El Estado debería abordar las tensiones lingüísticas con un plan acorde con el espíritu del federalismo y distinto de la vía del blindaje: tomar la iniciativa y desarrollar, por primera vez, su propia política lingüística. Dicha política, que podría insertarse en la reforma de la Constitución, se apoyaría en una Ley de Lenguas Oficiales que mejorara el reconocimiento de la realidad plurilingüe de España y sentara un marco claro de obligaciones de la Administración y derechos de los administrados. Esta ley llevaría a hacer del catalán, el vasco y el gallego lenguas oficiales del Estado junto al español. «Todas las lenguas de España» (El País, 1 de diciembre de 2014)
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