El síndrome catalán
(14 de Noviembre 2017)
¿Se debe la crisis de Cataluña a un exceso de centralización y a la brutalidad del poder madrileño? O es más bien debida a una competición generalizada entre regiones y países rivalizando entre ellos, y persiguiendo cada uno de ellos sus propios intereses, un proceso que ya ha ido demasiado lejos, tanto en España como en Europa?
Recapitulemos. Para explicar el endurecimiento independentista, se evoca a menudo la decisión del Tribunal Constitucional español de invalidar en 2010, el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, después de los múltiples recursos interpuestos por diputados del Partido Popular. De hecho, incluso si ciertas medidas retocadas por los jueces planteaban serios problemas de fondo (especialmente sobre la regionalización de la justicia), el método utilizado lo tenía todo para ofender, sobre todo porque el Estatuto había sido aprobado en 2006 por el Parlamento español (entonces bajo mayoría socialista), así como por un referéndum en Cataluña.
Se olvida, sin embargo que las nuevas leyes de descentralización fiscal fueron aprobadas en 2010 tanto para Cataluña como para el conjunto de regiones españolas. Así pues, esas leyes que se aplican desde 2011, convierten a España a partir de ese momento en uno de los países más descentralizados del mundo en términos fiscales y presupuestarios, incluso en comparación con Estados federales mucho más grandes en términos de población.
En particular, desde 2011, la base del impuesto sobre la renta se reparte al 50% entre el gobierno central y las regiones. Concretamente, en 2017, las tasas del impuesto sobre la renta como cuota al presupuesto estatal oscilan entre el 9.5% (para la base anual imponible de menos de 12.450 €) y el 22.5% (a partir de 60.000 euros). Si una región decide aplicar esas mismas tasas por su parte, sobre la base del impuesto sobre la renta, entonces los contribuyentes de esa región pagarán un total de impuesto sobre la renta que oscilará entre el 19% y el 45% y los ingresos se compartirán al 50% entre Madrid y la región. Cada región puede también decidir aplicar sus propias bandas tributarias y sus propias tasas adicionales, más altas o más bajas que las tasas estatales (para la lista de tasas en 2017, ver aquí, pág. 505 y siguientes). En todos los casos, ella recibe los ingresos correspondientes y ya no tiene que compartirlos con las otras regiones.
Este tipo de sistema plantea numerosos problemas. Socava la idea misma de solidaridad dentro del país y causa enfrentamiento entre las regiones, lo que es particularmente problemático cuando la cuestión es un impuesto sobre la renta, que se supone que permite reducir las desigualdades entre los más pobres y los más ricos, más allá de las identidades regionales o profesionales. Desde 2011, este sistema de competencia interna también ha dado lugar a estrategias de dumping y de domiciliaciones fiscales ficticias para hogares y negocios ricos que en última instancia pueden poner en riesgo la progresividad general (ver este artículo de D. Agrawal y D. Foremny).
En comparación, el impuesto sobre la renta siempre ha sido un impuesto casi exclusivamente federal en los Estados Unidos, un país sin embargo siete veces más poblado que España y bien conocido por su adhesión a la descentralización y a los derechos de los Estados. En particular, es el impuesto federal sobre la renta que asegura desde su creación en 1913, la función de progresividad fiscal, con tasas aplicables a las rentas, más elevadas que se establecieron en más del 80% de media entre 1930 y 1980, y se estabilizaron un poco por debajo del 40% desde los años 1980-1990.
Los Estados federales pueden votar tasas adicionales, pero en la práctica se trata de tasas muy reducidas, generalmente entre el 5% y el 10%. Sin duda, a los contribuyentes de California (el Estado con una población que tiene casi tanta población como España y seis veces más que Cataluña ) les habría gustado quedarse para ellos y para sus hijos la mitad de los ingresos del impuesto federal; pero el hecho es que nunca lo han logrado (y la verdad sea dicha, nunca lo han intentado realmente).
En la República federal alemana, ejemplo más cercano a España, el impuesto sobre la renta es exclusivamente federal: sus landers no tienen la posibilidad de votar tasas adicionales ni de quedarse para ellos la más mínima parte de los impuestos, a pesar de lo que puedan pensar los contribuyentes de Baviera.
Cabe señalar que la lógica de las tasas adicionales a nivel regional o local no es necesariamente nefasta en sí misma (esto podría permitir en Francia, reemplazar el impuesto de habitación), a condición de que siga siendo moderado. Al elegir compartir al 50% el impuesto sobre la renta con las regiones, España ha ido demasiado lejos y se encuentra hoy en día en una situación en que una parte de los catalanes quieren conservar el 100% de los ingresos al independizarse.
Europa tiene también una gran responsabilidad en esta crisis. Además de la gestión catastrófica de la crisis en la eurozona, principalmente a expensas de España, Europa ha estado promoviendo un modelo de civilización basado en la idea de que es posible tenerlo todo al mismo tiempo: integración en un gran mercado europeo y mundial, sin ninguna obligación real de garantizar la solidaridad fiscal y la financiación del bien público.
En estas circunstancias, ¿por qué no probar suerte haciendo de Cataluña un paraíso fiscal en la línea de Luxemburgo? Sin duda, hay un presupuesto federal europeo, pero es extremadamente reducido. Sobre todo, debería basarse lógicamente en aquellos que se benefician más de la integración económica, con un impuesto europeo común sobre los beneficios empresariales y los ingresos más altos, como es el caso en los Estados Unidos (también se podría esforzar por mejorar, pero estamos lejos de esto). Únicamente asegurándose de que la solidaridad y la justicia fiscal están por fin en el centro de sus prácticas, podrá abordar Europa con éxito los separatismos.
Traducción: María del Mar Fernández
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Nota de la T. Tratándose de España, traduzco gobierno central, cada vez que en el original pone gobierno federal.
