La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República deja sentadas las bases compartidas por la antigua Convergencia, ERC y la CUP para la organización de ese nuevo Estado. Sorprenden muchas cosas. Ante todo, que el compromiso social de esa ley sea más débil que el de la Constitución Española. De hecho, el reconocimiento específico de derechos sociales se reduce al punto segundo del artículo 23, exactamente cuatro líneas, 40 palabras, de un total de 45 folios. Es difícil comprender cómo los dos partidos firmantes que se reclaman de izquierda (ERC y CUP) han podido aceptar un texto tan poco preciso en ese campo y tan estricto en otros. «Lo que conviene leer con lupa» (El País, 10 de septiembre de 2017)
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