Federalistes d’Esquerres ha apoyado esta iniciativa que pide la suspensión del acuerdo que la Unión Europea alcanzó con Turquía para regular la entrada de refugiados a territorio europeo
La iniciativa legal denuncia que el documento firmado el pasado mes de marzo va en contra de los valores democráticos y fundacionales de la UE “de forma masiva y continuada”, en especial los recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales. También considera que no cumple con el régimen de asilo y las directivas comunitarias y que atenta contra las libertades individuales y derechos que derivan de los principios de solidaridad e igualdad ante la ley.
Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción y vocal de Honor de Federalistes d’Esquerres, comenzó a trabajar en este recurso en junio pasado y ha contado para su redacción con la ayuda del exfiscal José Maria Mena y el jurista y exdiputado, Diego López Garrido. Federalistes d’Esquerres ha apoyado esta iniciativa desde su gestación y la seguirá impulsando en la línea de la declaración que hizo en marzo de este año en relación a la crisis de los refugiados.
El acto de presentación del recurso se ha celebrado el miércoles 30 de noviembre en Barcelona y ha contado con la presencia de representantes de diversas entidades que apoyan la iniciativa y de personalidades como el cantautor, Joan Manuel Serrat, y el director del diario.es, Ignacio Escolar. En nombre de Federalistes d’Esquerres ha asistido Alfonso López Borgoñoz, miembro de la junta directiva y expresidente de la Sección Española de Aministía Internacional, y Tomás Jiménez Araya y Beatriz Silva, miembros de la junta directiva de la asociación.
Es posible adherirse al Manifiesto en relación a este recurso en: http://noacordueturquia.pangea.org
MANIFIESTO
Por la Justicia y los Derechos de las personas refugiadas
ANULEMOS EL ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y TURQUÍA
Diversas organizaciones de Cataluña han promovido la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Acuerdo firmado el pasado 18 de marzo entre el Consejo Europeo y Turquía. La finalidad del recurso es que este Acuerdo “se declare nulo y sin valor ni efecto” y que se detenga de forma inmediata la devolución colectiva y forzosa a Turquía de los llamados “migrantes irregulares” que desde el 20 de marzo han llegado a las islas griegas, ya que, en realidad se trata de personas que tienen derecho de asilo en los países de la Unión Europea.
El recurso presentado examina y acredita que Turquía no es “un país seguro”, aportando datos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que detallan la práctica de la tortura ejercida por este país. A su vez, denuncia que dicho Acuerdo viola de forma masiva y continua los valores democráticos de la UE, principalmente la Carta de Derechos Fundamentales, por la falta de respeto a la “dignidad humana”, así como a las libertades individuales, además de los numerosos derechos que se derivan de los principios de solidaridad e igualdad ante la ley. También denuncia el incumplimiento del régimen de asilo y de las propias Directivas comunitarias por parte de la UE.
Son evidentes los daños irreparables que dicho Acuerdo ha causado y sigue causando. Es irritante la pasividad de la UE ante una tragedia humanitaria sin precedentes que se ha incrementado a raíz de la firma del Acuerdo. Es evidente para los gobiernos europeos que los afectados por esta medida -tan ilegal como cruel son, en su inmensa mayoría, refugiados que, antes de la fecha del Acuerdo, accedían a las fronteras europeas, empujados por las guerras , particularmente la de Siria, la violencia o la miseria. Refugiados, muchas veces completamente vulnerables, atrapados por las mafias y la corrupción de los funcionarios de fronteras.
Por todo ello, nosotros, la ciudadanía europea, exigimos la retirada inmediata de este Acuerdo y de los subsiguientes acuerdos europeos que puedan inspirarse en el mismo, y que se garantice el derecho de asilo de las personas refugiadas. Sólo así evitaremos que el Mediterráneo siga siendo el lugar donde Europa y sus valores naufragan.
Barcelona, 30 de noviembre de 2016
