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Esta semana el primer ministro de Escocia ha dado a conocer el Libro Blanco, en el que se dibuja el futuro del país para el caso del triunfo del sí en el referéndum del 18 de septiembre. Los ciudadanos escoceses van a acudir a las urnas después de que en las últimas elecciones le dieran la mayoría absoluta al Partido Nacionalista Escocés, que llevaba en su programa la celebración de un referéndum para la independencia del país y después de que el Gobierno legitimado por ese resultado electoral haya elaborado un proyecto de lo que sería una Escocia independiente.

El referéndum escocés del 18 de septiembre de 2014 tiene la legitimidad de origen de unas elecciones parlamentarias, en las que los ciudadanos mandataron al Gobierno para que pusiera en marcha un proceso hacia la independencia. Y tiene la legitimidad de ejercicio que deriva de que ha sido el mismo partido que obtuvo dicho mandato, presidido por el mismo candidato que se convirtió en presidente del Gobierno, el que ha dirigido todo el proceso y el que se compromete a gestionar el resultado del 18 de septiembre.

Los ciudadanos escoceses saben por qué van a votar el 18 de septiembre: porque ellos mismos lo decidieron en unas elecciones parlamentarias, dándole mayoría absoluta a un partido con un programa independentista inequívoco. Saben también qué es lo que van a votar y cuáles van a ser las consecuencias de su decisión, aunque en esto último no puede no haber una dosis significativa de incertidumbre, ya que no hay apenas experiencia en procesos de secesión.

Quiere decirse, pues, que el referéndum escocés va a ser un referéndum limpio, que va a estar presidido desde el primer momento hasta el último por el principio de legitimación democrática. El ejercicio de democracia directa del 18 de septiembre será el sello de lo que ha sido un ejercicio impecable de la democracia representativa.

En esto último es en lo que se diferencia el proceso escocés del catalán. En Cataluña no se ha solicitado todavía a los ciudadanos en unas elecciones parlamentarias la obtención de un mandato para poner en marcha un proceso de independencia. Ha habido manifestaciones multitudinarias con reclamos independentistas, hay estudios de opinión que indican que la independencia es una opción con notable apoyo, pero no ha habido todavía un debate electoral centrado en la independencia de Cataluña, que permitiera al cuerpo electoral tomar una decisión sobre la misma.

Dicho con otras palabras: el Parlamento de Cataluña carece de la legitimidad exigible en un tema de esta naturaleza para poner en marcha un proceso independentista. Solicitar la convocatoria de un referéndum, sin tener previamente un mandato inequívoco para hacerlo, es poner la carreta delante de los bueyes. Las elecciones parlamentarias son el único elemento de legitimidad del que puede arrancar un proceso independentista en España, como en cualquier otra democracia parlamentaria europea. Un mandato claro tras un debate expreso en unas elecciones parlamentarias. Esta es la condición sine qua non para que se pueda poner en marcha un proceso de independencia.

En este terreno únicamente se puede recurrir al momento de la democracia directa una vez que se haya recorrido el camino de la democracia representativa. Para tener legitimidad para hacer la pregunta hay que haber debatido previamente en un proceso electoral y tiene que haber después un debate parlamentario a partir del resultado de las elecciones. Únicamente así se puede delimitar el objeto de la consulta que se quiere someter a referéndum. Los dirigentes políticos tienen que asumir la responsabilidad de liderar el proceso y no transferir esa responsabilidad a los ciudadanos, cuyo momento es el del punto final.

En Cataluña no se ha hecho nada de esto. En ningún momento desde la entrada en vigor de la Constitución se le ha pedido a los ciudadanos que se pronuncien sobre la independencia de España. En las últimas elecciones ha habido una propuesta en este sentido por parte de Esquerra Republicana, pero el resultado obtenido, aunque expresivo, en modo alguno avala la puesta en marcha de un proceso de independencia.

“El País”, 1 de desembre.