Del debate o mesa redonda entre Joan Coscubiela (ICV) y Ramón Jáuregui (PSOE), que organizó Federalistes d’Esquerres el pasado sábado en el teatro Joventut de l’Hospitalet noté a faltar que el dirigente socialista profundizara en la autocrítica por el papel jugado por el PSOE y el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el fiasco del Estatut. No basta con admitir, como hizo, que se cometieron errores, así, en general, y pasar por alto que Zapatero, de forma irresponsable, animara a Pasqual Maragall a llevar a las Cortes cualquier proyecto y que luego lo negociara, a la baja, con Artur Mas, y, sobre todo, que se arrugara ante el feroz ataque del PP y no reaccionara ante la sentencia del Tribunal Constitucional. Naturalmente, la irresponsabilidad del Parlament en su conjunto de enviar a Madrid un texto a espaldas del PP y que sabía inasumible pasará a la historia de los errores si no de los horrores.
Jáuregui ofreció un proceso de reforma constitucional que supondría escuchar la voz de los catalanes en varias oportunidades: en la elección de Cortes Constituyentes, en la elaboración de la Constitución reformada en sentido federal, en el posterior referéndum constitucional y en la elaboración y votación de un nuevo Estatut tras la reforma federal. Lo cual resulta muy lógico y apropiado. Sin embargo, no aclaró qué salida debería darse ante la posibilidad de que los diputados catalanes, o los ciudadanos catalanes en el referéndum, rechazaran por insuficiente la reforma que se acordara. El socialista consideró imposible que la reforma constitucional no resultara satisfactoria para las aspiraciones de mayor y mejor autogobierno, pero la falta de acuerdo no puede ni debe descartarse tal y como está la correlación de fuerzas políticas e ideológicas en las Españas y en la propia Cataluña. ¿Se debería abrir entonces una negociación para que los catalanes decidan de forma soberana su futuro? Y no vale contestar que entonces ya se verá, porque eso es lo mismo que trasladar el problema unos cuantos años más.
En cuanto a Coscubiela, no aclaró si la posición de ICV será seguir apoyando un referéndum de autodeterminación si no se logra que la propuesta que se someta a votación permita una respuesta «inclusiva», es decir, que deje abierta, también, la puerta a un acuerdo con el resto de España. Porque si se trata de elegir entre independencia y el actual statu quo está claro que ello obligará a decidir entre el fuego y las brasas. Aunque, como dijo Jáuregui, ¿cómo y quién administrará la victoria de una opción tan abierta que permita más de una lectura?
Horas después, la ANC amenazaba con nuevas movilizaciones si la pregunta no era claramente sobre la independencia y con dos posibles respuestas: sí o no (o abstención, claro está) y portavoces cualificados de Convergència se apresuraban a abrazar esa propuesta. ¿Participará ICV en esa hipotética nueva ola de movilizaciones o se descolgará? ¿La pregunta que permita una respuesta «inclusiva» –que ERC, CDC y la ANC rechazan–, será condición sine que non para que ICV mantenga su apoyo al llamado derecho a decidir?
Demasiadas preguntas sin respuestas para el ciudadano.