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El 9-N no es un proceso electoral, pues están ausentes todos los requisitos legales del mismo, particularmente el censo y una Administración electoral independiente. El Gobierno catalán no respeta en absoluto los principios que debieran presidir ese proceso: “neutralidad institucional, primacía del interés colectivo, pluralismo, igualdad y no discriminación”. La propaganda, en forma de anuncio publicitario, publicada en todos los medios está costeada con fondos públicos procedentes de todos los catalanes, incluidos los que rechazamos el objetivo del proceso, que no es otro sino la secesión de Cataluña. “Una consulta antidemocrática” (El País, 7 de noviembre de 2014)