La reforma puede mejorar la participación electoral y popular. Igualmente puede modificar algunas instituciones que han funcionado mal, desde el principio (Consejo General del Poder Judicial) o en los últimos años (Tribunal Constitucional). Pero la intensidad mayor de la reforma se volcará en la estructura territorial del Estado, como aceptan la mayoría de los expertos y de las fuerzas políticas que se han pronunciado. La reforma territorial de la Constitución precisa un enfoque muy distinto al que tuvo en 1978 porque entonces solo (!) se puso en marcha el proceso de descentralización política y ahora se trata de organizar la estructura y el funcionamiento de un sistema político muy parecido en su dimensión a los sistemas federales. “La reforma constitucional y Cataluña” (El País, 1 de abril de 2017)