Los presupuestos aprobados el año pasado para 2017 eran imprescindibles, eran “la gasolina” de la independencia. La gran coartada era afirmar que iba a ser prioritario el gasto social. Desde el año pasado no se habla de recortes sanitarios. Las listas de espera para tratar el dolor crónico llegan a los 11 meses. Y esa regla tan sugerente de saltarse la legalidad para urgencias soberanistas, ¿también es de aplicación para otros derechos básicos: atención sanitaria, servicios sociales, derecho a la vivienda? Rechazar los ajustes presupuestarios también supone desobedecer al Estado. “independencia y mileurismo” (EL País, 10 de septiembre de 2017)
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