Una solución federal para el Estado español permitiría avanzar en mecanismos de participación de los distintos entes federados en la toma de decisiones de cara a la negociación europea. Pero también habría que avanzar en la necesaria federalización de las instituciones Europeas ya que el actual peso de los Estados Nación es un aliciente en los procesos de disgregación
Con ocasión de la presentación en Zaragoza de la asociación “Federalistes d’Esquerres” fui invitado a participar en un coloquio para explicar el modelo territorial del Estado que defendemos en Chunta Aragonesista (CHA) y a resumir en un artículo lo allí expuesto. Agradeciendo a los amigos de “Federalistes d’ Esquerres” la oportunidad, trataré de ser breve y conciso.
Como es lógico en un partido político de corte netamente territorial, la cuestión del modelo territorial del Estado ha sido una de nuestras preocupaciones principales desde nuestro nacimiento en el año 1986. Así, nuestros estatutos fundacionales recogen como objetivo “la reforma, mediante el procedimiento legal previsto, de la Constitución Española de 1978, para la instauración de un Estado Federal” y posteriormente, en el año 1996 – con ocasión del proceso de reforma estatutaria abierto – celebramos una Conferencia Nacional bajo el título de “Aragón y el Estado” en la que elaboramos un documento que marcaba las reformas de carácter federal que veíamos necesarias en el modelo establecido por la Constitución.
Mucho ha llovido desde entonces y otros son los equilibrios que están en el punto de partida, por lo que recientemente culminamos un proceso de debate abierto –dentro y fuera de nuestra organización – que sintetizamos en el documento +ARA en el que se ofrece un nuevo acuerdo político a la ciudadanía aragonesa y en el que, entre otras cosas, hablamos de un modelo de Estado basado en premisas federales y, por qué no decirlo, confederales.
Hablamos, por tanto, de la sustitución del actual Estado autonómico español, por un Estado plurinacional, compuesto, laico y republicano, en el que cada territorio asuma el nivel de competencias que libremente determine y entre cuyas nacionalidades diferenciadas se encuentre plenamente reconocida la aragonesa, siendo necesario, para ello, un nuevo texto constitucional sobre la base de la federalidad o confederalidad, que reconozca el derecho de autodeterminación, entendiendo como señala Michael Keating que “Hemos pasado de un mundo de soberanía absoluta a una era de post-soberanía, donde el poder se comparte en muchos niveles diferentes, por ello, la autodeterminación no implica necesariamente la creación de un Estado propio”
Consideramos irrenunciable el reconocimiento de la plena capacidad de decisión política de Aragón, estableciendo el principio de competencia exclusiva de Aragón salvo en las transferidas al Estado o asumidas por la UE (lo que la doctrina reconoce como el “principio de atribución” y con la recuperación y actualización de nuestros derechos históricos (ya reconocidos en la DA 5 del Estatuto del 82) y el establecimiento, como principio regulador de la relación con el Estado el de bilateralidad y, como expresión formal de éste, el refuerzo de la Comisión Bilateral cuyos acuerdos deberían ser vinculantes y tener fuerza jurídica.
Pero esto debe ser compatible con el desarrollo de los instrumentos federales de cooperación horizontal entre comunidades autónomas que resulten necesarios así como con la indispensable federalización de los órganos supremos de decisión judicial y constitucional, así como de todos los órganos de la Administración de Justicia que, en nuestro caso, debería culminar con la creación del Consejo Superior de Justicia de Aragón.
Tras reivindicar durante años su reforma y ante el descrédito que acumula, somos partidarios de la supresión del Senado; aunque será necesario establecer un sistema para que los diversos territorios participen en la elaboración de normas estatales que afecten a sus intereses e incluso facilite la intervención de las naciones en las decisiones comunitarias
Se hace necesaria también la eliminación de órganos estatales vacíos de competencia y de las diputaciones provinciales cuyas competencias pueden ser asumidas por la DGA, las comarcas o los municipios directamente. Asimismo, reclamamos la eliminación de la administración periférica del estado en virtud del principio de administración única, función que deberá ejercer el gobierno de Aragón en su territorio.
Y por último, convencidos de que no hay soberanía política sin soberanía económica que nos permita gestionar nuestros recursos, abogamos por establecer con el estado un acuerdo fiscal que determine la aportación de Aragón a los gastos comunes y a la necesaria solidaridad interterritorial; y la creación de una hacienda pública aragonesa que nos permita recaudar, gestionar e inspeccionar en los asuntos tributarios de nuestra competencia; acordando una redistribución de la cesta de impuestos sin perjuicio de la regulación y coordinación europea y estatal en materia fiscal.
Todas estas medidas de corte federal o confederal pretenden dar solución a los problemas que el estado autonómico arrastra, clarificando el entramado competencial, facilitando la participación de los entes federados en la legislación de la federación lo que, sin duda hará que los conflictos de competencias se vean reducidos y la seguridad jurídica se fortalezca con un Tribunal Constitucional (cuya composición y forma de elección de magistrados deberá cambiar para posibilitar la intervención de los entes federados) mucho más útil. Pero sobre todo la federalización del Estado español deberá contribuir a integrar la diversidad política estableciendo un concepto de nación más complejo y plural que el que se limita a equiparar nación con Estado independiente, -quitando argumentos a quienes meramente estiran la cuerda desde los extremos- sin olvidar que todo debe encuadrase en el marco de la pertenencia a la UE y en la cesión de soberanía que esto supone. Una solución federal del estado español permitiría avanzar en mecanismos de participación de los distintos entes federados en los mecanismos de toma de decisiones de la federación de cara a la negociación europea. Pero también habría que insistir en la necesaria federalización de las instituciones Europeas ya que el actual peso de los estados-nación es un aliciente para los procesos de disgregación.
Somos plenamente conscientes, como señala Keating, que “los estados plurinacionales están condenados a una cierta incertidumbre existencial sobre las cuestiones de la soberanía y la ausencia de consensos estables, pero la práctica constitucional puede superar estos obstáculos y evitar el bloqueo permanente” , lo cual no nos garantiza un futuro halagüeño para las reformas necesarias ya que, lamentablemente, los principales partidos de corte estatal que se han venido definiendo como federales, poco o nada han empujado en esta dirección y muchos de los federalistas “periféricos” han avanzado en otras direcciones dado el desencanto sufrido, alimentando a las fuerzas que abogan por la creación de estados independientes, lo que a su vez ha alimentado el resurgimiento de posiciones recentralizadoras.
Sin embargo, actualmente, estamos inmersos en un cambio de paradigma, en una suerte de período constituyente, en un momento crucial, en un verdadero momento de oportunidad que nos debe permitir avanzar venciendo resistencias; y la primera resistencia a vencer es la de todos aquellos que no consideran importante este tema “con la que está cayendo”. Hay que superar esta primera miopía. La cuestión de la forma de Estado es prioritaria en este momento de crisis económica, institucional, social y política en la que vivimos.
Una segunda resistencia a superar es la de los nostálgicos del estado unitario que no entienden que, como sostiene Ignatieff, los países son algo “político” no natural, es decir, que los países deben ser vistos como un ejemplo de voluntad cotidiana y sostenida en el tiempo, no como algo inmutable que hunde sus raíces en el tiempo.
Y por último señalar que los posibles acuerdos, a día de hoy, sólo pueden partir de arbitrar los mecanismos democráticos que permitan conocer la voluntad de reconstruir el Estado Español en clave federal –o confederal – de aquellas naciones en las que hay una voluntad de secesión más acentuada, en primer lugar, y en función del resultado de éstas consultas, también del resto de naciones y entes a federar. No digo que la consulta deba ser previa a la construcción teórica del modelo, pero aquella debe estar incluida en éste. Es indispensable ahondar en la calidad de nuestra democracia reivindicando la primacía de la voluntad social y en este camino, la Ley de Claridad canadiense podría ser un ejemplo a seguir, aunque no el único.
