Soy uno más de la mayoría de catalanes que luchamos por un pueblo de Catalunya, solidario con los pueblos de España, empeñados en la construcción de una España justa e igualitaria en el marco de un Estado Federal. Inspira por eso una gran preocupación y hasta temor de que una coalición tan insólita, como la de Juntos por sí y la CUP, se atribuya la representación de toda Cataluña y llame a la desobediencia de leyes democráticas
Soy uno más de la mayoría de catalanes que luchamos por un pueblo de Catalunya, solidario con los pueblos de España, empeñados en la construcción de una España justa e igualitaria en el marco de un Estado Federal. Y me identifico plenamente con un texto ejemplar escrito en 1876 por un catalanista y republicano como fue Pi i Margall: “Derribar y no levantar vallas debe ser el fin de la política….Enseñemos a nuestros semejantes a vivir con hombres de otras razas y aún de otros colores, no solo en relación de comercio, sino también en comunidad de ideas y sentimientos”. Añadía, después de reiterar la “ineficiencia del sistema unitario” que el “principio de la Federación es el único que puede reunir en un todo orgánico nuestro linaje”.
Con este y otros muchos antecedentes mas recientes resulta inaceptable la Resolución del Parlament de Catalunya del pasado 9-N, proclamando el proceso hacia “un estat catalá independent”. Representa un levantamiento antidemocrático contra el Estado constitucional actual, creado después de tres años de Guerra Civil y cuarenta de Dictadura. Es un golpe de Estado.
Pero inspira un gran preocupación y hasta temor que una coalición tan insólita, como la de Junts pel si y la CUP, y minoritaria en votos sea capaz de desafiar a nuestra democracia, atribuirse la representación de toda Catalunya, llamar a la desobediencia a la Constitución y leyes democráticas españolas y hacerlo todo -como si de un grupo de agitadores se tratara- sin ningún fundamento jurídico que justifique su alzamiento.
Preocupa por muchas más razones. Porque lo han hecho aprovechando la Ley Electoral española -que les proporcionaba mas escaños de los que proporcionalmente les hubieran correspondido- y adulterando un proceso electoral cuyo fin, legalmente, solo podía ser la alternancia en el Gobierno de Catalunya. Dicha Resolución está, pues, viciada por una artimaña espuria en la aplicación de la legislación electoral. Artimaña que no les impidió perder en apoyo ciudadano.
Porque, además, resulta inadmisible que una decisión política, como es dicha Resolución, adoptada, lo admitan o no, en el marco de un Estado democrático, carezca totalmente de la única fuente de su legitimidad: la legalidad democrática.
Nadie duda de la condición de nación de Catalunya. Y la Constitución de 1978, pese a sus precauciones y resistencias, lo reconoce implícitamente en la Disposición Transitoria Segunda cuando se refiere a “los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía”, entre los que solo estaban Euskadi y Catalunya. Ciertamente no se optó, con la conformidad de las fuerzas políticas catalanas, por un Estado estructurado federalmente pero se aceptó un Estado descentralizado por la vía de las Autonomías.
Es evidente que reconocemos y apoyamos el derecho del pueblo de Catalunya, que, desde luego, integre plenamente a la totalidad de sus ciudadanos, a un régimen de autogobierno mucho más amplio en sus competencias y en la exclusividad de la mayor parte de ellas. Catalunya, vinculada históricamente a España desde hace siglos, solo puede y debe hacerlo desde la aceptación y el respeto de las instituciones democráticas españolas que, desde luego, exigen una profunda reforma constitucional. Con un presupuesto irrenunciable, Catalunya no está subyugada ni dominada por el Estado español y es falso que la pretendida independencia augure una supuesta libertad.
Los ciudadanos catalanes, como los españoles, están padeciendo por igual los efectos de la crisis económica y de la restricción de libertades. La explicación es muy sencilla: el proceso soberanista ha sido paralelo al desarrollo de las políticas del Partido Popular y dirigido- ahora integrado en Junts pel sí- por una fuerza política, CDC, que, como el PP, está enlodada hasta la médula de corrupción. La pretendida independencia conlleva calculadamente la plena impunidad. Nadie puede ignorar que con este objetivo pretenden librarse de la Jurisdicción penal estatal que, en este momento, tiene sometidos a investigación al fundador de la formación dirigente, al ex Secretario General de la misma e hijo del anterior y a toda su familia, además de destacados altos cargos de CDC.
Desde el comienzo de dicho proceso, Convergencia Democrática ha practicado un nacionalismo del bienestar que le permitía y le permite mantener un equilibrio entre las políticas económicas y sociales mas conservadoras y la promesa, desde luego engañosa, de un futuro de prosperidad y de justicia.
¡Ya está bien¡ Desde Federalistes de Esquerres, exigimos el cese de este proceso fraudulento y solicitamos a la ciudadanía y las Instituciones catalanas lealtad a los trabajadores/as de España, que sufren, en todo caso, las mismas o peores privaciones que los trabajadores catalanes y, sobre todo, la “lealtad institucional”, presente en el Estatuto de Autonomía en vigor, hacia la democracia española de la que continúan formando parte y de la que se beneficia, sin perjuicio de su profunda renovación, y, sobre todo, hacia los pueblos de España.
Desde luego, en un Estado de naciones y regiones libres y plenamente reconocidas. Porque constituye un gravísimo error histórico romper una convivencia de siglos desde el radicalismo propio de todos los nacionalismos, de “nosotros” frente a “ellos”, cuando estos, es decir, los que llaman “los españoles” están siendo desde hace mucho tiempo los mas perjudicados por las políticas neoliberales y autoritarias de los actuales Gobiernos de España y Catalunya, tantas veces aliados.
No debemos olvidar que de producirse esa ruptura se generaría en Catalunya un proceso de crisis de la convivencia, de diversidad de trato y consideración, de exclusiones, de menosprecio y hasta de hostilidad. Basta repasar nuestra reciente historia europea.
Deseo recomendar a los ciudadanos y formaciones independentistas que tengan presente aquel hermoso cartel de solidaridad de la Catalunya republicana durante el asedio fascista a la capital del Estado: “Ajut permanent a Madrid”.
Intervención de Carlos Jiménez Villarejo en ‘Gran encuentro federalista’ celebrado el día 21 de noviembre de 2015 en el Teatro Sagarra de Santa Coloma de Gramenet
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