La aparente solemnidad del anuncio de la fecha y la pregunta de un referéndum por parte del gobierno Puigdemont (y su mayoría parlamentaria) no puede ocultar una realidad más profunda: en la Cataluña de hoy no se puede realizar esta votación en unas condiciones democráticas mínimamente homologables.
La atención se ha distraído en aspectos menores (aunque no despreciables), como la compra de las urnas, la situación en que se podrían encontrar los funcionarios implicados en la realización del referéndum o, incluso, en el conflicto con el gobierno central, que muy probablemente se producirá tanto en el terreno político como judicial.
La cuestión más seria aparece en otro ámbito. Las exigencias que formula la denominada «Comisión de Venecia» apuntan a la calidad del debate democrático, la igualdad de condiciones en la campaña previa, al grado de claridad en torno a las consecuencias de la votación. Y en este ámbito sólo hay que recordar unas nociones elementales, y contrastarlas con la situación existente hoy en Cataluña:
- Un período de tiempo amplio entre la convocatoria del referéndum y su realización, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de formarse una opinión sólida (nos plantean tres meses, con el verano por entre medio)
- La clarificación de las consecuencias de la aprobación de la medida propuesta (la denominada «ley de transitoriedad», que debería aclarar este punto, se mantiene oculta, incluso a los ojos de la propia mayoría parlamentaria)
- Neutralidad de los gobernantes ante la pregunta planteada, hasta el punto de que aquellos que quieran hacer campaña deben renunciar a su cargo público (bien lejos de la sistemática militancia de nuestros gobernantes, y de buena parte de los alcaldes, que no ven ningún problema en incorporar a sus conciudadanos a una denominada «Asociación de Municipios por la Independencia»)
- Existencia de una autoridad electoral independiente, que dirija el proceso referendario, el escrutinio, etc. (Cataluña no tiene una Junta Electoral propia, gracias al bloqueo que durante más de 30 años ha ejercido CiU para impedir la aprobación de una ley electoral)
- Imparcialidad de los medios de comunicación de titularidad pública, o de los que reciben financiación pública, asegurando una presencia equilibrada de todas las opiniones (lo que contrasta duramente con la realidad cotidiana de la CCMA, de la radio privada, de las radios locales, y de buena parte de la prensa catalana).
Podríamos seguir. Efectivamente, como dicen los dirigentes independentistas, «esto va de democracia». El silenciamiento de la oposición parlamentaria (con la reciente reforma del reglamento del Parlamento), la movilización continuada desde plataformas gubernamentales o para-gubernamentales, o la ausencia de los elementos que hemos mencionado, permiten poner en duda la calidad democrática del «proceso«. Y sólo gracias a la prudencia y la madurez de la amplia mayoría de la ciudadanía se está evitando la aparición de tensiones y de conflictos en la sociedad, en una cuestión tan divisiva como ésta.
«Federalistes d’Esquerres» estamos a favor de la expresión de la voluntad ciudadana en un referéndum, como mecanismo del proceso de solución del problema planteado. Un proceso, como mínimo, de amplia reforma constitucional y de redefinición del papel de Cataluña en el estado sólo puede llevarse a cabo si culmina con la expresión decisiva del voto ciudadano. Y por eso no creemos en un referéndum inicial como el que se propone, de tipo «ven a votar y luego ya veremos qué pasa»: un referéndum no es una encuesta de opinión para saber qué piensan los catalanes, sino un mecanismo de decisión final, en el que la ciudadanía aprueba (o rechaza) la propuesta que les hacen las instituciones. Y esto sólo se puede hacer en unas condiciones de calidad democrática que, hoy, no se dan.
Editorial de Federalistes d’Esquerres, 11 de junio de 2017
