“La desobediencia, que ahora los abogados de los dirigentes independentistas reconocen, no explica lo que sucedió en los voraginosos días de septiembre y octubre del 2017. No era tan sólo desobediencia. Si hubiera existido una oportunidad de pasar de la declaración de opereta a la independencia efectiva, todos sabemos que este paso se habría dado. Esto es precisamente lo que temían muchos catalanes. Se estaba cambiando la realidad jurídica del país en el que vivían sin que pudieran decir nada. Más de la mitad del país fue silenciado el 6 y 7 de septiembre. Toda la fuerza institucional (y mediática) catalana empujó en una dirección que, siendo legítima y respetable, no contaba ni con el aval de España y de Europa para llevar a cabo lo que se decía que se haría, pero que, por fortuna, no se hizo. Era inevitable que el Estado se defendiera (y legítimo: lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo).”
Escila y Caribdis (La Vanguardia, 11 de junio de 2019)
