Opinión

Es obvio que ni la suspensión de la consulta ni la eventual anulación definitiva de la convocatoria y la ley en que se sustenta resuelven el problema de fondo, que no es otro que la necesidad de dar cauce político y democrático al profundo malestar de importantes sectores de la sociedad catalana sobre la actual relación de Cataluña con el resto de España. “¿Y ahora qué?” (“El País”, 19 de setiembre).