La obstinación de los Gobiernos de Barcelona y de Madrid está tensando de modo notorio el ambiente político en Cataluña; y es previsible que ello se extienda al resto de España. Pero uno se puede preguntar si esa obstinación se corresponde con lo que piensan los ciudadanos, a uno y otro lado del Ebro. Y la respuesta es en los dos casos negativa.
Los estudios más recientes de opinión pública reiteran lo ya conocido: en el conjunto de España, el 55 % de los encuestados están a favor de los niveles actuales de autogobierno, o incluso de aumentarlos, un 10 % adicional aceptaría que se reconociese la posibilidad del paso a la independencia. En Cataluña, la cifra equivalente es del 50 %. Es cierto que allí un 37 % de los encuestados creen que Cataluña debiera ser un Estado independiente, según el último barómetro del CEO, de marzo. Pero la misma encuesta recoge que, en la hipótesis de un referendo sobre la independencia de Cataluña, la opción no prevalecería sobre el sí por un margen de 48 % al 44 %.
¿Entonces? Esto muestra lo que saben los estudiosos de la democracia: la decisión colectiva es un proceso interactivo, entre los deseos ciudadanos y la actuación de los partidos en las instituciones. Cuando las fuerzas políticas renuncian a interactuar y se refugian en mirarse en el espejo, los problemas no se resuelven: las soluciones no aparecen mágicamente. Los dos problemas simultáneos que hoy vivimos (el desencaje de Cataluña y el desgaste del Estado de las autonomías) requieren iniciativas, proyectos legislativos e incluso, por qué no, una reforma constitucional. La hora es grave: requiere la ambición de los moderados.
«Es hora de la ambición de los moderados» (La Voz de Galicia, 8 de junio de 2017)
