El acuerdo firmado entre la UE y Turquía en marzo pasado para regular la entrada de refugiados a territorio europeo incumple con el régimen de asilo y las directivas comunitarias y atenta contra las libertades individuales y los derechos que se derivan de los principios de solidaridad e igualdad ante la ley.
Es lo que plantea Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción y miembro de Federalistes d’Esquerres, en el recurso que ha impulsado para anular el acuerdo entre la UE y Turquía y que fue presentado ante el Tribunal Europeo de Justicia el pasado 29 de noviembre. Para su redacción contó con la ayuda del también exfiscal José Maria Mena y el jurista y exdiputado, Diego López Garrido.
El recurso ha sido interpuesto a través del abogado griego Harry Ladis y se basa en el caso de un ciudadano paquistaní, Shabbir Iqbal, que se encuentra amenazado de expulsión tras huir de su país por las amenazas de muerte de grupos talibanes. Carlos Jiménez Villarejo cuenta con el apoyo de diversas organizaciones locales e internacionales para sacar adelante este recurso, entre ellas Federalistes d’Esquerres.
Por Siscu Baiges y Beatriz Silva
¿Por qué se ha presentado este recurso?
El recurso que se ha planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el acuerdo de la Unión Europea con Turquía del 18 de marzo pasado tiene un objetivo fundamental: que sea suspendido cautelarmente o provisionalmente, una vez que haya sido admitido a trámite, y, en segundo lugar, y de forma ya definitiva, en virtud de sentencia firme, que sea anulado y que se dejen, por tanto, sin efecto todas sus consecuencias jurídicas, como es el desplazamiento forzoso de los refugiados que se hallan en cualquier estado miembro de la Unión Europea y particularmente en Grecia. Que se deje suspendida esa decisión y que cada ciudadano permanezca allí donde quisiera estar, sin perjuicio de acudir a las medidas de protección internacional a la que todos los ciudadanos externos a la Unión Europea tienen derecho.
Pese a las revelaciones que hayan podido hacer los dirigentes de la Unión Europea, el acuerdo en sí mismo tiene un eje central que es el retorno inmediato de los que llama ‘migrantes irregulares’ que han llegado a Grecia, Italia y otros estados de la Unión Europea. Hay una libertad de circulación de personas, con los controles fronterizos correspondientes, que está garantizada por el derecho internacional y por los derechos humanos particularmente. Estas personas tienen derecho a ser acogidas en virtud de los principios que rigen el derecho internacional, el Estatuto de los Refugiados, de 1951, llamado Convención de Ginebra, y el Protocolo de Nueva York que lo desarrolló, en 1957. Son principios que garantizan que los ciudadanos afectados por situaciones de guerra, violencia, persecución o temor a ser perseguidos por razón de sus ideas, nacionalidad, etnia, etcétera, puedan acudir a otros estados buscando asilo, acogida, protección internacional.
De este derecho humanitario se deriva que la Unión Europea no podía haber adoptado el acuerdo con Turquía, porque las personas devueltas a ese país tienen un estatuto de absoluta inseguridad personal y jurídica. Así lo demostraron con toda claridad los tres eurodiputados del grupo de Izquierda Unitaria que visitaron, el mes de mayo, los campos de deportados en Turquía. Consta como anexo al recurso planteado que todos ellos denunciaron que Turquía se estaba comportando como una agencia de deportación de la Unión Europea y en modo alguno como una agencia de protección y asilo de las personas que eran deportadas.
Al mismo tiempo había una situación gravísima para las personas vulnerables pese a que en las directivas comunitarias se habla con mucha intensidad de la necesidad de su protección cuando hay movimientos migratorios: menores, menores no acompañados, personas enfermas, personas con enfermedades psíquicas, ancianos… Los tres eurodiputados constataron de forma flagrante que esas directivas no se cumplían. Denunciaron que sólo un 10% de los niños de los campos de refugiados en Turquía asistían a la escuela. Además, las personas deportadas no tenían acceso a abogados, ni ningún tipo de garantía para defender sus derechos. Son personas carentes de derechos.
Eso es lo que ocurre de forma patente y flagrante. Ese acuerdo se debe anular y dejarlo sin efecto absolutamente porque supone una lesión gravísima a principios fundamentales del derecho humanitario internacional.
¿Quién está tras el recurso?
Las dos asociaciones que prioritariamente impulsan este recurso son la Asociación de Juristas Demócratas y la Fundación Congreso Catalán para la Salud Mental. Delegaron en mí para que lo preparara. Los tratados internacionales de la Unión Europea con estados externos, como Turquía, están sometidos a la legalidad de la Unión y a la legalidad internacional. Los dirigentes de la Unión negaron que el acuerdo con Turquía fuese un verdadero tratado pero es falso. Lo han demostrado sobradamente expertos constitucionalistas de máximo rango. Estamos ante un tratado auténtico con un estado externo que regula y lesiona derechos de personas ajenas a la Unión Europea, como son los refugiados procedentes de todos los países fronterizos con ella y de países como Siria, Afganistán, Irán, Irak,…
Solo en el marco de un tratado internacional se puede concebir que se regulen derechos de personas externas a la Unión sobre las cuales no tiene ninguna jurisdicción. Estamos hablando de un tratado entre la Unión Europea y Turquía sobre personas que no pertenecen a ninguna de los dos, porque proceden de otros países. Nos parecía que era necesario plantear la legalidad de ese tratado. Una de las funciones básicas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es controlar las medidas restrictivas de las personas físicas y jurídicas. No puede hacer distinciones entre si son nacionales o externos a la Unión Europea.
Se estaban produciendo resoluciones y medidas de la Unión Europea prohibidas por los tratados internacionales. El convenio de Roma sobre los derechos humanos prohíbe taxativamente las devoluciones colectivas. Este convenio –que no ha firmado Turquía- ha sido violado sistemáticamente por parte de la Unión Europea y es un principio inspirador del derecho internacional humanitario.
El número de personas devueltas masivamente a Turquía se desconoce con exactitud. En un primer momento fue muy importante pero luego bajó porque también bajó la llegada masiva de refugiados e inmigrantes a las costas de Grecia por los controles que estableció la Unión Europea a través de la OTAN. En el tratado consta que la OTAN garantizará su cumplimento. La OTAN es una organización militar que se empleó para impedir la llegada a Grecia de los refugiados que huían de la guerra, el hambre, la miseria…
Todo ello describe un marco internacional de permanente violación de derechos y de los principios que inspiran el funcionamiento de la Unión Europea. Si uno lee el Tratado de la Unión Europea, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,… verá que hay varios principios que son su columna vertebral. Uno de ellos es la solidaridad internacional, que se ha quebrado en virtud de este tratado con Turquía.
Los acuerdos de reubicación y de reasentamiento de refugiados adoptados por la Unión Europea han sido incumplidos por sus estados miembros
El 14 y el 22 de setiembre de 2015 se aprobaron dos directivas comunitarias que hacían frente a lo que llamaban ‘afluencia masiva’ de movimientos migratorios a Italia y, particularmente, a Grecia. Se acreditaba la llegada a Europa de 475.000 personas. Parte de ellas fueron devueltas. De otras no sabemos muy bien qué pasó con ellas, porque entraron, con muchas dificultades, en otros estados de la Unión. En setiembre de este año, Amnistía Internacional decía que permanecían en Grecia aproximadamente unas 62.000 personas refugiadas y que en estados miembros de la Unión Europea solo se habían reubicado unas 3.700 personas. La Unión Europea no está cumpliendo los compromisos asumidos en las directivas de setiembre de 2015, cuando dijo que iba a reubicar a 120.000 refugiados. No lo ha hecho nunca. Ni lo hará, creo yo. Está incumpliendo sus propios compromisos derivados del acuerdo con Turquía.
Es flagrante la violación de los principios fundamentales incluidos en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de Derechos Fundamentales. Es una desviación de poder, un abuso del poder, de su ejercicio no en servicio a los ciudadanos, la comunidad o los intereses generales sino en servicio a intereses particulares de la Unión Europea y de sus estados miembros. Hay estados como Polonia o Hungría que no han admitido la reubicación de ningún refugiado en su territorio. Eso es absolutamente contradictorio con los principios de solidaridad y humanidad que deben presidir la Unión Europea por imperativo legal.
Estamos ante una situación de crisis profunda de la Unión Europea. Digan lo que digan en sus declaraciones, los dirigentes europeos están olvidando y vulnerando sistemáticamente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sean nacionales de los estados miembros, sean externos, y el derecho a la libre circulación que las personas tienen, con independencia de que se establezcan unos mínimos controles. Una cosa es que haya controles en las zonas fronterizas de la Unión y otra distinta es que se practique una política de rechazo y devolución colectiva, como se está produciendo, de las personas que tratan de acceder a la condición de refugiado, que merece una protección singular y especial, ya que huyen de situaciones límite para la vida y la libertad, como son las guerras, la violencia, el hambre, la miseria,…
El recurso está justificado y también está más que justificado que el Tribunal de Justicia se lo tome en serio, estudie a fondo sus fundamentos de derecho y de hecho y dé un paso adelante y proclame para el bien del futuro de la humanidad que la Unión Europea cometió un gravísimo error cuando firmó el tratado con Turquía, el 18 de marzo de 2016.
¿Qué le pide al proyecto europeo, llegados a este punto?
Primero, que deje sin efecto el tratado con Turquía, que no ha sido nunca un ‘país seguro’ y menos ahora que, tras el supuesto golpe militar, se han producido unas políticas autoritarias y represivas respecto de grandes sectores de la población, entre ellos los jueces y fiscales, que no creo que tengan mucho que ver con un golpe de Estado. Hay que acabar con ese tratado si se quiere avanzar en la solución de la crisis de los refugiados.
Me preocupó mucho el editorial de un diario de gran solvencia en nuestro país que reconocía que hay una política represiva activa en Turquía pero defendía que, pese a todo, había que mantener la relación de la UE con ese país para hacer frente a la crisis de los refugiados. Es un error manifiesto. Turquía no ha sido nunca un país seguro para nadie. Ha permitido que se situase a refugiados junto a la frontera de Siria, permitiendo que sufran las consecuencias de los ataques de cualquiera de las partes en conflicto. Esto es así y está ocurriendo ante el silencio de la comunidad internacional. Es gravísimo.
La Unión Europea debe avanzar en la dirección de conformar un conjunto de estados sólidamente unidos por un objetivo común de carácter democrático, humanitario y respetuoso de todos los derechos humanos. Debe garantizar que los estados que se están apartando de estos principios vuelvan a ellos. Hemos visto estos días con preocupación el tema de la posible elección de un candidato de la extrema derecha a la presidencia de Austria. Afortunadamente, ha concluido con la elección de un candidato demócrata. En cualquiera caso, la Unión Europea no puede consentir que haya estados que forman parte de ella donde se apliquen políticas de rechazo y repudio de la presencia en su territorio de personas extranjeras con el origen y las características de los refugiados.
La Unión Europea tendría que reforzar su carácter de estado superior y garantizar que no haya estados que se aparten de los principios inspiradores de su creación, como la solidaridad internacional.
¿Es esa la Europa federal hacia la que hay que avanzar?
La crisis de los refugiados continuará y es evidente que si la Unión Europea quiere mantener una estructura unitaria y sólida frente a cualquier política que contradiga sus principios democráticos tiene que garantizar que los estados miembros tengan una relación armónica y solidaria entre sí, federal. No se puede consentir que se produzcan políticas anti-humanitarias en las fronteras de Grecia o Hungría y que no haya ninguna respuesta de la Unión Europea o la Comisión Europea hacia esos estados.
Se están carcomiendo los principios federales de la Unión Europea, como una unión de estados con principios comunes respetados por todos los estados miembros. Si no es así, se ponen en crisis los principios de naturaleza federal que inspiraron en su momento la creación de la Unión Europea que tenemos ahora.
¿Necesitamos una Europa federal y solidaria para hacer frente a esa crisis de los refugiados?
Necesitamos una Europa donde todos y cada uno de sus estados miembros respeten la totalidad de los derechos fundamentales de la persona, que están proclamados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en todos los artículos de la Carta Fundamental. A partir de ahí, se puede construir una estructura sólida y federal. No hacen falta nuevos principios comunes, que ya están establecidos en sus tratados, sino garantizarlos y respetarlos por parte de todos los estados miembros.
¿Habría que unificar la política de asilo en todos los países de la Unión?
Hace falta poner en marcha políticas de protección internacional en los términos más amplios posibles. Desde la aplicación sistemática del derecho de asilo hasta la protección subsidiaria establecida sobradamente en los convenios internacionales y en las directivas comunitarias.
Hace falta la voluntad política de superar la actitud discriminatoria que ha dominado en muchos gobiernos de la Unión Europea respecto de las personas procedentes de países vecinos que acudían a Europa intentando salvar sus vidas. En Europa, a veces, no solamente no han encontrado ese salvavidas necesario para continuar viviendo dignamente con sus familias, sobre todo las personas vulnerables, sino que han encontrado rechazo. Desde ese rechazo no se puede construir una Europa federal. La Europa federal solo se puede construir desde el acogimiento, desde la protección internacional y desde la reubicación de todos los refugiados entre los estados miembros.
Los miles de personas que están llegando a Europa buscando acogida representan una cifra casi inapreciable en comparación con la población europea y puede ser asumida sin ningún tipo de problema de convivencia. Y si los hubiera, y sabemos que los ha habido en Hungría o Alemania, con grupos de extrema derecha, hay que tomar las medidas adecuadas para perseguir y evitar cualquier política de discriminación, de odio, de incitación al rechazo de personas porque son ‘distintas’ de los que somos europeos de origen.
Para la presentación del recurso ha sido fundamental la denuncia del ciudadano paquistaní Shabbir Iqbal, detenido en Grecia, y de su abogado griego, Harry Landis.
El recurso se ha fundamentado sobre dos requisitos básicos, que han sido una de las cosas que lo han retrasado. Había que encontrar la persona refugiada que reuniera los requisitos que exige el tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Se puede recurrir ante una decisión de cualquier órgano de la Unión –en este caso, el Consejo Europeo- que viole normas nacionales o internacionales o que incurra en desviación de poder que perjudique personas físicas o jurídicas.
Las personas físicas están perfectamente legitimadas para impugnar el Tratado mediante un recurso. Iqbal es un refugiado paquistaní. Parte de su familia ha sido asesinada por Estado Islámico. Otra parte de ella sigue aún en Paquistán. Él mismo está en estos momentos en Grecia, expuesto a ser deportado porque se le ha denegado el asilo. La Oficina Europea de Asilo (EASO) está actuando con criterios muy restrictivos en la concesión de asilo a estas personas que han buscado refugio en Grecia y la Unión Europea.
Hacía falta el compromiso de un ciudadano como él. Un ciudadano externo a la Unión Europea, procedente de un país conflictivo, como lo son Siria, Afganistán, Irak, Eritrea… Son seres humanos, personas que tienen una dignidad inviolable. Por tanto, el que haya alguno que se haya atrevido a ofrecerse para impugnar el Tratado de la Unión Europea con Turquía, porque viola normas europeas e internacionales que lesionan sus derechos fundamentales, tiene un valor enorme.
Naturalmente ha representado un esfuerzo complementario encontrar un letrado griego que estuviera dispuesto a asumir el compromiso de presentar el recurso. Su interposición es fruto del acuerdo de un conjunto de organizaciones democráticas y humanitarias de nuestro país y, al mismo tiempo, del letrado Harry Ladis, que ha asumido llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El grueso del recurso, más los anexos que lo complementan, justifican y le dan solidez fue preparado en Barcelona. La suma de los esfuerzos de todos ha hecho posible que el día 29 de noviembre se enviara por vía electrónica al Tribunal de Justicia de Luxemburg.
Quiero destacar el valor que tiene la suma de un ciudadano refugiado en una situación límite, porque está expuesto a la deportación en cualquier momento, y un abogado formado, riguroso, serio, que no ha tenido inconveniente en trabajar sobre la base de un estudio hecho en Barcelona. La suma de estos esfuerzos nos ha llevado a una situación de incertidumbre, pendientes de la decisión del Tribunal de Justicia de Luxemburgo, pero hay razones muy sólidas para que admita a trámite el recurso y, a partir de ahí, se sigan los pasos previstos en su reglamento procesal.
Es una apuesta importante por el derecho, por la justicia, por el respeto de los derechos humanos, por las leyes humanitarias, por una sociedad europea cuyos gobiernos y en su conjunto respeten, sin ningún tipo de vacilaciones, lo que son los principios que dieron lugar a la Unión Europea en su día y que debe avanzar hacia un estado unitario y federal, sólido, generoso, humanitario y profundamente democrático.
¿Aparte de un recurso que paralice el Tratado de la Unión Europea y Turquía no debería plantearse otras vías judiciales para exigir responsabilidades políticas y penales a quienes lo han aprobado?
El recurso denuncia que el Consejo Europeo, constituido por los jefes de estado y de gobierno de todos los países miembros de la Unión, ha incurrido en una violación grave de normas jurídicas del propio sistema comunitario, con desviación y abuso de poder al servicio de intereses ajenos a los principios de la Unión y en perjuicio de miles y miles de personas en situación de vulnerabilidad absoluta como son los refugiados. Eso entraña una responsabilidad política gravísima. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegase a esta conclusión la responsabilidad política de los dirigentes europeos quedaría acreditada.
Espero que la independencia del tribunal garantice una respuesta neutral, imparcial y que, bajo ningún concepto, se deje influir por los estados miembros y sus gobiernos. Dada la transcendencia internacional y humanitaria que tiene este recurso espero que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo supere cualquier riesgo de pérdida de neutralidad o de imparcialidad y que forma independiente resuelva de forma favorable al recurso y a esos miles de personas a las que Europa no ha querido dar la respuesta que, como seres humanos y por su dignidad, merecían.
