En su editorial, el semanario británico The Economist se muestra partidario de que el gobierno de Madrid deje votar a los catalanes, y venza a los separatistas en las urnas, y dice que pediría el NO. Sugiere también que una estructura federal modelada sobre la alemana podría ir bien tanto para Cataluña como para España. A continuación reproducimos el texto de forma íntegra
La Secesión es un mal negocio. Hace 150 años, América luchó una guerra civil para impedirlo. Por eso no es extraño que España, que tiene malos recuerdos de su propia guerra civil, se oponga a la independencia de Cataluña. El rechazo español a admitir un referéndum sobre esta cuestión, sin embargo, se enfrenta a la determinación de Cataluña de hacerlo – y de ahí la votación promovida por el gobierno regional el 9 de noviembre, en la que el 80% de los participantes votó a favor de la independencia. El gobierno de Madrid declaró ilegal la votación, y un fracaso, ya que la participación sólo llegó al 37%; el catalán dijo que demostraba la validez de la independencia de Cataluña.
MEJOR JUNTOS
El gobierno del PP con Mariano Rajoy se mantiene firme en el argumento de que, según la Constitución de 1978, no se puede hacer ningún referéndum. Esta posición tiene algo que ver con la voluntad del gobierno de captar votos nacionalistas en las elecciones generales del próximo año; pero también sale de un miedo sincero a lo que podría pasar si Cataluña se fuera.
Los nacionalistas catalanes han sacado fuerzas del referéndum escocés de este mismo año, pero Cataluña no es Escocia. En proporción al resto de España, es el doble de grande, con un 16% de la población del país. También es mucho más rica, contribuyendo con casi un 20% del PIB y, a diferencia de Escocia, transfiriendo cantidades sustanciales al resto del país. Además, España tiene otros territorios problemáticos: si Cataluña se fuera, podrían hacer lo mismo el País Vasco y Galicia. La independencia de Cataluña, pues, plantearía un serio riesgo para la propia existencia de España.
Pero hay razones, tanto de principios como pragmáticas, para que el gobierno permita una votación. Entre las primeras, está bien ser prudente antes de romper países, pero cuando una región es una entidad cultural, étnica o lingüística reconocible, el rechazo sistemático a permitir la votación es perverso. Hubiera sido un error obligar a Eslovaquia a quedarse dentro de Checoslovaquia, o a Kosovo dentro de Serbia, de la misma manera que fue un error que Gran Bretaña luchara contra la independencia de Irlanda. Sería igualmente un error obligar a los flamencos a ser belgas, a que Québec se quedase dentro de Canadá o Escocia a seguir siendo británica, si una clara mayoría de votantes prefiriera la independencia.
El argumento pragmático a favor de un referéndum es que, hasta hace poco, las encuestas sugerían que menos de la mitad de los catalanes quieren la independencia, pero que una amplia mayoría creía que deberían tener el derecho de elegir. La evidencia es que, al rechazar la segunda petición, Madrid está ayudando a los separatistas.
Por ello el gobierno debería dejar a los catalanes hacer un referéndum. Debería fijar algunas condiciones, tales como una participación mínima del 80%, y quizás una segunda votación, tres años más tarde. Como Canadá hizo con Quebec en la Ley de Claridad de 2000, debería insistir en un proceso de voto limpio – una pregunta clara que obtenga una respuesta clara, en otras palabras. Y entonces, dedicar sus energías a convencer a los catalanes de quedarse. Como con Escocia, esta revista estaría en esta parte de la discusión
Cataluña no puede afirmar de manera creíble que es una víctima de la opresión del gobierno central. Las empresas y las finanzas catalanas se han aprovechado de formar parte de España, cuya economía está volviendo a crecer. El excesivo nacionalismo catalán es más peligroso. Ya ha hecho daño a las empresas editoriales y de comunicación de Barcelona. Y la secesión plantearía dudas sobre la continuidad de Cataluña dentro de la Unión Europea (y el euro).
El gobierno español podría hacer mucho para convencer Cataluña para que se quedase – como hizo a última hora el gobierno británico con Escocia. Debería restaurar las competencias que fueron anuladas por el Tribunal Constitucional en 2010. Igualmente debería prometer una convención constitucional que volviera a examinar la distribución de competencias acordada en 1978. España ya es el país más descentralizado de Europa; pero aunque el gasto a menudo se hace en el nivel regional, las políticas son aún fijadas en Madrid. Y las competencias fiscales también se podrían revisar. Cómo está intuyendo la oposición socialista, una estructura federal modelada sobre la alemana podría ir bien tanto para Cataluña como para España.
Con un gobierno imaginativo en el centro, Cataluña podría perfectamente votar para quedarse dentro de España. Pero ahora la cuestión es si el Sr. Rajoy quiere tratar a los votantes como adultos en quien se puede confiar para decidir inteligentemente sobre su futuro político. Rechazando incluso la hipótesis de un referéndum en Cataluña sobre la independencia, está consiguiendo no hacerlo.
15 Noviembre 2014, de la edición impresa
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