La organización institucional del Estado autonómico español tiene carencias graves. Una es que las comunidades autónomas no participan en la adopción de las decisiones del Estado central. Se tendrían que determinar además con claridad las competencias del Estado central y las de las comunidades autónomas, y el árbitro entre el Estado y las comunidades autónomas, el Tribunal Constitucional, no tendría que ser designado prácticamente por una sola de las partes, el Estado. «¿Estado autonómico o Estado federal?» (La Vanguardia, 5 de abril de 2016)