Los acuerdos para formar gobierno en Cataluña, en los que la reforma del sistema de financiación autonómico desempeña un papel clave, han puesto, inesperadamente, al federalismo en el centro del debate. Como integrantes de la Asociación por una España Federal, que agrupa organizaciones federalistas de todo el territorio español, queremos aprovechar la ocasión para expresar nuestra opinión sobre las propuestas de cambio que se abren en el futuro.
Las claves básicas de un modelo de financiación federal son asegurar un margen amplio de autonomía tributaria, disponer de mecanismos de solidaridad adecuados para compensar a los territorios de menor capacidad económica, y garantizar al máximo la suficiencia de las distintas unidades y niveles de gobierno.
En España existen dos sistemas de financiación: El de “régimen especial” o foral y el llamado de “régimen común”. La diferencia entre ambos es que el primero tiene reconocido un nivel de autonomía mayor que el segundo. Los sistemas forales tienen concertadas la práctica totalidad de las competencias tributarias, con la condición de que respeten una serie de criterios básicos de armonización y coordinación impositivas, y mantienen una conexión con el resto del Estado a través del “cupo” vasco y la “aportación” navarra.
El resto de las comunidades, que disponen de competencias de gasto similares a las existentes en las forales, han ido construyendo su autonomía de ingresos a lo largo de los años, desde que se aprobaron la Constitución y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas hasta la actualidad, con la participación expresa de los dos partidos mayoritarios en sus períodos de gobierno, procurando garantizar siempre el fortalecimiento de la autonomía de ingresos sin merma de la nivelación.
El modelo vigente en la actualidad, aprobado en 2009, tiene dos características fundamentales: Aun cuando la recaudación de los grandes tributos es centralizada, se comparten con las Comunidades los ingresos procedentes de los mismos: 50% del IRPF y del IVA, y 58% de los Impuestos Especiales. El otro gran instrumento federal es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, compuesto a partir del 75% de los recursos de las comunidades, además de una aportación de la Hacienda Central. Este fondo se destina a asegurar que todas las comunidades reciben los mismos recursos por habitante (ajustados en función de las necesidades) en cada una de las tres funciones principales de gasto que les corresponden (sanidad, educación y servicios sociales).
Sin embargo, la aplicación de otros fondos para cerrar el modelo en 2009, la crisis económica vivida a partir de 2008, o la ausencia de la renovación que se preveía para 2014, han dado lugar a una crítica generalizada del modelo ante la insuficiencia de recursos para financiar servicios de bienestar muy costosos, el gran crecimiento del endeudamiento de algunas comunidades y el cuestionamiento del excesivo desequilibrio vertical a favor de la Administración Central.
Desde nuestro punto de vista la profundización de un sistema federal debería partir de las siguientes posibles actuaciones sobre el modelo de financiación:
a) Un reparto proporcional de las grandes figuras tributarias similar al actual, acaso incorporando expresamente una participación de los gobiernos locales, reforzando, hasta donde sea posible, la distribución de las competencias normativas y marcando límites claros a la competencia fiscal a la baja.
b) Consolidar y ajustar el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, revisando tal vez las variables aplicadas para fijar las necesidades de gasto de las CA, y el destino de los recursos a los grandes servicios de bienestar.
c) Sustituir los fondos que generan distorsiones por un único fondo que permita dar respuesta a los problemas de transición que se planteen sin generar nuevas anomalías.
d) Reforzar financieramente los Fondos de Compensación Interterritorial en el ámbito del desarrollo regional, con la exigencia de fijar planes de convergencia económica, con los programas de evaluación sistemática y periódica de los mismos.
e) Acordar un plan de transformación de la AEAT en una Agencia integrada, incorporando la posibilidad de establecer, como medidas instrumentales en el proceso, consorcios o mecanismos de delegación similares (artículo 156.2 de la Constitución y 204.2 del Estatuto de Cataluña) para la gestión tributaria.
En relación con las propuestas contenidas en el acuerdo de investidura, como hemos defendido en documentos anteriores, creemos que, aun asumiendo una parte de estas, es imprescindible facilitar su extensión potencial a otras comunidades y reforzar el modelo territorial previsto en la Constitución, que defiende la igualdad entre los ciudadanos y los territorios y la garantía de los servicios públicos del Estado de Bienestar en todas las comunidades. Para ello consideramos esencial asegurar que la administración central dispone de recursos suficientes para desempeñar sus tareas (que incluyen sus responsabilidades de respuesta inmediata a situaciones de crisis como las que nos han afectado en los últimos tiempos) según se recoge en la Constitución.