El problema catalán no es sólo el resultado de la huida hacia delante del soberanismo, sino que es también la expresión del problema español en su conjunto: la falta de un proyecto colectivo, de carácter proactivo, capaz de actualizar el pacto constitucional de 1978. Más que un gobierno de gran coalición, España necesita un federalismo simétrico en derechos y deberes, garante de la igualdad de todos los ciudadanos, y asimétrico en competencias, sobre todo las que derivan de los hechos diferenciales
La Fundación España Constitucional ha publicado un manifiesto titulado “Ante la situación política”. Los miembros de esta fundación –exministros de la UCD, el PSOE y el PP– abogan por “la vía de una gran coalición, de dos o más partidos constitucionalistas, con un programa concreto y firmado, al menos para media legislatura”. El manifiesto puede acertar en la terapia, pero se equivoca en el diagnóstico: sitúa como factor determinante de esa gran coalición la situación de “extraordinaria gravedad” que plantea el proceso de independencia en Catalunya.
No discrepo tanto de la fórmula que se propone como del carácter reactivo, a la defensiva, del manifiesto. El problema catalán no es sólo el resultado de la huida hacia delante del soberanismo, sino que es también la expresión del problema español en su conjunto: la falta de un proyecto colectivo, de carácter proactivo, capaz de actualizar el pacto constitucional de 1978. Más que un gobierno de gran coalición, España necesita un pacto de gran ambición al que se invite a los partidos parlamentarios, sin apriorismos ni exclusiones, con una ponencia constitucional y una mesa social para definir los pactos de la Moncloa del siglo XXI.
Apuntaré algunos ítems. Regeneración democrática: corrupción sistémica, financiación de partidos y sistema electoral. Federación: reconocimiento de las naciones hispánicas –las nacionalidades de la Constitución de 1978– en una España entendida como nación de naciones; un federalismo simétrico en derechos y deberes, garante de la igualdad de todos los ciudadanos, y asimétrico en competencias, sobre todo las que derivan de los hechos diferenciales (lengua, cultura, derecho civil…). Financiación: la efectiva aplicación del principio de ordinalidad en la contribución a la solidaridad y la revisión del cupo vasco –no del concierto–. Consejo Federal: un Senado reducido, al estilo del Bundesrat, que arbitre sobre la llamada “competencia legislativa concurrente”. Monarquía: el Rey como símbolo de la unidad de España, pero también de la diversidad de sus pueblos (preámbulo de la Constitución). Unión Europea: adaptación al marco surgido del ingreso de España en Europa (1986). Estado de bienestar del siglo XXI: qué modelo social queremos y de qué fiscalidad nos dotamos para sustentarlo.
Esta tarea, esa gran ambición, podría culminarse en dos años. Al final, como prevé la Constitución, sería la hora de aprobar la reforma, disolver las Cámaras, proceder a su ratificación por las nuevas Cortes y someterla a referéndum. Entre tanto, un gobierno de gestión debería despachar los asuntos corrientes, consolidar el crecimiento económico e impulsar un plan de choque social para que este crecimiento permita salir del pozo a los más damnificados por el largo ciclo de crisis. Un programa reformista para un bienio reformista, en suma.
Hay una persona que está incapacitada para liderarlo: Mariano Rajoy Brey. No puede presidir un proyecto regeneracionista el responsable máximo, por activa y pasiva, de la corrupción de su partido; ni puede impulsar las reformas el que ha dado repetidas muestras de inanición política.
