Es necesario decir claramente que si los políticos que han tomado una decisión tan grave como esta no quieren firmar ningún documento para no cargar con las consecuencias penales, y en cambio quieren vender la moto a los voluntarios como una clase de socialización del castigo judicial que ellos quieren eludir, tan sólo muestra una cosa: que saben que la decisión es un disparate y que quieren resguardarse ellos mismos de las consecuencias penales. “¿Quién firmará?” (La Vanguardia, 22 de julio de 2017)