El catedrático se mostró optimista de la posibilidad de abordar una reforma simple que satisfaga las demandas de Cataluña. “El argumento jurídico de que el referéndum no es legal no es correcto porque la ley se puede reformar. Lo que tendríamos que subrayar es que no es la mejor solución”, recalcó
(por Beatriz Silva) Una reforma federal de la Constitución permitiría satisfacer gran parte de las demandas de la sociedad catalana sin necesidad de obligar a los ciudadanos a responder de forma binaria a una cuestión tan compleja como la secesión. Esta es una de las ideas que desarrolló Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo de la UB, en la tertulia federalista celebrada en la librería Alibri el pasado 18 de mayo en la que se abordaron cuestiones como el concepto de nación o el tipo de reforma que debería seguir la Constitución- simple o ampliada- en el actual contexto político.
Tornos recordó que el federalismo es un modelo de éxito que ha conseguido hacer funcionar países complejos, como Suiza o Canadá, y algunos que son menos mencionados como la India que sería inviable sin un modelo que permite gestionar la diversidad compartiendo el poder.
Joaquín Tornos señaló que el modelo de estado nación está en crisis porque se basa en la capacidad del Estado de retener el poder soberano dentro de unas fronteras, algo que en un mundo globalizado ya no es posible. “Las soberanías compartidas ya son una realidad que funciona”, recordó citando a estructuras como la ONU o la Unión Europea.
Respecto a la posibilidad de celebrar un referéndum, indicó que le parecía una solución mejor la de reformar la Constitución en sentido federal, “una opción que da la posibilidad de recoger gran parte de las demandas catalanas sin necesidad de que los ciudadanos tengan que decidir de forma binaria sobre la secesión. En un referéndum binario no se valoran las consecuencias, como hemos podido ver con el Brexit. Votar una reforma permite decidir sobre algo que se ha discutido y sobre el que se conocen las consecuencias”, señaló.
Joaquín Tornos puso sobre la mesa también datos que indican que al consultar a los ciudadanos de Cataluña sobre una opción alternativa al status quo o la independencia, son mayoría los que se encuentran en el terreno de los grises y que una opción blanco/negro no responde a sus expectativas. También recordó que el referéndum que se plantea en estos momentos por parte de JPS y la CUP no reúne ninguno de los requisitos que pide la Comisión de Venecia para validar una cita electoral de este tipo con los estándares internacionales.
Tornos se mostró optimista respecto a la posibilidad de abordar una reforma constitucional, ya que recordó, ningún partido se ha opuesto a esta posibilidad y la mayoría están de acuerdo en la necesidad de hacerla pero hizo hincapié también en la importancia de consiguer un gran consenso.
Según su punto de vista, lo más factible en el actual escenario parlamentario es una reforma constitucional simple, como la que propuso Miguel Herrero de Miñón que consiste en agregar una disposición primera en la Carta Magna, sustentada en un pacto político, en el que quedarían blindadas cuatro competencias para Cataluña (económicas, financieras, lingüísticas y culturales), que es lo que podrían votar los ciudadanos catalanes en referéndum de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución.
Joaquín Tornos cree que un mecanismo de este tipo es más viable en estos momentos que abordar una reforma constitucional agravada que afectaría a elementos esenciales y por eso necesitaría mayoría absolutas, disolución de las Cortes y nuevas elecciones, entre otras cuestiones.
¿Qué elementos debería tener esta reforma? Según Joaquín Tornos, reconocer la singularidad catalana (como ya hace de hecho con el País Vasco), establecer un reparto de competencias claro entre las comunidades y la administración central y garantizar una financiación territorial que se ajuste a las necesidades actuales no sólo de Cataluña sino también de Madrid, Baleares y Comunidad Valenciana que son las comunidades con más problemas en este sentido.
“El argumento jurídico de que el referéndum no es legal no es correcto porque la ley se puede reformar. Incidir en la legalidad no da salidas a la actual situación. Lo que tendríamos que subrayar es que no es la mejor solución”, concluyó.
