Ha llegado la hora de exigir responsabilidades no sólo políticas sino, sobre todo, penales, de parte de las autoridades europeas y nacionales. Por la omisión del deber de socorrer a tantas miles de personas en peligro como por el maltrato moral y físico a que son sometidos los refugiados por el sólo propósito de salvar sus vidas o huir de la represión y el hambre (Intervención de Carlos Jiménez Villarejo en el acto ‘Europa ante la crisis de los refugiados’)
Las más de 300 personas que murieron cerca de Lampedusa en Octubre de 2013 fueron la primera expresión masiva de la tragedia humanitaria que afronta Europa desde hace muchos años. Como ha dicho Bernard-Henri Lévy recientemente en un artículo del diario El País, la crisis de los refugiados está “dinamitando Europa”, expresa el “retorno de los egoísmos nacionales” y la instauración de la “ley de la jungla”.
La reciente reacción del Consejo Europeo no ha podido ser mas reaccionaria y cruel. Ya lo adelantaron los acuerdos de febrero de 2015: ”El objetivo debe ser, rapidamente, contener la afuencia de llegadas, proteger nuestras fronteras interiores, reducir la migración ilegal y salvaguardar la integridad del espacio Schengen”. Ya no se hablaba de refugiados sino de “flujos migratorios” o “entradas ilegales”. Ni una cita de la tragedia humanitaria que, desde hacía muchos meses, estaba ocurriendo en las fronteras europeas. Eso si, se requería a la OTAN, no para salvar vidas, sino para “el reconocimiento, seguimiento y vigilancia del cruce ilegal de fronteras en el mar Egeo”.
Ante esta realidad, los textos de la UE se vuelven meramente declarativos. El derecho a la vida, expresión de la inviolable dignidad humana, el principio de solidaridad, el derecho de asilo, la prohibición de expulsiones colectivas y así sucesivamente constituyen una provocación frente a la defensa de los derechos humanos. Sobre todo, cuando tambien se dispone la posibilidad de “recurrir a medios y militares para misiones humanitarias y de rescate” (Art. 43 del Tratado de la UE). Otra mentira.
El resultado es que, según la ONG MIGREUROP, Europa está en guerra contra los refugiados e inmigrantes, como resulta de la oposición de muchos Estados miembros a aceptar y cumplir los principios básicos de solidaridad y la propia normativa europea.
La consecuencia es que Europa ha declarado un estado de excepción para aquellas personas, imponiendo una abierta discriminación que las reduce a un espacio de no-derecho, de limbo jurídico, un régimen propio de un colonialismo interno, que, obviamente, favorece toda clase de abusos, como no cesamos de comprobar a diario. Como lo ha calificado el Profesor Javier de Lucas, la UE está en guerra contra los inmigrantes y ahora, también, contra los refugiados, una guerra que en no pocos aspectos tiene las características de guerra sucia y clandestina” (Mediterráneo: El naufragio de Europa. Editorial Tirant Humanidades.Valencia 2015).
Régimen que aplican a quienes tienen la fortuna de sobrevivir. Porque, según la ONG OIM, desde 2000 hasta 2014 han muerto en el Mediterráneo 22.394 personas, a una media de 1.500 por año. Ante esta realidad, ha llegado la hora de exigir responsabilidades no sólo políticas sino, sobre todo, penales, de las autoridades europeas y nacionales. No solo, como dijo el vicealcalde de Lampedusa, han abandonado la “cultura de la vida”, sino otros muchos principios y normas que están presentes en los ordenamientos penales. Por la omisión del deber de socorro a tantas miles de personas en peligro como por el maltrato moral y físico a que son sometidos por el sólo propósito de salvar sus vidas o huir de la represión y el hambre.
Espero que actos como este, estimulen la exigencia de responsabilidades a los mandatarios europeos civiles y militares y el comienzo del fin de la impunidad.
Blog Esquerra sense fronteres, 13 de marzo de 2016
Fotografías de Anna Surinyach sobre el éxodo de refugiados en Grecia y el centro de Europa
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