La respuesta al Trumpismo es el “federalismo progresista”: el desarrollo de objetivos y políticas progresistas usando la considerable autoridad delegada a los gobiernos subnacionales en el sistema federal de los Estados Unidos. Podemos recordar 2016 como el año en que el populismo regresó al poder en Estados Unidos. Pero también puede ser recordado como el comienzo de una nueva era de federalismo progresista y por la resistencia de los gobiernos locales (Project Syndicate, 6 de enero de 2017. Traducción: Mireia Esteva)
En el año 2016, el populismo ascendió en los Estados Unidos, el Reino Unido y muchos otros países desarrollados. El estancamiento de los ingresos, la ausencia de oportunidades económicas y la pérdida de confianza en el progreso, alimentaron el descontento generalizado, los votantes respaldaron a los candidatos que prometieron devolver el poder al “pueblo” y sacudir los sistemas que los líderes políticos dominantes habían manipulado a favor de una “elite” corrupta. En Estados Unidos, la creciente diversidad étnica, las tensiones raciales latentes y las cambiantes costumbres sociales añadieron combustible al fuego electoral.
En Estados Unidos, la pérdida de confianza progresiva en el gobierno federal culminó con la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre: aunque el presidente Barack Obama disfrutó de una elevada aceptación ciudadana, sólo el 19% de los estadounidenses confiaba en que el gobierno federal hiciera lo correcto. Dadas las prioridades republicanas tradicionales, que se reflejan en la elección del gabinete del Presidente electo Trump, probablemente los programas del gobierno federal (con la notable excepción de los militares) se verán reducidos. Irónicamente, los recortes de gastos para la salud, la educación y la formación y el medio ambiente, junto con grandes reducciones fiscales personales y empresariales regresivas, enriquecerán aún más a la “élite” mientras se socavan los programas que benefician a la mayoría de los hogares.
Pero los principales retos sociales y económicos que enfrentan los programas federales no desaparecerán. La responsabilidad de afrontarlos recaerá más fuertemente sobre los gobiernos estatales y locales, que tendrán que abordarlos de manera innovadora. De hecho, la respuesta al Trumpismo es “federalismo progresista”: el desarrollo de objetivos de políticas progresistas usando la considerable autoridad delegada a los gobiernos subnacionales en el sistema federal de los Estados Unidos.
Las encuestas anuales de Gallup continúan mostrando que la mayoría de los estadounidenses confía más en sus gobiernos estatales (62%) y sus gobiernos locales (71%) para resolver sus problemas. Un estudio de Pew de 2014 encontró que mientras que sólo el 25% de los encuestados estaban satisfechos con la dirección de la política nacional, el 60% lo estaba con la gobernanza en sus propias comunidades. Además, la Constitución de los Estados Unidos permite que los estados individuales funcionen como lo que el Juez Brandeis llamó laboratorios de democracia, experimentando con políticas innovadoras sin poner en riesgo al resto del país.
Hay una larga y rica historia de exitosos experimentos. Los gobiernos estatales y locales fueron líderes en el establecimiento de sistemas públicos de educación primaria y secundaria, así como de universidades y colegios estatales. California, Wyoming y otros estados permitieron a las mujeres votar – un ejemplo que alentó el paso de la Decimonovena Enmienda (concediendo el derecho a voto de todas las mujeres adultas). Los programas sociales para facilitar la reincorporación al trabajo en Michigan y Wisconsin sirvieron como modelo para la reforma del sistema de asistencia social federal bajo el presidente Bill Clinton, y el Obamacare se basa en el sistema de salud de Massachusetts, introducido bajo el gobernador republicano Mitt Romney.
Del mismo modo, en el periodo de 2000 a 2014, mediante el desarrollo de gran variedad de políticas energéticas -desde planes de acción climáticos globales hasta el control de los estándares de energía renovable de obligado cumplimiento-, 33 estados redujeron las emisiones de dióxido de carbono mientras expandían sus economías. Más recientemente, algunos estados han introducido sistemas de permisos de emisión de carbono mediante imposición de precios sobre el carbono, y muchos ya están en la línea de cumplir con los objetivos del Plan de Energía Limpia de Obama. La mitad de todos los estados de Estados Unidos han legalizado la marihuana de alguna forma, de los cuáles ocho la han legalizado totalmente. Tres estados han implementado leyes que ofrecen licencias familiares pagadas, con un cuarto estado en vías de conseguirlo. Diecinueve estados tienen previstos aumentos del salario mínimo durante el año 2017.
La lista continúa. Ejemplos exitosos de federalismo progresista se pueden ver en una amplia variedad de áreas, incluyendo la atención de la salud, la reforma penitenciaria, la educación superior y la capacitación laboral, el espíritu empresarial, la protección de los trabajadores y los beneficios en la economía de trabajo temporal o autónomo y los contratos de pago por objetivos. La cooperación, la colaboración y el compromiso -entre actores privados y públicos, organizaciones sin fines de lucro, tanto republicanos como demócratas- son características esenciales en todos ellos. También apoyan esto, la miríada de ejemplos de innovación de políticas innovadoras que involucran la sociedad civil a nivel local descritos por James Fallows en un artículo reciente y en su próximo libro.
Para promover la innovación de las políticas estatales y locales, el gobierno federal a menudo asume el papel de capitalista de riesgo, proporcionando metas mensurables e incentivos, en lugar de dictar soluciones. Obama defendió este enfoque a través de concursos estatales como el programa “Race to the Top” del Departamento de Educación, a través de “subvenciones de innovación social” federales para apoyar a los gobiernos estatales y locales y a través del programa de expansión de Medicaid para bajos niveles de renta. El vicepresidente electo, Mike Pence, está orgulloso de la expansión de Medicaid que dirigió como gobernador de Indiana. Sin embargo, a partir de octubre de 2016, 19 estados, principalmente en el Sur y Medio Oeste, habían optado por no participar, negando así el seguro médico a más de 2,5 Millones de personas de bajos ingresos.
Con la sexta economía del mundo, una población de casi 40 millones que parece el futuro de América y un gobierno democrático unido y responsable, California es un modelo de lo que el federalismo progresista puede lograr. Ha alumbrado el camino para ampliar los derechos de las mujeres, los trabajadores agrícolas, los inmigrantes y las minorías sexuales, entre otros. Del mismo modo, ha estado a la vanguardia de la protección del medio ambiente y los esfuerzos para combatir el cambio climático – de establecer normas estrictas para el consumo de energía y las emisiones de automóviles (adoptado como ley federal en 2016), pionero en un sistema de fijación de precios del carbono. El gobernador Jerry Brown prometió recientemente que si la administración Trump recorta fondos federales para los satélites necesarios para recolectar datos climáticos, California “lanzaría su propio satélite”.
California también puede ser un líder de resistencia progresista o “federalismo no cooperativo”, al negarse a llevar a cabo las políticas federales a las que se opone. Muchas ciudades de California y el propio estado ya actúan como “jurisdicciones independientes”, que protegen a los inmigrantes indocumentados de la deportación al limitar la cooperación con las autoridades federales. Por ley, la aplicación de la ley de inmigración es responsabilidad del gobierno federal; En la práctica carece de recursos suficientes. El gasto masivo y los recortes de personal prometidos por Trump exacerbarán el déficit, forzando al gobierno federal a confiar aún más en las autoridades estatales y locales para hacer gran parte del trabajo. Señalando su oposición, la legislatura de California introdujo recientemente, para su consideración, nuevas partidas para financiar servicios jurídicos para los inmigrantes que luchan contra la deportación y para prohibir, basándose en los principios constitucionales, el uso de recursos estatales y locales para la aplicación de las medidas de inmigración.
Trump ya ha amenazado con recortar la financiación federal a las jurisdicciones independientes. Pero estas tácticas de presión se han vuelto más difíciles por una reciente decisión de la Corte Suprema que limita condicionar el gasto por parte del gobierno federal para “coaccionar” a los funcionarios estatales en la implementación de las políticas federales.
Podemos recordar 2016 como el año en que el populismo regresó al poder en Estados Unidos. Pero también puede ser recordado como el comienzo de una nueva era de federalismo progresista y por la resistencia, defendida por los gobiernos estatales y locales confiados por sus ciudadanos para ayudar a mejorar sus vidas y comunidades.
Federalism and Progressive Resistance in America (Project Syndicate, 6 de enero de 2017)
Traducción: Mireia Esteva
Edición: Beatriz Silva
Laura Tyson es expresidenta del Consejo de Asesores Económicos del Presidente de los Estados Unidos, profesora de la Haas School of Business de la Universidad de California Berkeley, asesora principal del Rock Creek Group y miembro del World Economic Forum Global Agenda Council on Gender Parity.
Lenny Mendonca es Senior Fellow del Instituto Presidio y exdirector de McKinsey & Company.
