec, el dejar que la gente opinara no llevó a la ruptura. El señor Rajoy debería estar menos a la defensiva: debería buscar ahora negociar unas nuevas condiciones con Cataluña, y ofrecer también una nueva redacción de la Constitución que permitiera referéndums sobre la secesión, pero únicamente con una clara mayoría y una alta participación.
Daños a Cataluña
Muchos catalanes quieren el derecho a decidir, pero las encuestas sugieren que sólo aproximadamente un 40% quiere la independencia. La mayoría estarían probablemente satisfechos con un nuevo acuerdo que les diera poderes más claros, poder quedarse más dinero propio y que se les reconociera simbólicamente su sentido de nacionalidad. La tragedia es que ni el señor Puigdemont ni el señor Rajoy parecen interesados en poner esa oferta sobre la mesa.
Traducción y edición: María del Mar Fernández y Beatriz Silva
