Resulta extraño que un juez de un Estado moderno realice una campaña de actos en los municipios y aparezca permanentemente en los medios de comunicación junto a las fuerzas políticas y sociales que defienden la secesión de un territorio de ese Estado. Y ello por la sencilla razón de que el poder de los jueces, en un Estado democrático de derecho, se legitima en su sujeción únicamente al imperio de la ley, de la cual deriva su independencia. Un magistrado que no ha entendido aún cuál es su posición y su función se dedica a redactar nada menos que una Constitución sin saber nada de Derecho Constitucional. «El extraño caso del juez constituyente» (El País, 28 de febrero de 2015)