En Suiza y California, paradigmas de democracia directa, se toman decisiones progresistas pero también reaccionarias. ¿Qué sucedería en nuestro país si se sometieran a referéndum la reimplantación de la pena de muerte, los matrimonios entre homosexuales o la expulsión de los inmigrantes?
La crisis institucional española ha dado impulso a los partidarios de la democracia directa, y en Catalunya a los defensores del derecho a decidir como principio democrático, aunque esté por encima de lo que digan las leyes del Estado democrático y de derecho español. California y Suiza son dos paradigmas de democracia directa. Los suizos han celebrado 600 referéndums en el ámbito federal desde 1848, y muchos más en los niveles cantonal o local desde la edad media, y los californianos unos 360 desde que, hace 100 años, introdujeran esa práctica para combatir la corrupción entre los legisladores.
Los referéndums son utilizados para dilucidar todo tipo de asuntos: unos trascendentes, y otros no tanto; unos sencillos de comprender por el ciudadano corriente y otros bastante complejos, para tumbar leyes aprobadas por el Parlamento o para imponer otras nuevas. Se requiere mayoría simple (doble en Suiza: votantes y número de cantones) y la participación suele estar por debajo del 50%.
Un somero análisis de sus resultados nos lleva a concluir que unas veces han servido para hacer avanzar a la humanidad pero otros han supuesto un verdadero desastre. En California los tribunales, en contra de la voluntad popular, han anulado algunas leyes aprobadas en referéndum por inconstitucionales. Afortunadamente.
California rechazó en el 2012 sumarse al grupo de 17 estados en los que se ha eliminado la pena de muerte. También rechazó legalizar el uso recreativo de la marihuana (que sí fue aprobado en referéndum en Colorado y Washington). Un juez federal decretó luego que la pena de muerte en California, tal como se practica, viola la prohibición constitucional de castigos crueles o inusuales. El pleito sigue abierto. Otro referéndum prohibió en California los matrimonios homosexuales, en vigor por decisión judicial. Y de nuevo intervinieron los jueces, que anularon la prohibición por contraria a la Constitución. También en referéndum, los californianos acabaron con la enseñanza bilingüe que recibían opcionalmente los hijos de inmigrantes que no saben inglés.
En el saldo negativo destaca la llamada proposición 187, promovida hace 20 años por el gobernador Pete Wilson y aprobada en referéndum por el 60% de los votantes californianos, para prohibir a los inmigrantes indocumentados el acceso a la sanidad y a la educación y que obligaba a todas las administraciones del estado a denunciar a todo irregular que detectaran para entregarlo a la policía. Los tribunales tumbaron la ley xenófoba, que no llegó a aplicarse.
Para el Financial Times ( Los peligros de la democracia extrema ), la democracia directa es la culpable de la bancarrota presupuestaria de California, por haber causado «un caos» con proposiciones contradictorias o erróneas aprobadas en referéndum en contra de la opinión del poder ejecutivo y del legislativo del estado, a menudo a instancias de grupos de presión o de radicales.
En Suiza, no fue hasta 1971 que un referéndum (de hombres) otorgó el derecho de voto a las mujeres tras haberlo rechazado explícitamente en 1959. El país había firmado entretanto la Convención de los Derechos Humanos del Consejo de Europa, que le obligaba. Algunos cantones y municipios sí aceptaban el voto femenino, y por eso en 1968 había alcaldesa en Ginebra, pero no podía votar en las elecciones federales. Hasta 1981 los suizos no aceptaron la igualdad de derechos socioeconómicos y jurídicos de hombres y mujeres.
En mayo pasado, un referéndum echó el cierre a la libre entrada de ciudadanos de la UE en su mercado laboral, rectificando los acuerdos de referéndums anteriores y abriendo un conflicto con las autoridades comunitarias. También se rechazó la adquisición de aviones de combate y subir el salario mínimo de 2.000 a 3.270 euros al mes en beneficio de los trabajadores menos cualificados. Otro referéndum prohibió de por vida a los condenados por tener relaciones sexuales con menores ejercer toda actividad en contacto con estos. De dudosa constitucionalidad, porque es independiente de la gravedad de la pena (incluye al joven de 19 años que hubiera tenido relaciones sexuales con su novia de 15). En el 2009, otro referéndum prohibió que las mezquitas tuvieran minarete.
En el 2013 se aprobó limitar los bonos e indemnizaciones de altos ejecutivos, pero no prosperó una propuesta para conciliar mejor la vida laboral y la familiar. También se acordó endurecer la ley de asilo y se rechazó suprimir el servicio militar obligatorio, así como limitar el salario más alto de las empresas a 12 veces el salario más bajo.
¿Qué sucedería en nuestro país si se sometieran a referéndum la reimplantación de la pena de muerte, los matrimonios entre homosexuales o la expulsión de los inmigrantes? No es oro todo lo que reluce.
(El Periodico, 31 de octubre de 2014)
