La reforma de la Constitución es una demanda creciente en cada vez más sectores de la sociedad española. A juicio de muchos, el texto aprobado en 1978, apenas tres años después de la muerte de Franco, ha tenido mucha eficacia pero está amortizado en varios aspectos y debe ser objeto de una profunda revisión y puesta al día. EL PERIÓDICO ha pedido la opinión de cuatro expertos. Xavier Arbós, Mercè Barceló, Nicolás Sartorius y Francesc Vallès responden a las preguntas.
1. ¿Debe ser la reforma constitucional un objetivo ineludible de esta legislatura?
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional (UB).
Sí, porque tenemos una crisis de legitimidad pendiente de solución. La de la monarquía se ha atenuado con la renuncia de Juan Carlos I. La de la representación casi se ha superado por la renovación del sistema de partidos. Queda la crisis territorial.
Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional (UAB).
La reforma es un medio, no un fin. Quien la propone debe especificar qué pretende reformar. En todo caso, 38 años sin modificaciones sustanciales son excesivos si se quiere una Constitución que de verdad represente un pacto social para cada nueva generación.
Nicolás Sartorius, abogado, exdiputado y vicepresidente e la Fundación Alternativas.
En mi opinión, sí. Se dan las condiciones idóneas para ello: necesidad urgente, acuerdo de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y sociales, un Gobierno de la derecha sin mayoría, la posibilidad de alcanzar consensos.
Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional (UAB).
El debate es inaplazable. La carta magna ha cumplido con acierto su principal misión, hacer de rótula entre la dictadura y la democracia, pero ha demostrado claros síntomas de agotamiento y hay que adaptarla a estos tiempos para ganar en reconocimiento y legitimidad.
2. ¿La reforma debería limitarse a la reorganización territorial y un nuevo encaje de Catalunya o debería abordar otras cuestiones?
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional (UB).
Sería conveniente mejorar la eficacia de algún derecho social, dándole el rango de derecho fundamental. Ya lo es el derecho a la educación (artículo 27), que tiene las máximas garantías para todos. Podría hacerse con el derecho a la salud (artículo 43).
Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional (UAB).
Convendría abordar otras cuestiones si se trata de actualizar el texto como pacto social de cada generación, como la forma de Estado, el papel de los entes locales, el reconocimiento de nuevos derechos o la supresión de instituciones disfuncionales e ineficaces como el Senado o el CGPJ.
Nicolás Sartorius, abogado, exdiputado y vicepresidente e la Fundación Alternativas.
Debería abordar otras cuestiones, como el reconocimiento de la sanidad como derecho fundamental, así como la vivienda y la cultura en determinadas condiciones. Ya sería un avance importante la reforma territorial y el encaje de Catalunya. Hay otras, quizá no tan urgentes.
Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional (UAB).
Una constitución es un pacto de convivencia y debe ser reflejo de una sociedad. A la actual se le rompen las costuras. Hay que explorar consensos en actualización de la carta de derechos y libertades, descentralización de la justicia, un Senado federal de verdad o una mayor clarificación competencial.
3. ¿Habría que revisar el sistema del concierto vasco y navarro?
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional (UB).
Sí, y hay que hablar de ello sin tabús ni prejuicios. Si el concierto es compatible con el principio de solidaridad, ¿por qué no permitirlo para cualquier comunidad autónoma que lo desee? Y si no lo es, ¿por qué mantenerlo en sus actuales términos?
Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional (UAB).
El sistema de financiación singular de estos dos territorios genera desigualdad entre comunidades, pero es necesaria en un Estado que solo subsistirá si es capaz de reconocer la necesidad de tratar de forma desigual a las nacionalidades históricas del resto de territorios.
Nicolás Sartorius, abogado, exdiputado y vicepresidente e la Fundación Alternativas.
Yo no revisaría el concierto y el cupo como tales, pero sí los completaría con alguna fórmula que lograse una mayor aportación de esas comunidades a la solidaridad general, quizá estableciendo un segundo cupo al fondo común.
Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional (UAB).
El concierto provoca que Catalunya y otras comunidades tengan que hacer un mayor esfuerzo de solidaridad. Más que revisarlo, lo que haría falta es incluir en la Constitución los elementos estructurales del sistema de financiación autonómica, como el principio de ordinalidad.
4. ¿Sería conveniente o perjudicial incluir en el debate la forma de Estado: monarquía o república?
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional (UB).
Sería perjudicial. No es fácil tratar a la vez asuntos que dividen tanto a la ciudadanía como la cuestión territorial y el dilema entre monarquía y república. Mejor concentrar el esfuerzo en lograr un consenso sobre la crisis territorial, más urgente.
Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional (UAB).
Este es un debate pendiente en España. Y cuanto antes se aborde, más se favorecerá el sentimiento de pertenencia a un país del cual una buena parte de su ciudadanía se siente desafecto.
Nicolás Sartorius, abogado, exdiputado y vicepresidente e la Fundación Alternativas.
No soy partidario de incluir, en la futura reforma, la forma de Estado. No es una necesidad social ni política; hay temas más importantes. No hay un mínimo consenso e incluirlo haría inviable el acuerdo.
Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional (UAB).
La discusión se obvió durante la abdicación de Juan Carlos I, y por tanto ahora el debate será inevitable. La sociedad española es suficientemente madura para abordar este tema, pero una cosa es cuestionar el modelo y otra que haya consenso suficiente para cambiarlo.
5. De incluir la reforma un rol específico para Catalunya, ¿cómo se podría evitar que la reclamación de ese mismo rol por otras comunidades lo acabase desnaturalizando?
Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional (UB).
La experiencia nos lleva a intuir que no se aceptará un papel específico y diferenciado para Catalunya. Renacería el espíritu de emulación entre comunidades autónomas que ha aflorado en el pasado. Optar por el bilateralismo como estrategia puede ser un error.
Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional (UAB).
Explicando en Andalucía que todo intento de emulación del camino que pueda seguir Catalunya para integrarse territorialmente en el Estado de forma aceptable –y eso pasa por reconocer a Catalunya como sujeto político– puede provocar la ruptura definitiva de España.
Nicolás Sartorius, abogado, exdiputado y vicepresidente e la Fundación Alternativas.
De incluirse ese rol, no debería suponer algún privilegio o atentar a la igualdad de todos los españoles. Pero definir a Catalunya como nación, en el seno de una federación, sin afectar a la soberanía de España en su conjunto, no debería llevar a reclamar a otras comunidades.
Francesc Vallès, profesor de Derecho Constitucional (UAB).
Catalunya es la única comunidad histórica que, como nación, reclama un reconocimiento singularizado en la Constitución. La aprobación de una disposición adicional específica blindaría esta aspiración legítima y sería un ejemplo de la riqueza de la pluralidad del Estado.
El Periodico, 5 de diciembre de 2016
