El anuncio de la probable aprobación por parte del Gobierno central de indultos parciales a los condenados del «procé» está levantando todo tipo de reacciones políticas: las fuerzas de la extrema derecha y de la derecha extrema se están movilizando en contra, preparando otra manifestación de protesta en la plaza de Colón de Madrid, mientras la presidenta de la ANC se ha manifestado reiteradamente en contra de las medidas de gracia.
Para los federalistas, la convergencia entre extremas derechas e independentistas ya es una pista sobre por dónde debe ir nuestra posición. Pero antes de formular posición política, conviene recordar tres datos básicos sobre qué es y hasta dónde llega un indulto.
Un indulto es, en primer lugar, una suspensión (parcial o total) de la pena impuesta. No es un perdón, ni un reconocimiento de legitimidad, ni una confesión de debilidad. Es levantar el castigo impuesto, por considerar que existen razones de interés general que lo hacen aconsejable.
Por eso el indulto es un acto político: es la política del ámbito donde se mide la conveniencia o no, para el interés general, de una cierta decisión. No es un acto medido jurídicamente, ni se puede graduar en base a la legalidad, sino, estrictamente, a partir de considerar si es o no conveniente para el interés general.
Y esto lleva a la tercera consideración: si para el Gobierno que lo aprueba un indulto es un acto discrecional y estrictamente político, entonces no se le puede pedir al condenado que condene su acción o que jure que no lo volverá a hacer. Las repetidas declaraciones de Jordi Cuixart ( «Lo volveremos a hacer!»), o de otros condenados en el mismo sentido, son irrelevantes: en España, son delito las acciones, no las ideas.
¿Qué pasaría, entonces, si una vez indultados y recuperada la libertad, reinciden en sus conductas? La respuesta es clara: serían de nuevo juzgados y condenados. Y con dos agravantes: por un lado, en un marco de reincidencia, lo que conllevaría una agravación de las eventuales nuevas penas. Y, por otra parte, llevaría a hacer cumplir la parte indultada de sus penas anteriores: no es poco.
Esto, por el frente jurídico. Un segundo, donde no podemos entrar mucho, es el frente moral: las acciones realizadas, la falsedad o veracidad de las afirmaciones hechas, las argumentaciones falsas o manipuladoras, los costes directos e indirectos de sus acciones… El terreno moral es, inevitablemente, subjetivo: cada uno cree que lo que hace está bien hecho. Por enérgico que sea nuestro rechazo a sus acciones o en su estrategia, se trata de una opinión que, por muy bien fundamentada que la creemos, se encuentra contrapuesta a otras opiniones y, por tanto, no puede ser la elemento decisivo de nuestra posición.
Y esto nos lleva al terreno estrictamente político, que para una organización como la nuestra es el decisivo. Y en este ámbito, hay tres argumentos contundentes.
El primero es la necesidad de reconstruir puentes, puntos de encuentro, ámbitos de diálogo. No importa ahora quien los destruyó: lo que importa es que los necesitamos, para poder empezar a avanzar. Cuando la propuesta independentista tiene el amplio apoyo social que está teniendo, es inviable creer que se puede ir adelante sin hablarse, sin trabajar desde ambos lados del río.
Esto conecta con el segundo argumento: escenificar, demostrar la posibilidad del intercambio y del diálogo (tan duro y crítico como se quiera, pero diálogo) refuerza los sectores abiertos de ambos lados, y tiende a dividir internamente cada frente, aislando los sectores extremistas y potenciando las estrategias de aproximación y de pacificación. El mantenimiento en prisión de los dirigentes del movimiento es hoy uno de los elementos esenciales del argumentario independentista, y de cohesión del movimiento; en definitiva, de bloqueo de la situación.
Y el tercer argumento debe ser un argumento de parte: apoyar la acción de un gobierno de izquierdas y federalista. El gobierno Sánchez se encontró con unas condiciones de contexto completamente adversas. Se formó en 2018, tras el éxito inesperado de una moción de censura contra Rajoy, y cayó menos de un año más tarde, cuando precisamente ERC se negó a apoyar los presupuestos. Y reformado a finales de 2019, con todas las dificultades que todos recordamos, se topó inmediatamente con el golpe terrible de la pandemia, ante la que el gobierno se ha encontrado esencialmente solo y raramente ha podido contar con el apoyo ni del oposición parlamentaria, ni de moles gobiernos territoriales.
La concesión de los indultos, por mucho ruido adverso que hagan las oposiciones, puede contribuir a pacificar el ambiente y darle al gobierno Sánchez la oportunidad de comenzar a desplegar su programa en el contexto difícil pero potencialmente esperanzador de la post – pandemia. La necesaria reconstrucción de los servicios públicos, dañados por los años de gobierno de las derechas, la superación de las cicatrices de la gran crisis de 2010 (dejada atrás pero no superada) y la gran oportunidad de modernización y cambio económico y social de los programas comunitarios de inversiones «Next Generation», son retos que el gobierno debe poder abordar en un contexto de mayor serenidad y de consolidación de la mayoría parlamentaria; son los temas de fondo, donde hay fuertes propuestas políticas de orientación federal, y que una situación política enrarecida no permite abordar.
Para nosotros, Federalistes d’Esquerres, es indispensable abrir una nueva etapa, en la que se pueda salir de las dinámicas frentistas, de discriminación y de manipulación, y se pueda trabajar para construir un contexto diferente. Por eso creemos que la concesión de los indultos puede ser un factor importante para abrir esta nueva etapa, presidida por actitudes tan federalistas como el debate político y la reconciliación.
