Uno de estos días de confinamiento, entre los muchos vídeos que nos llegan a todos al móvil, recibí uno que me produjo una especial inquietud y decepción. Era un vídeo de Teresa Rodríguez, diputada de Unidas Podemos.
En él explicaba cómo en una reunión con los representantes de los diferentes partidos políticos que componen el Parlamento Andaluz había intentado que éstos renunciaran a la partida económica que perciben en concepto de dietas, ligadas sobre todo a los gastos de desplazamiento y representación que comporta desarrollar su cargo político. Como en este periodo de confinamiento no se van a producir tales desplazamientos, no parece que esté justificada la percepción de dicha partida económica por algo que en ningún caso se va a hacer.
Lo más lógico y coherente, tal como exponía la diputada, era que los diputados renunciaran a dichas dietas. Pero no, no fue así: sus compañeros del hemiciclo se negaron.
Con las graves consecuencias económicas que conlleva la situación actual, donde algunos ciudadanos pierden su empleo o dejan de percibir aquello que les permitía subsistir a ellos y a sus familias, o donde otros ven hundirse su empresa o negocio, o cuando algunos se han reducido el sueldo o trabajan de forma voluntaria sin recibir compensación económica alguna, me pregunto cómo cabe entender esto. ¿No resulta inconcebible?
Mi intención no es sugerir un mal uso o un uso fraudulento del dinero, no. Más bien preguntarme en voz alta si no podrían considerar que ahora más que nunca, en las circunstancias que todos estamos viviendo, es el momento idóneo para explicar qué hacen con los fondos públicos, con el dinero, el cargo y la confianza que el pueblo ha depositado en sus manos.
Carlos Blanch, médico forense.
