Manuel Cruz: “Constituye un severo error convertir los referéndums en la expresión perfecta y acabada de la democracia”
Por Marcel Vidal Calzada
Poco se podía imaginar el filósofo Manuel Cruz cuando fue escogido como primer presidente de Federalistes d’Esquerres en 2013 que, seis años más tarde, tomaría posesión como presidente del Senado. Tras ser elegido diputado independiente por el PSC en 2016 y tras su paso por la presidencia de la Cámara Alta en la legislatura anterior, conversamos con Cruz a raíz de la publicación de su último ensayo: Transeúnte de la política. Un filósofo en las Cortes Generales. En él hace un balance político de la segunda década del siglo XXI y reflexiona sobre el constante cuestionamiento que algunas fuerzas políticas han hecho en los últimos años sobre la Transición española. Asimismo, Cruz incluye en su última obra el dietario de su paso por la presidencia del Senado.
¿Qué aspectos éticos o morales deberían tener las personas que se quieren dedicar a la cosa pública?
Mi tendencia es a pensar que los mismos que se le exigirían a cualquier ciudadano que tuviera que desempeñar una actividad que afectara a terceras personas. Suponer que los representantes de los ciudadanos han de estar hechos de una pasta especial, aunque sea una pasta virtuosa, constituye a mi juicio un error. Cuando se hacen este tipo de planteamientos a menudo sucede que, en el momento en que se producen conductas inadecuadas por parte de algunos políticos, de inmediato esas conductas son juzgadas bajo una clave estrictamente moral. Es decir, como si esos políticos que han hecho algo inconveniente hubieran actuado así porque son malas personas.
Lo que se suele desprender de esta premisa es la propuesta, por parte de otros políticos que se presentan como la alternativa a los anteriores, de que lo que hay que hacer es reemplazar a los que se han comportado de manera inadecuada por quienes posean una moralidad intachable. Tenemos suficiente experiencia como para saber que con esa sustitución no basta. Con muchísima frecuencia a lo largo del tiempo, y especialmente en los últimos años, hemos visto como políticos que irrumpían en el espacio público con anuncios regeneradores desde el punto de vista moral, apelando a sus virtudes, acababan teniendo actitudes extremadamente parecidas a los que ellos antes habían criticado. Me preocupan tales actitudes porque estos tópicos y esa regeneración moral fallida finalmente contribuyen a que haya sectores importantes de la ciudadanía que terminen repitiendo tópicos como el de que “todos los políticos son iguales”, “la política no sirve para nada”, “la política es una especie de invento para los que quieren el poder”, “o para los que quieren enriquecerse”.
Por supuesto que es importante que los responsables políticos se atengan a códigos morales sino que cumplan con las normas de todo tipo a las que vienen obligados, pero lo fundamental es que haya estructuras políticas, sociales, culturales… que imposibiliten conductas inadecuadas. Porque ha quedado sobradamente certificado por los hechos que con un discurso que se limita a apelar a la conciencia moral (o a presumir de ella) no basta.
Usted utiliza el término “transeúnte” para referirse a su paso por la política institucional en el sentido de que no aspira a estar toda la vida en un cargo público. ¿Cree que su caso es excepcional?
No es excepcional en el sentido de estar un tiempo limitado y no muy largo. En contra de lo que se repite muchas veces, en el Congreso y el Senado hay muchos diputados y senadores que pasan por las cámaras y que no se quedan a vivir ahí. De los que se habla más es de aquellos que llevan cuatro, cinco o seis legislaturas ocupando un escaño. Sin embargo, y en contra de lo que la gente piensa, no son la mayoría. Una vez me puse en contacto con el presidente de una asociación de exdiputados de la etapa democrática y me informó de que la gran mayoría de ellos no estuvo más de dos legislaturas.
Otra cuestión distinta es la de las personas que, proviniendo de otro ámbito, están de paso por la política. Esto último, desde hace algunos años, se ha convertido en algo más raro. En cambio, en las primeras legislaturas de la democracia, todos los partidos políticos llevaban en las listas a personas provenientes de la sociedad civil, ya fueran profesionales, intelectuales… de un cierto prestigio que se sentían identificados con las ideas de esa formación. Eso, por cierto, no solo se daba en la izquierda, sino que también tenía lugar en el centroderecha y la derecha. Recuerdo, por ejemplo, que en la lista de la UCD iba Salvador Pániker y otras personas de un perfil similar.
¿Los ciudadanos deberíamos cuestionarnos más los términos y las perspectivas que tanto las formaciones políticas como los medios de comunicación utilizan para referirse a cuestiones políticas?
Sin ninguna duda, la ciudadanía tiene derecho a fiscalizar a todos cuantos intervienen en el espacio público. Tengo la sensación de que ese cuestionamiento por el que me pregunta ya se da en abundancia respecto los partidos políticos.
En cambio, me parece que la fiscalización en relación con los medios de comunicación se da en menor proporción. De hecho, todos hemos visto que en muchas ocasiones la más pequeña crítica a los comportamientos de los medios de comunicación provoca una airada respuesta por parte de algunos de ellos que señalan que “esto supone criticar la libertad de expresión, de prensa, y éstas son fundamentales para la democracia”. De acuerdo, aceptemos el argumento, pero si lo aceptamos, los partidos políticos podrían decir también que para la existencia de la democracia es fundamental que haya partidos políticos que representan opciones diferenciadas, las cuales constituyen la garantía de que el pluralismo que existe en la sociedad se ve representado en las instituciones. Por tanto, los portavoces de algunas formaciones podrían decir que atacar a los partidos políticos equivale a atacar a la democracia. Si alguien afirmara esto, se le tendría que decir que se puede criticar sin que eso implique estar cuestionando la democracia por entero. Pues bien, lo mismo que le diríamos a un partido político con toda razón, también se le podría decir a un medio de comunicación o a un profesional que pone el grito en el cielo cuando se ve criticado.
¿Cómo se gestionan las contradicciones en política?
Contradicciones hay de muchos tipos. Están las contradicciones íntimas o personales que a veces tienen su repercusión en la política y que me parece que hay que tratar con mucho cuidado. En todo caso, las contradicciones no son un lugar para quedarse a vivir. Si alguien establece su residencia permanente en las contradicciones, aunque nos diga y perjure que sufre mucho cabalgándolas constantemente, probablemente sea porque en realidad no sufría la tal contradicción y que uno de los términos del conflicto nunca se lo creyó realmente.
Hay otro tipo de contradicciones que son las puramente políticas. Ahí uno tiene que establecer sus prioridades y definir hasta qué punto, si algo le genera una contradicción, ello constituye motivo suficiente como para decir “lo siento, pero no puedo”. ¿Que pueda darse el caso de que cuando uno está en una formación política no todo lo que hace dicha formación le parezca bien? Por descontado. Pero cuando alguien desde fuera se incorpora como independiente a unas listas y asume un programa, asume también ciertos procedimientos, como por ejemplo el de que las decisiones del grupo se adopten democráticamente. Lo que no tiene sentido es que a cada votación en la que se da un resultado con el que se está en desacuerdo, esa persona, en su calidad de independiente declare: “lo siento, pero como no estoy de acuerdo, rompo la baraja”. Eso no puede ser. No tendría ningún sentido.
¿Qué valoración hace de su paso por la presidencia del Senado?
A nivel personal la valoración es muy positiva, en la medida que tuve la oportunidad de conocer por dentro una parte fundamental del Estado, una de las cámaras del poder legislativo. A nivel político, sentí no poder llevar a cabo todas las iniciativas que tenía en mente y que me hacía mucha ilusión poner en marcha. Lamenté no poder seguir, pero creo que forma parte de la lógica de la política, ya que el resultado de las elecciones abrió un nuevo escenario. A quienes no estamos en política por los cargos, nos cuesta poco abandonarlos. Además, yo no hice absolutamente nada por ser presidente del Senado: fue un regalo político que recibí y que, por supuesto, agradecí mucho, pero que no me generaba derecho alguno a permanecer ahí.
¿Considera que a menudo se traslada una visión distorsionada de lo que fue la Transición? En caso afirmativo, ¿a qué lo atribuye?
Resulta sorprendente que lo que hasta hace poco era considerado como un éxito colectivo haya pasado de golpe a ser considerado por parte de algunos como un horror. ¿Qué es lo qué ha cambiado para que nos hayamos pasado 35 años pensando que era magnífico y que ahora hayamos descubierto que no lo es? Yo creo que no hemos descubierto nada, no ha aparecido ningún dato ni hemos conocido ningún hecho que nos haya hecho cambiar de opinión. El cambio de valoración por parte de algunos viene de que nuevos protagonistas que han irrumpido en el escenario político han estado interesados en una revisión de aquellas valoraciones.
Y el hecho de que esta nueva valoración haya sido inducida me lo confirma el hecho de que algunos de los que irrumpieron en la escena política hablando así, tan desdeñosamente, ahora han dejado de hacerlo. A lo mejor son ellos, que se dieron a conocer denostando la Transición durante un tiempo los que deberían explicar esos cambios.
¿Qué piensa cuando oye la expresión “régimen del 78”?
El término “régimen” es un término que siempre habíamos utilizado para referirnos al franquismo. Hablar de “régimen del 78” implica, sin reconocerlo de manera abierta, establecer un aire de familia entre la democracia y el franquismo, y esto me parece totalmente inaceptable desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de la comunicación me parece que es hacer trampas con las palabras o, por ser más directos, juego sucio con ellas.
¿Por qué suele haber cierta confusión entre lo que son los valores republicanos y lo que es la jefatura de Estado?
Estamos también ante una confusión inducida. Si los valores republicanos son los valores de la democracia y son los que surgen durante la Revolución Francesa, hay un dato incontrovertible: actualmente, algunas monarquías están a la cabeza de las democracias mundiales. Esto está acreditando que el hecho de que la jefatura del Estado recaiga en un rey que no tiene ningún poder ejecutivo resulta totalmente compatible con los valores republicanos. ¿Acaso nos hemos olvidado de que hay repúblicas totalmente autoritarias?
¿Cómo fortalecería el pacto constitucional? ¿Ve suficiente consenso en las Cortes Generales para impulsar una reforma constitucional?
En los últimos años se ha producido una fragmentación política en el Congreso. Aunque esa fragmentación política da la sensación de que tiende a la baja, todavía es muy complicado establecer los acuerdos básicos para intentar impulsar una reforma constitucional. Por otro lado, la fragmentación parece estar yendo acompañada de una especie de tendencia al enfrentamiento y a la confrontación, que pone muy cuesta arriba ser optimistas. Por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial no es algo que puedan decidir por su cuenta los partidos políticos pero sigue bloqueada por estos (concretamente, por los de derechas). Es un mandato constitucional que dichos partidos están incumpliendo ya. Si ello ocurre en este instante con la Constitución existente, imagínese la dificultad de emprender reformas. Si no media un cambio de actitud en algunas formaciones políticas, podría darse el caso de que, aunque se redujera la fragmentación en el futuro y los acuerdos transversales fueran más viables, tampoco se alcanzaran. Actualmente, las fuerzas políticas creen que pueden extraer rentabilidad mostrándose a favor o en contra de la reforma misma, y ya no se dignan a entrar en la discusión.
En los últimos tiempos algunas fuerzas políticas de ámbito estatal se han erigido como “constitucionalistas”. ¿Cómo definiría usted el constitucionalismo? ¿Cree que las formaciones que se autodenominan así lo son?
Es un error hablar de fuerzas constitucionalistas y de fuerzas no constitucionalistas. Hablar de fuerzas constitucionalistas propicia la idea de que la permanencia del marco constitucional depende de los resultados electorales de los partidos que se han definido como favorables al mismo. Pero la Constitución no es el programa de ningún partido político, ni siquiera de un grupo de partidos políticos. La Constitución lo que hace es definir las reglas de un juego en el que participan todos los partidos políticos, sea cual sea su signo y piensen lo que piensen acerca del texto constitucional. Lo que me molesta de los partidos que se autodenominan constitucionalistas es que se comportan como si esa autodefinición les autorizara para instituirse en expendedores de carnés de constitucionalidad. Hay que recordar que hace no tanto sectores de la derecha expulsaban del perímetro de la constitucionalidad al PSOE, que participó en la redacción del texto constitucional y que lo ha defendido a lo largo de toda la democracia. Para más inri, una parte de estos sectores conservadores no apoyaron la Constitución de 1978. Actualmente, dichos sectores han decidido mover la frontera, convertirla en portátil, y han pasado a afirmar que el PSOE también es constitucionalista y que a quien tenemos que dejar fuera, extramuros de la Constitución, es a Podemos. Eso significa, no solo que la frontera de la constitucionalidad es una frontera a la carta que va variando sobre la marcha, sino que una formación política se arroga el derecho de expulsar o incluir en la Constitución a otra (u otras).
¿Qué piensa cuándo un joven independentista dice que la Constitución carece de vigencia o legitimidad porque fue votada hace 40 años?
Las leyes se cambian porque sus textos han quedado obsoletos, no porque no fueran votados por una determinada generación. Las leyes no se revisan en función de su antigüedad. No se reforman determinados artículos del código penal porque lleven muchos años en vigor: se modifican porque la sociedad puede haber cambiado en un sentido que aconseja revisarlos. A mi juicio la cuestión no es la legitimidad, como si el hecho de que una norma no haya sido votada por una determinada franja generacional la convirtiera en ilegítima. El problema es la vigencia, y ése un asunto que se debe plantear y debatir en las instituciones.
¿Qué utilidad tienen los referéndums en una democracia?
El funcionamiento y la pertinencia de los referéndums están contemplados en nuestro ordenamiento legal de forma muy clara. Los referéndums cumplen la función de ratificar acuerdos de especial trascendencia adoptados por los representantes de los ciudadanos. Constituye un severo error convertir los referéndums en la expresión perfecta y acabada de la democracia o, con un lenguaje más presuntamente izquierdista, en una especie de manifestación de democracia directa que debe sustituir a esa forma de representación completamente obsoleta que representarían los mecanismos tradicionales de elecciones. Habrá que recordar que no deben tener de per se tantas cualidades de democracia directa o perfecta los referéndums desde el momento en el que las dictaduras más autoritarias han podido llevarlos a cabo sin el más mínimo problema.
La democracia, afortunadamente, es una maquinaria mucho más compleja que simplemente votar. Y un elemento absolutamente fundamental a este respecto son determinadas estructuras de mediación y determinados procesos deliberativos. Los planteamientos del sí/no se saltan el grueso de los procedimientos de la democracia, que hacen que ésta nos ofrezca garantías de buen funcionamiento.
Usted aboga por la reconciliación en Cataluña. ¿Qué cree que deberían hacer los gobernantes en Cataluña para lograrla? ¿Cómo ve el futuro del independentismo?
Por lo que deberían empezar los independentistas es por admitir el fracaso de esta aventura política que ha sido el procés y que ha terminado dañando a la sociedad catalana a todos los niveles, para, a continuación, hacérselo saber a sus votantes. El independentismo obtuvo un gran éxito en estos años, pero no lo ha gestionado bien ni siquiera desde el punto de vista de sus propios intereses.
Digo lo del éxito porque, en efecto, si uno atiende a los números, en elecciones autonómicas lejanas CiU era mayoritaria y ERC minoritaria dentro del espectro nacionalista. Pero la suma de aquel bloque nacionalista es muy parecida a la que tiene hoy en día el bloque independentista. Los independentistas han conseguido que cayeran de su lado amplios sectores que durante décadas se consideraban exclusivamente nacionalistas. Desde el punto de vista del independentismo, esto ha sido un triunfo indudable. Entiendo que no quieran renunciar a este capital político y que, con objeto de no perderlo, intenten mantener viva la llama sagrada de su causa para que no decaiga el ánimo entre los suyos.
Cuando un partido como ERC habla de “ensanchar la base social”, lo que está diciendo es que es importante que los suyos no se les vayan, pero que necesita sumar a más electores. No es tarea fácil. Resulta muy difícil que los tuyos se mantengan movilizados después de diez años que se han saldado con un fracaso político. El independentismo mantiene promesas que no puede cumplir, y que luego generan frustración. La frustración adoptó una determinada forma el año pasado: los episodios que se produjeron en todas las ciudades de Cataluña, sobre todo en Barcelona tras la sentencia del procés.
Me importa resaltar que casi tan importante como la violencia misma fue el irresponsable comportamiento de algunos mal llamados responsables políticos, empezando por el president de la Generalitat, declarando que no podía condenar episodios que no habían sucedido. Hay un momento en el que cabe exigir a los líderes independentistas responsabilidad en lo que prometen y en lo que denuncian. No se puede estar denunciando como represión judicial el cumplimento de la ley. La cultura democrática implica entender que la ley a quien más protege es a quien no tiene otra protección que ésta. La universalidad de la ley es una garantía democrática.
¿Cree que Cataluña necesita votar un nuevo Estatuto?
En este momento lo más importante es que haya realmente voluntad de acuerdo por parte de todos. Si la hay, se encontrarán formas de ir dibujando caminos de salida. Que uno de los caminos pasa por un nuevo Estatut es perfectamente razonable. Cuando se le plantea al independentismo alternativas concretas y que tendrían una legitimidad política fuerte, como sería rehacer el Estatut, el argumento de uno de sus sectores es que todo se torció por la sentencia del Tribunal Constitucional que revisó el Estatut refrendado por el pueblo de Cataluña. ¿Por qué no nos plantemos la posibilidad de recuperar, incluso mejorando, aquel Estatut aprobado? Las respuestas del independentismo ante esa opción suelen ser decepcionantes desde el punto de vista de la argumentación: “esto es una pantalla pasada”. Si el acuerdo fuese ese, recuperar/elaborar un nuevo Estatuto, debería ser un pacto al que llegasen las fuerzas políticas y que luego fuese ratificado por el pueblo catalán.
¿Qué le falta a España para ser un verdadero estado federal?
Falta establecer en rango constitucional estructuras de cooperación interterritorial y también potenciar la dimensión cooperativa en el Senado. Dicho esto, hay que emprender una serie de reformas, empezando por nombrar en el texto constitucional cuales son las comunidades autónomas existentes, o por clarificar el reparto competencial, ya que este es un asunto que no puede seguir en la incertidumbre ni ser objeto del chalaneo político de ningún signo. Una de las cosas que garantiza el buen funcionamiento de los estados federales es precisamente que esas competencias están delimitadas con claridad, sin que este sea un asunto que se esté cuestionando ni debatiendo de manera permanente, como ocurre entre nosotros.
¿Considera que las reuniones entre presidentes autonómicos han venido para quedarse? ¿Qué destacaría de estas reuniones?
No me atrevería a decir que hayan venido para quedarse porque cuando ha sido el PP quien ha estado en el Gobierno no ha mostrado el menor interés en ellas. Si la pregunta es por si las conferencias de presidentes autonómicos constituyen una estructura unánimemente aceptada y que todos garantizan que continuarán sea cual sea la futura composición del Gobierno, eso no está tan claro. Y es una pena porque lo que cabe destacar de las conferencias de presidentes autonómicos es precisamente que constituyen un órgano interterritorial de cogobierno y de cooperación. Se trata de un órgano, desde el punto de vista legal, informal, ya que no está establecido ni desarrollado en ningún texto de ese rango. Eso le da un elemento de incertidumbre que creo que no es bueno.
¿Cree que ha habido coordinación entre los diferentes países europeos en cuestiones como la movilidad, apertura de fronteras… durante la pandemia?
Por lo que hemos ido viendo este verano parece claro que la coordinación era manifiestamente mejorable. En parte no sorprende porque las inercias de los Estados que componen la Unión siguen siendo muy relevantes. Parece claro que en algunos momentos, los gobiernos han antepuesto los intereses de los ciudadanos de su país a los de la ciudadanía europea en su conjunto.
¿Piensa que las últimas decisiones de la UE van en la dirección de una Europa más solidaria y de compartir los problemas económicos entre los países más ricos y los más pobres?
Hay una cosa que se puede constatar: ha existido una notable diferencia en la forma de encarar esta crisis por parte de la Unión Europea si la comparamos con los planteamientos austericidas de la crisis del 2008. Esto es una buena noticia porque los planteamientos del 2008 no solamente dañaron a los ciudadanos de los países que tuvieron que sufrirlos, sino que dañaron al propio proyecto europeo en cuanto tal. La conexión entre el auge del euroescepticismo y aquellas políticas austericidas parece fuera de toda duda. La UE ha extraído lecciones y ha optado por planteamientos más solidarios y eso es algo digno de celebrar desde el punto de vista progresista y europeísta.
