El federalismo europeo debe proponer fórmulas de financiación que reflejen los gastos asociados a los derechos sociales básicos, a las políticas de desarrrollo económico de los territorios, y a las singularidades
La distribución del gasto público admite muchas variantes pero, desde una concepción progresista, existen unos criterios políticos y de equidad que el resultado final debería respetar. Para tratar el tema de una manera adecuada convendría distinguir tres tipos de gasto pues exigen criterios diferentes en cada uno de los casos: los gastos vinculados a las singularidades, básicamente a las identidades nacionales; los gastos asociados a los derechos sociales básicos; y los gastos asociados a las políticas de desarrollo económico.
En el primero de los casos, el gasto vinculado a las identidades nacionales, a las singularidades, como, por ejemplo, el eventual sobrecoste generado por su adecuado tratamiento en el sistema educativo, no responde a una lógica de solidaridad sino de ‘reconocimiento’ que forma parte de la igualdad. Se trata de un criterio a mantener a nivel europeo.
En el caso del gasto vinculado a los derechos sociales básicos hay que considerar que en España, actualmente la sanidad, la educación y la dependencia, derivan de las competencias asignadas a las Comunidades Autónomas siguiendo criterios de descentralización de la gestión y de una concepción política de la solidaridad. A nivel europeo se tratará de diseñar el sistema partiendo de competencias iniciales de los diversos Estados, generalmente con formas variadas de gestión descentralizada territorialmente.
El gasto correspondiente debe disponer de una financiación adecuada de modo que, globalmente, se respete el principio de ordinalidad que expresa un criterio de equidad puesto que aquellos que realizan una aportación neta a la solidaridasd no deben resultar en peores condiciones que los que se beneficien, en términos de habitante real. El criterio puede generar soluciones múltiples.
En el caso del gasto vinculado a las políticas de crecimiento económico se trata, básicamente, de una competencia del Estado que debe diseñar estrategias globales. Por ejemplo, si el Corredor Mediterranio representa una oportunidad clave para el Levante español y el conjunto de la economía, está justificado un esfuerzo inversor europeo y español. Lo mismo es válido para ayudar a una región a paliar los resultados devastadores de la crisis de un sector, la mineria, por ejemplo; en este caso estaría justificado sobreinvertir en la misma durante unos años en actividades generadoras de ocupación.
Las políticas de desarrollo territorial deben reflejar prioridades basadas en las necesidades pero también en las oportunidades que ofrecen los diversos territorios. Es un tema políticamente delicado pero distinto de la organización de las políticas de solidaridad relativas a los riesgos sociales básicos.
Desde la perspectiva del federalismo europeo, entre los gastos relacionados con la solidaridad el que presenta mayores retos institucionales es el de la solidaridad territorial: basta pensar en la crisis generada por la primera propuesta de organización del campo después de la reunificación de la RFA y la RDA, en la que diversos landers receptores netos de financiación pasaron a ser contribuidores netos y se opusieron a la misma.
Debido a estas dificultades y retos, el diseño del nuevo sistema de solidaridad es –a mi juicio- el aspecto que requeriría mayor atención ya desde el presente, generando alternativas y valorándolas, incluyendo también el proceso de transición e implantación.
Blog Esquerra sense fronteres, 25 de diciembre de 2016
