Numerosos dirigentes y altos cargos de CDC han utilizado las instituciones y entidades públicas para maniobrar y obtener pingües beneficios, mientras Cataluña se sumergía en la desigualdad económica y social y en la carencia o debilitamiento de servicios públicos básicos
Hace unos días, el president Artur Mas, en una entrevista en un canal televisivo, se escurría ante las preguntas que le formulaban sobre el alcance de la corrupción en su partido, CDC. Alegaba, con tanta frialdad como cinismo, que se trataba de problemas personales o familiares de los implicados en dichos delitos. Y ocultaba que en el Informe del Tribunal de Cuentas respecto a 2013, el partido y la Fundación Forum Barcelona habían recibido ingresos por 1.183.325 euros por unos supuestos servicios que no estaban acreditados. Por supuesto, no reconoció que su autonomía política está gravemente limitada si, en 2013, debía a las entidades de crédito 4.496.631 euros.
Es difícil concebir en un máximo dirigente político tanta capacidad para negar la evidencia de los procesos judiciales que atenazan al partido que preside. Salvo que esa especie de caudillaje que ahora ejerce le haga creer que está por encima de las leyes o legitimado para incumplirlas. Porque el Estatuto vigente le obliga “a servir con objetividad los intereses generales y actuar con sumisión plena a las leyes y el derecho”. La reiterada infracción de este deber representa, además, una traición a la confianza depositada en CDC por los electores.
Traición que es una constante en la trayectoria política de CDC desde que fue fundada y dirigida el expresident Jordi Pujol que ha reconocido que defraudó antes y después de su dedicación política y por las constantes “trampas y trapacerías” de sus gobiernos, como las calificaba la periodista Margarita Rivière.
¿Problemas personales? En absoluto. Basta citar como ejemplo lo que decía el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en relación a la actividad presuntamente delictiva sobre las adjudicaciones de Servicios de ITV por Oriol Pujol: que la llevó a cabo “gracias a su peso político, como Secretario General de CDC y, sobre todo, como p residente de su grupo parlamentario”.Fue una expresión mas del “entramado de negocios y relaciones” que describía con gran acierto ICV en sus Conclusiones a la reciente Comisión de Investigación sobre la corrupción del Parlament.
Los procesos que afectan a CDC reflejan lo que quiere ocultarse: modos de gobernar presididos por la desviación de poder, la arbitrariedad, el favoritismo y el enriquecimiento ilícito
Documento que ahora cobra una gran actualidad al afirmar que la corrupción “socava la democracia porque distorsiona el proceso electoral” como, en efecto, está ocurriendo. Lo que está facilitado cuando Romeva- subordinado a Mas- sustituye a los ciudadanos conscientes y libres como protagonistas del actual proceso por ese concepto, de raíces tan oscuras, como la “sociedad movilizada”. Porque esa “sociedad” guiada por su Jefe es difícil que perciba la suciedad que envuelve al principal partido que la dirige.
Numerosos dirigentes y altos cargos de CDC han utilizado las instituciones y entidades públicas para maniobrar y obtener pingües beneficios, mientras Cataluña se sumergía en la desigualdad económica y social y en la carencia o debilitamiento de servicios públicos básicos.
Ahí están los diversos procesos penales en curso que lo atestiguan. El del expolio del Palau de la Música, que ha acreditado la financiación ilícita de CDC y la imputación de su extesorero, por el que este partido tiene embargadas sus sedes sociales en garantía de una fianza judicial de 3.297.079 euros. A esto le siguen los casos Adigsa que instruye el Juzgado de Instrucción nº 3 de Barcelona; el caso Innova contra ex altos cargos del Departament de Salut, del Ayuntamiento de Reus y contra el alcalde de Vila-Seca Josep Poblet- actual Presidente de la Diputación de Tarragona-, que investiga el Juzgado de Instrucción nº 3 de Reus. También está el proceso a la Associació Catalana de Municipis (ACM) por el Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona; el del TSJ contra el ex alcalde de Lloret de Mar y ex Diputado, Xavier Crespo, por su relación con empresarios rusos, pendiente de sentencia; el que se sigue por el caso Iberpotash en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Manresa; el que se tramita contra dirigentes de la Agencia Catalana del Agua por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona; y, entre otros, el proceso contra altos cargos del Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) por el Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell, causa que ha motivado las recientes investigaciones y registros judiciales. Los delitos investigados son los propios de la corrupción como malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho o falsedades.
Procesos que reflejan lo que quiere ocultarse, modos de gobernar presididos por la desviación de poder, la arbitrariedad, el favoritismo y el enriquecimiento ilícito. Los ciudadanos catalanes deben saberlo porque el derecho a la información es un derecho fundamental que CDC les escamotea.
