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El Gobierno catalán pretende convocarnos a votar el día 9 de noviembre en ejercicio de un derecho inexistente, en aplicación del compromiso de una mayoría parlamentaria que tampoco existe, respondiendo a unas preguntas de difícil interpretación y aplicando una legislación catalana que confunde las consultas no vinculantes con los referendos consultivos. Esta es la política de la claridad catalana. Que venga el Tribunal Supremo de Canadá y nos eche una mano, por favor. “La ley de la oscuridad” (El País, 1 de septiembre de 2014).