La nueva hoja de ruta soberanista sorprende porque indica que el núcleo duro del movimiento opta por la huida hacia adelante y el maximalismo tanto para intentar reparar sus divisiones como para relanzarse en una Catalunya que sigue irritada con el statu quo
La nueva hoja de ruta soberanista sorprende porque indica que el núcleo duro del movimiento (CDC-ERC-ANC) opta por la huida hacia adelante y el maximalismo tanto para intentar reparar sus divisiones como para relanzarse en una Catalunya que sigue irritada con el statu quo (el 64% cree que el autogobierno es insuficiente) pero que también empieza a percibir que el independentismo es una opción que moviliza a muchos catalanes (aunque también divide), pero que es muy complicado que llegue a puerto en una Europa de 28 estados con derecho de veto. Es lo que dice la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), poco sospechosa de manipulación españolista. Los que se sienten independentistas han bajado del 49,1% en octubre del 2014 al 42,4% en marzo y los no independentistas pasan del 48,5 al 54,4%.
Cuesta entender que ante un dato tan claro, 12 puntos de ventaja de los no independentistas después del 9-N, el núcleo duro de el procés opte por relegar a otras fuerzas como ICV-EUiA o Unió Democràtica (el socio desde hace 35 años de CDC) que apoyaron la consulta. Y sorprende más todavía que afirmen que la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 27-S (se bauticen como se bauticen que el nombre es libre) equivalga «al referéndum sobre la independencia que no se pudo celebrar». Máxime cuando esa mayoría absoluta puede no comportar el 51% de los votos. El independentismo parece estar enterrando así el tan jaleado derecho a decidir.
Es extraño que cuando el CEO predice que la suma de CiU y ERC perdería un mínimo de ocho diputados de los 71 actuales, no tendría mayoría absoluta y su porcentaje de voto sumaría solo el 38,4% (el 45,7% junto a las CUP) se elija la radicalización. Pero el independentismo tiene derecho a equivocarse. Es su problema.
El punto clave
Mucho más grave es el punto clave del documento. El año pasado la gran batalla entre Artur Mas y Oriol Junqueras no fue la lista única (que también) sino el respeto a la legalidad. Mas sostuvo -con razón- que la Generalitat (que es Estado) no podía actuar al margen de la ley. Por eso aceptó -pese a la irritación de ERC- la suspensión de la consulta por el Constitucional y bordeó la ley con el «proceso participativo». Mas era consciente que un órgano del Estado no podía sublevarse contra un orden constitucional votado democráticamente y con mas apoyo en Catalunya que en el resto de España.
Pero ahora la hoja de ruta dice que tras el 27-S habrá una «declaración soberanista inicial» que será «el inicio del proceso hacia la proclamación de un nuevo Estado, o República Catalana y que este proceso no quedará en ningún caso supeditado a la vigencia jurídica o a eventuales impugnaciones de aquella declaración» ¿Qué significa esta alambicada frase? Pues el compromiso de que ese futuro gobierno catalán hará caso omiso del orden jurídico existente aunque eso le coloque en una situación rayana en la rebeldía. No solo respecto a la ley española sino también a la catalana ya que el Estatut establece que para su reforma se precisa el voto favorable de los dos terceras partes del Parlament (no basta la mayoría absoluta).
Así de forma oblicua, el presidente de la Generalitat claudica ante Junqueras en la cuestión clave del respeto al Estado de derecho. Quizás es por esto que no ha creído conveniente estampar su firma y que en nombre de Convergència se compromete Josep Rull, el segundo del partido.
Es un pequeño consuelo porque lo grave es que el nuevo documento de CDC y ERC defiende la ruptura de orden jurídico, algo que solo es legítimo contra los regímenes autoritarios o dictatoriales. Y ningún tribunal europeo dirá que ese es el caso de España.
