Transcurridos unos meses desde que dimos a conocer el Llamamiento a la Cataluña federalista y de izquierdas, pensamos que ha llegado la hora de hacer un paso más y constituir formalmente un movimiento cívico que reúna a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas partidarios de la unión en libertad con los otros pueblos de España y decididamente contrarios a levantar nuevas fronteras.
Un movimiento cívico europeísta y federalista, que parta de la base que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, pero que, desgraciadamente, formamos parte de un mundo con un orden social injusto, con graves problemas comunes, como las desigualdades crecientes o la degradación medioambiental. Y que no es ajeno al hecho que en Europa estamos experimentando desde ya hace unos años un proceso regresivo que nos lleva a la mengua o desaparición de las sociedades del bienestar. Un movimiento organizado de ciudadanas y ciudadanos respetuoso con el papel de las instituciones representativas y de los partidos políticos, pero que se propone defender enérgicamente la justicia social y la razón democrática. Un movimiento que se remita a una larga tradición, la tradición federalista, y que toma como referencia la experiencia de países lo suficiente relevantes que han hecho compatible la solidaridad y la diversidad.
Queremos crear un movimiento de larga duración que defienda estos valores más allá de la coyuntura actual y que muestre que hay una Cataluña de amplios horizontes que aspira a tener un papel protagonista en España y en una Europa unida y más igualitaria, dónde identidades nacionales singulares como la catalana se puedan manifestar en toda su plenitud. Esta ha sido siempre la vocación mayoritaria del catalanismo.
Consideramos que el denominado proceso para llevar a cabo una consulta de secesión con el calendario acordado por CIU y ERC parte de una lógica deliberadamente tramposa. Ambas formaciones saben que en el actual marco constitucional no es posible preguntar a la ciudadanía de Cataluña de forma clara e inequívoca sobre esta cuestión; que no hay otra legalidad posible que aquella que emana de la Constitución de 1978 y del Estatuto de 2006. Saben también que el anuncio imperativo de hacer una consulta al margen de la ley es un acto de insumisión que nos abocaría a un escenario de confrontación social, con resultados políticamente inciertos, necesariamente negativos para la convivencia que, con toda seguridad, empeorarían las condiciones materiales de existencia de muchos ciudadanos. También saben que hasta ahora no hay un solo estado miembro de la Unión Europea que apoye ni que vea con simpatía un proceso independentista en Cataluña. El futuro de Cataluña sólo tiene sentido en el marco de una Europa unida y sin fronteras, donde podamos vivir en concordia con todos nuestros vecinos.
El camino a seguir no puede ser el de someter a la sociedad catalana a la enorme tensión da un proceso dónde la ciudadanía se vería obligada a escoger no sólo entre la legalidad constitucional y el unilateralismo soberanista, sino también entre sentimientos de pertenencia. Tampoco lo seria caer en pactos o parches de último minuto que alargarían el problema indefinidamente. Por esto, nuestro objetivo no puede ser otro que promover una reforma constitucional con cuatro grandes objetivos:
1 . Regenerar a fondo el modelo político e institucional español, haciéndolo más democrático y participativo, renovando el pacto social entre la ciudadanía.
2 . Transformar el modelo autonómico en un sistema federal en base a los principios de la cooperación, la lealtad institucional y la solidaridad. Un federalismo que garantice la igualdad de derechos y deberes entre los ciudadanos, pero que también reconozca explícitamente el carácter compuesto del Estado y que afirme sin complejos la pluralidad lingüística y cultural de España en el contexto de una Unión Europea más unida y solidaria.
3 . Situar en el nuevo marco constitucional la posibilidad de la secesión territorial en base a reglas claras y a principios de excepcionalidad y de grandes mayorías.
4 . Dar la última palabra a la ciudadanía para que pueda escoger entre monarquía o república como forma de Estado.
Así pues, no consideramos que España, como cualquier otra unidad estatal, sea esencialmente indivisible al margen de la voluntad de sus ciudadanos. Ahora bien, en democracia, es fundamental el respeto por el estado de derecho y por el orden de los procesos y, en este sentido, es lo suficientemente evidente que sólo hay un camino posible: la reforma constitucional. La secesión territorial unilateral en estados democráticos no es un derecho internacionalmente reconocido sino una posibilidad que sólo se ha ejercido en Canadá y próximamente en el Reino Unido, porque en ambos casos no existe ningún impedimento jurídico. El caso de España no tiene nada de excepcional en contra de lo que se nos quiere hacer creer, al margen del barroquismo unitarista del tan a menudo citado artículo 2 de la Constitución. En el contexto actual, en que necesitamos la construcción de un poder político fuerte que pueda hacer frente a la globalización económica y financiera, lo último que nos conviene a los europeos es que hayan intentos unilaterales de creación de nuevas fronteras. Al contrario, lo que nos conviene es derrocar las fronteras que todavía existen y configurar una auténtica unión federal.
Finalmente, es evidente que la brutal crisis socioeconómica que sufrimos desde hace años ha agudizado el agotamiento del modelo político e institucional español de los últimos 35 años. Creemos que hoy se dan las condiciones para vislumbrar que las próximas elecciones generales, inicialmente previstas para el 2015, deberán tener un carácter constituyente que promueva una reforma a fondo de la democracia española nacida en 1978. Estamos convencidos que los valores del federalismo pueden ser claves en el proyecto de regeneración democrática que quiere la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
