En los días anteriores a las fiestas navideñas estalló una nueva polémica ligada al uso y la presencia de la lengua catalana en la escuela. La demanda presentada por los padres de un alumno de una escuela en Canet de Mar, solicitando que la mitad de las clases que recibe la criatura sean En castellano, está pendiente de resolución, y el tribunal correspondiente ha resuelto cautelarmente que mientras la demanda no sea resuelta, la docencia en aquella escuela incorpore un 25% de materias en lengua castellana.
Y ahí fue el incendio. El PP ha sacado el lenguaje más grueso, conducido por sus guías intelectuales ( ?? ) y siempre temeroso de la competencia nacionalista que le pueda hacer VOX mientras que la conselleria de Enseñanza, conducida por un conseller de ERC, se ha mostrado paralizada entre las habituales chorradas de los anónimos de twitter y la necesidad de partido de demostrar que no se hace ninguna concesión al españolismo.
No estaban discutiendo de lengua, ni de aprendizajes, ni de necesidades formativas, ni del rendimiento de las políticas de integración: unos y otros estaban utilizando una cuestión delicada para generar polémica, para distraer la atención de las respectivas batallas partidistas y por llenar tertulias en la radio y en la TV. Hasta tal punto que presenciamos manifestaciones de los padres de la escuela en cuestión reclamando silencio, exigiendo no ser instrumentalizados y pidiendo que fuesen la escuela y los tribunales quienes tuvieran la última palabra. Federalistas de Izquierdas nos hemos asociado, siempre, a las políticas lingüísticas (no sólo escolares) fijadas por la legislación vigente, aprobadas con un amplio acuerdo parlamentario y ratificadas una y otra vez por los tribunales. Consideramos que los 40 años de experiencia de la inmersión lingüística están en la base de una experiencia de éxito, consistente en que en Cataluña no se puede hablar de dos comunidades lingüísticas, y que (con las limitaciones propias de una sociedad dividida en clases sociales) el origen cultural o la lengua de uso familiar de las personas no son barreras discriminatorias en términos laborales y profesionales.
No son convincentes las voces que en los últimos tiempos han lamentado un hipotético retroceso en el uso social del catalán entre nosotros. No ha existido, o al menos nadie hoy puede recordarla, una Arcadia en la que todos los residentes se comunicaran en catalán: la mezcla de tradiciones locales, de usos sociales y, sobre todo, el gran contingente de ciudadanos castellano-hablantes llegados al a lo largo del siglo XX, ha hecho que en muchas zonas de Cataluña coexistieran el catalán y el castellano e, incluso todo, predominara el castellano.
Los que tengan cierta edad recuerdan perfectamente a la Cataluña donde no existía TV3, no había ningún diario en catalán, las ceremonias religiosas se oficiaban en castellano (o en latín !) y la enseñanza funcionaba exclusivamente “en la lengua del Imperio” . Afirmar que ahora el uso social del catalán ha retrocedido es de una gran carencia de realismo. Ahora bien, también está claro que toda solución institucional y normativa a una problemática que divide internamente una sociedad en dos grandes colectivos puede generar insatisfacciones a ambos lados, y que aquella solución requiere un continuado ajuste, una revisión regular para adaptarse a las cambiantes condiciones del contexto: este trabajo de revisión continua de los ajustes entre los diversos derechos que interactúan en torno a las políticas lingüísticas le corresponde a la administración y, en último extremo, en los tribunales de justicia.
Y es probablemente este trabajo de revisión y puesta al día el que no se ha hecho lo suficiente, o no se ha hecho con suficiente profundidad, perdiendo de vista importantes tendencias de cambio, que requerían revisiones más meditadas y más exigentes. Dos de estas tendencias parecen especialmente significativas. La primera es que las políticas lingüísticas se han concentrado sobre todo en el ámbito escolar, hasta el extremo de realizar seguimientos de qué lengua se habla en los patios de las escuelas durante los recreos. Cuando se han extendido a otros ámbitos sociales y económicos, las políticas han oscilado entre el fomento de las producciones audiovisuales y musicales en catalán ( con riesgo de fomentar, desde estilos clientelares, sólo determinados nombres y marcas) y una voluntad sancionadora (en el ámbito del comercio, por ejemplo). Ha faltado una reflexión más amplia, más consensuada, sobre qué pautas deberían guiar unas políticas aceptables en relación con regular el uso social del catalán. Y el segundo factor de cambio ha sido la llegada a Cataluña, en los últimos 25 años, de un gran contingente de inmigrantes.
Hasta los años 90, la palabra “inmigración” significaba, en Cataluña, personas procedentes del resto de España: Andalucía, Galicia, Murcia, etc.
Ahora, inmigración significa la presencia en nuestras calles de personas de todos los continentes, por muchos de los cuales el castellano puede ser una lengua tan lejana como el catalán. Integrar e incorporar estas personas en nuestra sociedad es una tarea compleja y apasionante, pero que exige repensar los mecanismos desplegados en el período precedente. En suma, el conjunto de las políticas lingüísticas vigentes en Cataluña deberían examinarse, a la luz del balance de la experiencia vivida, y del impacto de los nuevos elementos constitutivos de la realidad. Hay que excluir las actitudes provocadoras, que defienden posiciones extremas y que de forma sistemática deforman la realidad, con un objetivo compartido: dividir la sociedad, construir muros. Lo necesario, lo que la sociedad espera, es que a través de un diálogo franco entre las diversas fuerzas políticas y sociales, las políticas lingüísticas vigentes en Cataluña sean evaluadas y, en lo que sea necesario, sean revisadas y puestas al día.
En la escala de nuestras capacidades, Federalistes d’Esquerres quiere participar en un proyecto como éste.
En los próximos meses, se constituirá un grupo de trabajo, reuniendo tanto a miembros de nuestra asociación como a personas externas, con el objetivo de dar lugar a una reflexión de este tipo y contribuir a un debate social más amplio.
